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Jefa de auditoría de Corte de Cuentas de la República vendió libros a alcaldía que auditaba

La jefa del grupo de auditores que investiga a la Alcaldía de Apopa, por presunta corrupción en un contrato con MIDES, vendió 20 libros de su autoría a esa municipalidad. Ella alegó que solo se trató “de un caso aislado”, pero fue removida del cargo.
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Isabel Cristina Laínez, autora del libro cristiano “La ventana de Dios y testimonios del poder de Dios”, vendió 20 de sus libros a la Alcaldía de Apopa, por $140, que fueron pagados con dinero público y sacados de la caja chica de la municipalidad. La autora de literatura cristiana, que en ese momento era la jefa de la Dirección de Auditoría 3 de la Corte de Cuentas de la República (CCR), vendió sus libros a la alcaldía cuando su oficina estaba realizando un examen especial por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre la comuna con la empresa MIDES, durante el periodo 2017, para la recolección de la basura del municipio.

Aunque los 20 libros fueron pagados con dinero público, es decir, que salió de los impuestos de los habitantes de Apopa, quien los solicitó fue el auditor interno de la municipalidad. En otras palabras, el cliente directo de Isabel fue una persona que estaba enterada de toda la información contable de la alcaldía.

El libro, según explicó ella misma cuando lo presentó, “narra todos los sufrimientos que pasamos y cómo Dios nos sacó adelante”.

“En fecha 4 de octubre de 2017, el auditor interno del municipio solicitó la adquisición de 20 libros, los que vendí a un costo de $7 cada uno, haciendo un monto total de $140, por lo cual emití los correspondientes recibos. Este es un caso aislado o eventual debido a que en ningún momento he sido proveedora permanente de la municipalidad”, argumentó Isabel, para defenderse de una denuncia que llegó en su contra hasta la oficina de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas, por la venta de los libros mientras auditaba a la municipalidad.

A Laínez no le pareció que la venta de su producto le generara algún conflicto de intereses si en determinado momento, tras finalizar el examen especial, hubiera tenido que señalar irregularidades.

Obvio

El encargado de Participación Ciudadana de la CCR, Salvador Molina, también vio normal que Laínez vendiera libros a la Alcaldía de Apopa. No le pareció irregular que la alcaldía se convirtiera en cliente de la jefa de auditores de la CCR. Así que rechazó la denuncia y la mandó al archivo bajo el argumento de que eso “no reñía con sus funciones”.

Laínez y Molina ignoraron que las Normas de Auditoría Gubernamental, en su artículo 20, ordenan a auditores evitar cualquier situación que cuestione la independencia e imparcialidad en sus auditorías. También pasaron por alto que la Ley de Ética Gubernamental define como conflicto de intereses a todas “aquellas acciones en que el interés personal del servidor público entra en pugna con el interés público”.

Ante estas irregularidades, los tres magistrados de la Corte de Cuentas revisaron y discutieron el caso en abril pasado. La presidenta Carmen Elena Rivas y la primera magistrada María del Carmen Martínez Barahona coincidieron en que ambos funcionarios, es decir, la jefa de auditores y el jefe de Participación, habían violado la ética y las normas de auditoría.

Según el acuerdo de remoción, la acción de Laínez es agravada porque su función como jefa auditora era vigilar que las instituciones no utilicen sus recursos para beneficiar a una persona o a una empresa. La funcionaria, al recibir los $140 que provenían de los fondos de la alcaldía, transgredió el artículo 5 de la Ley de Ética, que dice que “los fondos públicos deben utilizarse únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales fueron destinados”. LA PRENSA GRÁFICA buscó a la alcaldía para tener su versión sobre la compra y sobre el uso de los libros, pero los empleados consultados dijeron que no sabían nada al respecto.

El pasado 3 de mayo, las titulares de la CCR decidieron, por mayoría, dar por terminado el contrato de Laínez, notificar la decisión ante un juzgado de lo Civil y enviar la denuncia al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). En cuanto a Molina, decidieron trasladarlo de la jefatura de Participación Ciudadana a encargado de la biblioteca. Según el acuerdo, “una vez descubierto el caso, generó la pérdida de confianza”.

El segundo magistrado, Roberto Anzora, aunque también discutió el caso, se abstuvo de firmar porque no estuvo de acuerdo con el criterio de sus colegas.

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