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Jueces antimafia piden reforma legal para regular cantidad de imputados

Juzgadores opinan que casos como Operación Cuscatlán, con 425 imputados, causan errores en resoluciones. Señalan que procesos numerosos provocan ilegalidades o violaciones de derechos de imputados.

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Histórico. El caso conocido como Operación Cuscatlán pasó a la historia judicial de El Salvador como el más numeroso contra una pandilla: 425 acusados, 373 de ellos condenados a penas entre cuatro y 74 años y 52 absueltos de delitos.

Histórico. El caso conocido como Operación Cuscatlán pasó a la historia judicial de El Salvador como el más numeroso contra una pandilla: 425 acusados, 373 de ellos condenados a penas entre cuatro y 74 años y 52 absueltos de delitos.

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No deben existir más procesos con tantos imputados como el denominado Operación Cuscatlán, donde 425 acusados llegaron a la etapa de sentencia. Eso consideran dos jueces especializados de San Salvador, que son los encargados de llevar los casos contra el crimen organizado, por lo que alistan una petición a la Asamblea de reforma legal para regular la magnitud de las causas penales.

Dos jueces anti crimen organizado explicaron que desde el 2009 la Fiscalía General de la República (FGR) empezó a presentar investigaciones que involucran a varios imputados. Opinaron que eso dificulta el trabajo de los juzgados.

Un juzgador detalló que el alto número de procesados y la complejidad de las investigaciones provocan que la FGR o los jueces pasen desapercibidas "cosas importantes". Un ejemplo de eso surgió en Operación Cuscatlán, donde el juez llamó la atención a los fiscales porque no procesaron a los políticos y exfuncionarios que aparecen en negociaciones con la Mara Salvatrucha (MS-13).

Operación Cuscatlán, que inició en febrero de 2018, es el proceso más grande en la historia judicial de El Salvador: 425 acusados en juicio, 373 de ellos condenados y 52 absueltos. Hay otros casos como Operación Tecana, que tuvo 67 imputados en el juicio a cargo del Juzgado Especializado de Sentencia de Occidente, en 2019; y Operación Jaque, con 85 procesados en el Juzgado Especializado de Sentencia C, en 2018.

"La cantidad de imputados se está exacerbando por proceso (...) Yo creo que es algo que debe racionalizarse, ser proporcional. No podemos estar creando más juzgados a cada rato, más personal, porque implica más presupuesto. De ahí que nosotros, en forma conjunta, hemos estado platicando qué se puede hacer", dijo un juez, que pidió no publicar su identidad.

Los jueces señalaron que trabajan una propuesta de reforma a la ley que la Asamblea creó en 2006 con el propósito de atacar el crimen organizado. Así nacieron los juzgados especializados. Los aplicadores de justicia dijeron que buscan que los diputados establezcan un mecanismo para que todas las instituciones involucradas en los procesos judiciales se organicen mejor.

Hasta la fecha, cada juzgado antimafia tiene sus métodos para llevar los procesos grandes. Esas técnicas no están reguladas en la legislación y los juzgadores pueden caer, sin querer, en "arbitrariedades", agregó el juez.

Una propuesta que tienen los jueces es que la Fiscalía priorice las acusaciones contra personas. Creen que la FGR presenta varios procesos, en distintos juzgados, contra los mismos imputados por cosas repetidas. Le sugieren que aglutine las acusaciones contra cada procesado y que no lleve a tribunales causas sin pruebas.

"Aquí vienen con un testigo un montón de casos. No los fraccionan cuando pueden fraccionarlos. Y es mejor para todos (fraccionar acusaciones). En los casos grandes uno se equivoca, como ser humano. Hacemos un esfuerzo sobrehumano", dijo otro juez que también pidió el anonimato.

Los procesos numerosos no solo afectan a los juzgados, sino también a las cámaras, la PNC, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y demás instituciones involucradas en el aparataje judicial. Por eso los jueces creen que la prisión provisional debe utilizarse solo para los casos en que sea necesaria.

El juzgador aseguró que los diputados deberían modificar los plazos que da la ley para dictar resoluciones.

Luego de que la Fiscalía presenta una acusación, los tribunales especializados tienen 72 horas para resolver las medidas con que los imputados van a la etapa de ampliación de pruebas, llamada instrucción. Es un plazo insuficiente para resolver casos con más de 100 acusados, opinaron.

Otros plazos que criticaron son los seis meses para finalizar las investigaciones (puede extenderse máximo a un año) y los 24 meses de prisión provisional. Consideran que esos periodos no son suficientes para que los juzgados finalicen, sin cometer errores, procesos grandes como la Operación Cuscatlán.

En julio de 2018, la Asamblea hizo una reforma para que los juzgados especializados no vieran más casos homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión; sino solo crimen organizado. Los jueces propusieron a los diputados que incluyeran las modificaciones de los plazos legales, pero lo ignoraron. "¿Es bueno lo que estamos haciendo? No, no es bueno. Podemos caer en ilegalidad; estamos cayendo en violaciones de derechos fundamentales", finalizó el juez.


Algunas propuestas de jueces 

Los juzgados especializados buscan que la Asamblea Legislativa regule la cantidad de imputados en un caso. 

Fiscalía tiene que priorizar imputados
Los jueces solicitan a la Fiscalía que priorice las acusaciones para los imputados contra quienes sí tengan pruebas, así se evitarían saturar procesos con pruebas débiles. También le piden que divida las acusaciones. 

No repetir pruebas en distintos casos
Fiscalía debe evitar acusar a la misma persona en diferentes juzgados: el  sistema judicial se llena de casos contra los mismos imputados. Agregado a eso, según los jueces, la FGR presenta 
pruebas repetidas en casos.

Ampliar plazos para resoluciones
Jueces opinan que  plazos  para  causas de crimen organizado no son acordes a los documentos que deben analizar. Piden más de  72 horas tras capturas, de seis meses de instrucción y de dos años de prisión provisional.

Usar menos prisión provisional
Los juzgadores son conscientes de que en ocasiones pueden abusar de la prisión provisional. Dicen que es una tarea pendiente de los juzgados utilizar menos la prisión contra imputados no peligrosos.

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