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Irregularidades en construcción del penal de Izalco

Pagos indebidos y modificaciones injustificadas del contrato para la construcción de las fases II y III del penal de Izalco son algunas de las irregularidades por las que la CCR condenó al exdirector Douglas Moreno.
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El ex director general de Centros Penales Douglas Moreno fue condenado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a pagar una multa de $1,692.29, por las modificaciones en el contrato para la ejecución de la construcción de la fase III del penal de Izalco, en Sonsonate, que se hicieron bajo su administración, entre 2009 y 2012.

Moreno es una de las ocho personas multadas por la Cámara Primera de Primera Instancia de la CCR que concluyó, después de un juicio de cuentas, que hubo varias modificaciones a los contratos para la ejecución de la construcción de las fases II y III del penal y que la Dirección de Ingeniería de Centros Penales no las justificó oportunamente.

La cámara también señaló que hubo pagos anticipados a las constructoras contratadas, a pesar de que un supervisor externo advirtió por escrito, desde el inicio del proyecto, que “los planos constructivos tenían deficiencias”, según consta en la sentencia firmada y notificada a las ocho personas condenas el pasado 11 de agosto.

El exdirector Moreno es el único alto mando sancionado por las irregularidades encontradas. Las otras siete personas condenadas son directores y administradores del proyecto, quienes también tendrán que pagar diferentes multas, según su grado de responsabilidad en la comisión de las irregularidades encontradas por la Corte de Cuentas.

El monto total de las multas impuestas por la cámara a los funcionarios asciende a $21,077.62, que tendrán que pagar a la Tesorería de la Dirección de Centros Penales. De ese monto, $9,025.41 tendrán que ser enviados por esa tesorería al Fondo General de la Nación, ya que es la suma de las multas administrativas. Lo restante ($12,052.21) quedará en Centros Penales, porque fue lo que perdió de su patrimonio por pagos indebidos.

Se intentó tener la reacción de Moreno, pero este no contestó a su móvil en varios intentos realizados. Pero antes de ser condenado, Moreno explicó a la cámara que su función como director general de Penales no tenía injerencia en las decisiones técnicas que los ingenieros tomaron para hacer las modificaciones al contrato, después de que varios estudios revelaron que las condiciones del suelo no eran las adecuadas para soportar la infraestructura que había sido diseñada.

“Mis funciones como director general de Centros Penales están contempladas en la Ley Penitenciaria y dentro de ella no se incluye la realización de funciones técnicas operativas para la ejecución de obras de infraestructura”, dijo Moreno a la cámara para evitar ser condenado. No obstante, la cámara argumentó que fue condenado porque las decisiones de avalar las modificaciones al contrato “estaban vinculadas de alguna manera” a la Dirección de Penales.

La cámara también señaló que la serie de modificaciones al contrato provocó reclamos de las constructoras CPK Consultores S. A. de C. V., contratada para la construcción de la fase II, y TERRACOSAL S. A. de C. V., contratada para la construcción de la fase III.

De acuerdo con la cámara, las empresas no solo hicieron reclamos sino que terminaron abandonando el proyecto, tras el incumplimiento de funciones por parte de Centros Penales, administrador del contrato.

Según la sentencia, los ingenieros de Centros Penales tuvieron que modificar el contrato porque el suelo era inadecuado para soportar la infraestructura, cancelaron la construcción de una cancha y modificaron el diseño de la construcción de algunas paredes de los edificios de celdas y muros perimetrales, porque la calidad de ladrillos comprados era inferior a la planificada, según lo revelaron estudios a los que Centros Penales prestó atención hasta que la obra ya había comenzado a construirse. A pesar de que el rediseño era necesario, no fue debidamente justificado e irrespetó el contrato suscrito con las empresas constructoras.

Por estas irregularidades, el director ejecutivo de Centros Penales, Mario Ernesto Gómez Mejía, fue condenado a pagar $1,820. También fueron condenados los directores de Ingeniería Héctor René Auerbach ($1,568) y Jorge Alberto Arriaza ($795.12). De la misma forma los administradores del proyecto, Antonio Martínez, por $1,000; César Figueroa, por $1,040; Rodas Aníbal Hernández Villatoro, por $555; y César Yoalmo Cabezas Torres por $555.

La cámara, además de imponer esas multas por responsabilidades administrativas, condenó por la responsabilidad patrimonial a Jorge Alberto Arriaza, Rodas Aníbal Hernández Villatoro y César Yoalmo Cabezas Torres a pagar, en conjunto, $12,052.21.

Después de que el proyecto fue abandonado en 2012, las autoridades penitenciarias actuales lo retomaron este año y prometieron que en diciembre estarán construidas e inauguradas las fases II y III del penal de Izalco.

“Las instalaciones del penal de Izalco, en sus fases II y III, serán las más modernas de toda Centroamérica”, dijo recientemente el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.


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