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Instituciones ven improcedente la demanda contra LPG

Señalan que debe haber tolerancia por parte de funcionarios a publicaciones periodísticas. También consideran que el recurso no tiene base legal para proceder.
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Representantes de fundaciones y asociaciones que velan por la libertad de prensa y expresión en el país reaccionaron ayer ante el anuncio de demanda que interpondrá el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de LA PRENSA GRÁFICA.

Para José Luis Saca, presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR); Serafín Valencia, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); y Roberto Rubio Fabián, de la Fundación Nacional Para el Desarrollo (FUNDE), no es procedente la demanda porque la información que se dio a conocer es pública.

Según el alcalde, al publicar la noticia de que la comuna adjudicó un millonario contrato en la compra de cámaras a una empresa extranjera para el proyecto de sistema de videovigilancia se daña la “buena fama y honorabilidad del concejo municipal”.

De acuerdo con Valencia, los funcionarios públicos deben estar conscientes de que “los ojos estarán puestos encima” para fiscalizar el trabajo que hacen.

El presidente de la APES expresó que es preocupante que los funcionarios recurran a este tipo de acciones para deslegitimar la información. Agregó que una demanda “no es la vía adecuada en este caso”.

“Los funcionarios deben entender que la crítica es un elemento importante y determinante dentro de la función de toda sociedad democrática”, dijo Valencia, y añadió: “La tolerancia de parte de algunos funcionarios públicos porque en los últimos meses ha habido una tendencia de ciertos funcionarios a deslegitimar información de medios de comunicación cuando no están de acuerdo con alguna publicación”.

Este tipo de actuaciones puede considerarse en un determinado momento como presiones y advertencias contra medios de comunicación y periodistas, y pueden afectar la dinámica de la investigación periodística, la denuncia y el trabajo crítico que pueden desempeñar.

Para el presidente de ASDER y de la AIR, José Luis Saca, tampoco procede la demanda en el sentido de que lo que se ha dado a conocer es información de carácter público.

Saca Jiménez, al igual que el presidente de la APES, coincide en que los funcionarios están más expuestos a la crítica.

Saca Jiménez aseguró, además, que es fundamental defender la libertad de prensa en el país, por ser un pilar fundamental de la democracia.

“Yo creo los principios que defendemos en todas las democracias son los principios a la libertad de expresión y de prensa. Es importante defenderlo siempre. En el caso que se está puntualizando (publicaciones sobre contrato para cámaras), lo que hemos visto en LA PRENSA GRÁFICA son informaciones públicas. Es decir, no hay nada que tenga algún tipo de reserva. Son informaciones públicas. Yo pensaría que no puede proceder la demanda”, expresó Saca Jiménez.

El presidente de ASDER y de la AIR reiteró que los funcionarios públicos deben entender que están expuestos al escrutinio.

“Algo que también es importante y que lo hemos visto en todos los países es que muchas veces funcionarios y personalidades, etcétera, obviamente son expuestos mayormente al escrutinio. Lo que la sociedad espera en ese sentido es que haya un nivel más de tolerancia porque tienen un nivel de exposición mayor a los demás”, expresó Saca Jiménez.

“Algo absurdo”

Para el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio Fabián, la intención de demandar a LA PRENSA GRÁFICA por parte del alcalde Bukele “es absurda”.

Según Rubio Fabián, parte de la función del periodismo hoy en día es dar a conocer cualquier acción de la administración pública en la que se pueda estar cometiendo irregularidades.

“A mi parecer es absurdo porque, incluso, esta es una información que debería ser pública según la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto no es una información confidencial. Al contrario, la labor del periodismo es dar a conocer este tipo de situaciones para justamente prevenir. Mire el resultado positivo que se ha tenido. Gracias a lo que hizo LA PRENSA GRÁFICA y a esta investigación, ahora se va a revisar este contrato donde hay varios elementos que apuntarían a que hay cosas raras; es decir, en términos de costos, llama la atención”, manifestó Rubio Fabián.

Para el representante de FUNDE no hay ninguna base legal que sustente la demanda que el alcalde Bukele y los concejales afines a él quieren interponer.

“No tiene ninguna base legal lo que están haciendo. Que gasten dinero en eso si quieren, pero no tiene ninguna viabilidad”, agregó Rubio Fabián.

Por otra parte, el director de Comunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Salvador Meléndez, ante las declaraciones del alcalde, comunicó: “La FGR no tiene competencia en participar o auditar procesos de licitación de instituciones públicas o municipalidades. Es responsabilidad de estas si sus adjudicaciones son ilegales, irregulares o lesivos a los intereses de las municipalidades y los contribuyentes, ya que las atribuciones de la FGR son investigar si en cualquier proceso de licitación publica se han cometido delitos”.

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