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Instituto impone multa máxima de 40 salarios mínimos a ministra de Vivienda por revelar información confidencial de ciudadana en Twitter

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) expuso que la ministra de Vivienda, Michelle Sol, tiene ocho días para pagar la multa, equivalente a $ 12,165.60, por revelar datos del Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) de una ciudadana. 

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Foto: Ministerio de Vivienda

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La ministra de Vivienda, Michelle Sol, deberá pagar una multa de 40 salarios mínimos equivalentes a $ 12,165.60, en un plazo máximo de ocho días, por revelar en Twitter información confidencial de una ciudadana salvadoreña, informó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 

El Instituto precisó que esta es la sanción máxima que se puede imponer en este tipo de faltas. Detalló que se encuentra tipificada el artículo 76, inciso B, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual establece como una infracción muy grave "entregar o difundir información reservada o confidencial". 

El IAIP apuntó que Sol cometió la infracción al revelar datos del Documento Único de Identidad (DUI) y del Número de Identificación Tributaria (NIT) de una usuaria del Ministerio de Vivienda, el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter. 

 

Los datos publicados correspondieron a los de una ciudadana que se manifestó durante una protesta para denunciar que el Gobierno no había cumplido con el desembolso de $ 300 que había prometido dar mensualmente a las familias afectadas por la cárcava de la residencial Santa Lucía, en Ilopango. 

El Instituto alegó que la funcionaria, aunque luego borró las publicaciones, violó el artículo 24 de la LAIP, el cual determina que los datos contenidos en documentos como el DUI y el NIT son confidenciales y no pueden ser revelados sin autorización previa. 

La resolución del IAIP también contempla que, si la Fiscalía General de la República (FGR) decide conocer el caso una vez que la disposición adquiera firmeza, puede abrir una investigación para determinar si la funcionaria cometió algún delito y si esta falta "puede encajar en algún tipo penal descrito en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos". 

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