Investigan abusos sexuales dentro de oficinas CCR

Una empleada de la Corte de Cuentas en Santa Ana denunció en la Fiscalía al jefe regional por violación. Tras la denuncia, el jefe solicitó permiso para ausentarse y hasta la fecha no ha regresado a sus labores.
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La Corte de Cuentas de la República (CCR) creó una comisión especial con el fin de investigar denuncias relacionadas con escándalos sexuales, entre estos un caso de violación dentro de una oficina regional, así como otras irregularidades señaladas por el sindicato.

El jefe regional de la Corte de Cuentas en Santa Ana fue denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR). Pasó, según esa denuncia, de hacer comentarios sexuales y sentarse en las piernas de las empleadas de la institución a violar a una de las secretarias en su oficina, según relató la víctima a la FGR.

“Sobre ese caso (la violación en la oficina de López Ramos) y todos los demás relacionados con eso (escándalos sexuales) y demás casos sobre irregularidades en la corte, hemos decidido crear una comisión especial con profesionales externos a la corte, con el fin de que hagan una investigación independiente y elaboren un informe sobre lo que encuentren, para que después tomemos cartas en el asunto”, dijo el magistrado presidente de la CCR, Johel Humberto Valiente.

El trabajo de la comisión le costará a la corte un total de $7,500 que pagará a los tres profesionales que ha contratado para que presenten ante los magistrados un informe de la situación el próximo 16 de mayo.

Los profesionales contratados, a quienes se les abrió un espacio en la sede central, son dos abogados y una psiquiatra que han comenzado a entrevistar a las supuestas víctimas de los escándalos sexuales y a empleados que dicen haber sido víctimas de atropellos a derechos laborales.

La supuesta víctima de violación, que decidió romper el silencio que había mantenido desde el año 2012, cuando el acusado asumió la jefatura y comenzó a acosarla, también dijo en la Fiscalía que esta situación ya era del conocimiento del magistrado presidente de la CCR, pero que este no había hecho nada para iniciar un proceso de investigación y sanción, como lo establece el artículo 31 del reglamento interno de la Corte de Cuentas.

El jefe regional de Santa Ana no es el único al que empleados de la corte han señalado de acoso sexual. En la sede central también han denunciado públicamente, aunque no a través de la Fiscalía, que otro jefe de la institución acosó sexualmente a las subalternas, mientras era el director de planificación y desarrollo institucional.

Ese empleado, de acuerdo con miembros del Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas (SITCCOR), “se expresaba vulgarmente acerca de las mujeres e incluso las abrazaba y tocaba maliciosamente”, señaló el sindicato.

Los dos empleados denunciados tienen otra cosa en común: no solo han sido señalados por escándalos sexuales, sino también de haber cometido atropellos a los derechos laborales de sus empleados e irregularidades durante su gestión. Entre los señalamientos hay gritos al personal y amenazas de traslados a cargos de menor rango en la jerarquía de la estructura organizativa de la corte y traslados hacia otras sedes regionales del país.

Al jefe de Santa Ana, además, lo señalan por obligar a una mujer, de seis meses de embarazo y que trabaja como ordenanza, a ir todos los días al mercado a comprarle fruta, medicinas, utensilios de uso personal y en algunas ocasiones realizar transacciones bancarias en sus cuentas personales. También afirman que prohibió al personal de Santa Ana llegar a las oficinas centrales en San Salvador. Y que en ocasiones no autorizó transporte institucional para entregar correspondencia.

Esas no son todas las denuncias. Entre las irregularidades, los empleados dicen que no ha sido sancionado aún porque es amigo del magistrado Valiente; y que en vez de tener un proceso abierto de investigación por todos los señalamientos tuvo un aumento salarial en marzo de este año, como lo demuestra un documento al que este periódico tuvo acceso sobre su contrato número 962 y que señala que para marzo había que pagarle $3,348.69, cuando antes ganaba un sueldo de $2,960.23.

A pesar del aumento salarial, el jefe regional no cobró su sueldo al final de marzo porque el 7 de ese mes solicitó, después de haber sido denunciado en la Fiscalía por violación, un permiso para ausentarse por 30 días argumentando “motivos personales”.

La licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril, fue aprobada por la oficina de recursos humanos, a cargo de José Ernesto Guzmán Magaña, y ratificada por la coordinadora general administrativa Yanira Hortencia Guevara.

Para que la oficina regional no quedara acéfala, el magistrado presidente Valiente autorizó que Patricia Dagmar Menjívar se instalara como jefa regional interina ad honorem mientras terminaba el permiso de ausencia. Menjívar era la jefa de equipo de la dirección de auditorías de la CCR.

El 5 de abril, cuando caducó el permiso de ausencia, el empleado acusado no se presentó en la oficina regional para retomar sus labores. Tampoco se presentó a las oficinas centrales para ponerse a las órdenes de los magistrados de la corte. De hecho, hasta el 8 de abril (la última vez que este periódico consultó para tener su versión acerca de los señalamientos en su contra) tampoco se había presentado a ninguna de las oficinas.

Estas denuncias se unen a las irregularidades ya denunciadas y demandas ante la Fiscalía, el Tribunal de Servicio Civil y ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por retención de salarios y traslados arbitrarios de empleados a puestos de menor jerarquía. Esas demandas han sido en contra de los tres magistrados titulares de la CCR, quienes además tienen una demanda porque su nombramiento podría ser inconstitucional.

Tags:

  • corte de cuentas
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