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Intenso debate en el pleno de la CSJ por plazas y seguros

Tres magistrados de la Sala de lo Constitucional criticaron el presupuesto aprobado. Otros reaccionaron en una discusión que mostró las divisiones del pleno.

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Foto de LA PRENSA/Archivo Plenaria.  Corte Plena aprobó un presupuesto que a juicio de magistrados no está acorde con lineamientos constitucionales.

Foto de LA PRENSA/Archivo Plenaria. Corte Plena aprobó un presupuesto que a juicio de magistrados no está acorde con lineamientos constitucionales.

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostuvieron una acalorada discusión de más de dos horas antes de aprobar el presupuesto del Órgano Judicial en la sesión plenaria del pasado 31 de agosto. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, excepto el presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, y el magistrado Belarmino Jaime hicieron fuertes críticas a la composición del presupuesto. En oposición, las magistradas Doris Luz Rivas, Elsy Dueñas y María Luz Regalado junto con el magistrado Leonardo Murcia intervinieron a favor del proyecto presupuestario realizado.

Pese a que los magistrados de la Sala de lo Constitucional pidieron más tiempo para examinar el plan de gastos, porque según Sidney Blanco la información les fue entregada la mañana de la plenaria. La magistrada Rivas dijo que no se debía apresurar la votación porque existía un proceso administrativo a seguir que debía cumplirse en tiempo; posteriormente, el presidente de la Corte ordenó que se votara y el presupuesto fue aprobado por 10 votos.

Esto se pudo apreciar en los audios de la sesión de ese día de la Corte Plena de la CSJ, que este periódico tiene en su poder.

Los puntos más criticados por parte de los funcionarios fueron el aumento de 212 nuevas plazas para el próximo año (54 para el área administrativa), en su mayoría para los nuevos juzgados, y el gasto programado de más de $6 millones en los seguros médicos de los jueces, magistrados de segunda instancia, magistrados de salas y personal administrativo.

El magistrado Rodolfo González criticó que la Corte siga contratando personal cuando tiene más de 10,000 personas como empleados. Ante esto, los magistrados que apoyaron el presupuesto insistieron en que no existen los perfiles idóneos en el interior de la Corte para ser trasladados a los nuevos cargos administrativos y jurisdiccionales. Además, señalaron que los jefes de área no realizan los trámites administrativos para suprimir plazas de personas que no rinden conforme a lo esperado.

“Acá hay dos mundos: el de los administradores, que según los números todo está cubierto, y el de los jueces que no tienen los recursos mínimos para trabajar. No sé si se ha hecho de manera responsable esta labor de búsqueda, oficina por oficina; temo, con el debido respeto, que no han hecho la labor rigurosa de análisis y oficinas completas para encontrar a las personas que no están subutilizadas”, se escucha decir al magistrado Blanco, quien se unió a lo planteado por González.

Blanco también criticó que la erogación programada de más de $6 millones en seguros médicos no corresponde a lo dictado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia que declaró inconstitucional el Presupuesto de la Nación de 2017. Según el magistrado, la Sala ordenó que el gasto del seguro médico sea compartido entre beneficiario y el Estado, condición que no se cumple en el caso de las pólizas de los magistrados de salas.

El magistrado Murcia reaccionó a la afirmación de Blanco y dijo que no estaba de acuerdo con que se removiera el seguro médico dental de la póliza de magistrados de sala, sino más bien llegar a un acuerdo para que él como beneficiario pueda pagar y pudiera añadir el servicio.

La magistrada Dueñas intervino en ese momento y preguntó sobre la cuantía del seguro médico de los magistrados de 2009 (año en que ingresaron los cuatro magistrados que criticaron el proyecto), el cual es casi 10 veces mayor al aprobado para 2018.

Uno de los técnicos a cargo del presupuesto aclaró en esa sesión de Corte Plena del 31 de agosto que todos los gastos en seguros médicos y de vida se reducirían para el próximo año, excepto el seguro de la planta administrativa, el cual creció en más de $200,000.

El magistrado Florentín Meléndez fue quien más intervenciones realizó para buscar alternativas para lograr una mayor reducción en el presupuesto construido por los presidentes de las salas.

Meléndez señaló que era necesario seguir revisando gastos como compras de café, azúcar, vehículos, seguridad de los funcionarios, energía eléctrica, planes de celulares, gasto de gasolina, seguros de carros y mantenimiento de aires acondicionados.

“¿Por qué en el Órgano Judicial todo el mundo debe tener teléfono celular asignado? ¿Si cambiamos camionetas nuevas incide esto en la justicia? ¿Si en vez de tener nueve seguridad tenemos dos personas de seguridad?”, dijo Meléndez durante una intervención que duró más de 20 minutos.

Uno de los técnicos que participó de la exposición del presupuesto aclaró que para el próximo año se espera gastar $2.8 millones en nuevos vehículos, entre los que se cuentan 14 camionetas nuevas para los titulares de la Corte.

“Trato de entender el discurso del magistrado Meléndez, pero no lo comparto. Resulta ofensivo cómo él lo dice; no se ha dejado exponer el presupuesto y el proyecto y extender las razones de cómo viene y por qué”, dijo la magistrada Rivas, quien defendió la compra de camionetas señalando que la que tiene asignada “ya no sirve”.

Rompiendo la costumbre en el pleno, luego de la votación, el magistrado Meléndez tomó la palabra y dejó clara su oposición en contra del presupuesto aprobado. Durante su alocución, una magistrada, que no se logra distinguir en el audio, lo interrumpe en tono peyorativo: “Está bueno, entonces”.

Datos de la Corte muestran que entre 2013 y 2016 el Órgano Judicial no logró ejecutar más de $100 millones que le fueron adjudicados. Según técnicos de la Corte, esta cuantía acumulada corresponde en su mayoría a licitaciones declaradas desiertas.

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