Jueces de cabeceras podrían conocer sobre crimen organizado

Corte Plena acordó anular la jurisdicción especializada y promover una reforma de ley. El acuerdo todavía está en redacción y será trasladado a los jueces en los próximos días.
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Presentan reforma. Magistrados ya presentaron algunos puntos de la reforma acordada en Corte Plena a la Asamblea Legislativa. Según la magistrada Rivas, los parlamentarios se mostraron abiertos a estudiar la reforma.

Presentan reforma. Magistrados ya presentaron algunos puntos de la reforma acordada en Corte Plena a la Asamblea Legislativa. Según la magistrada Rivas, los parlamentarios se mostraron abiertos a estudiar la reforma.

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Doris Luz Rivas, magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó que, entre el pliego de proyectos de reformas que se están promoviendo en la Asamblea Legislativa, la Corte está solicitando que a los jueces de Instrucción y Sentencia de las cabeceras departamentales se les adjudique la responsabilidad legal para poder conocer sobre los casos de crimen organizado que se ventilan en los tribunales especializados desde la reforma de 2007, los cuales fueron suprimidos recientemente por acuerdo del pleno de la Corte.

Rivas afirmó que la posibilidad de esta reforma ha sido estudiada durante más de un año por la comisión de jueces y la comisión de modernización del Órgano Judicial, y que, además, su entrada en vigor “depende en este momento de la Asamblea Legislativa”, pues la CSJ le ha solicitado que modifique algunos puntos del Código Penal y del Código Procesal Penal para poder realizar los movimientos administrativos necesarios luego de la suspensión de los juzgados especializados.

“Se tienen que modificar, por ejemplo, la definición del delito de crimen organizado; que el proceso que tiene esta ley (crimen organizado) se incorpore dentro del Código Procesal Penal como un proceso especial”, dijo la funcionaria.

La Corte Plena decidió el 14 de febrero pasado suprimir los juzgados especializados en materia penal en todo el país, los cuales funcionan desde 2007 con el fin de aplicar la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. Se trata de tribunales que se encargaban de recibir los casos de homicidio, secuestro y extorsión que fueran cometidos por dos o más personas en perjuicio de más de dos víctimas, o casos considerados de alarma o conmoción social.

Rivas explicó que los jueces especializados todavía no han sido notificados sobre esa supresión porque el acuerdo todavía está en la etapa de redacción previo a enviarlo a la Asamblea Legislativa y ser distribuido entre los empleados judiciales.

El acuerdo de reforma se tomó en el pleno de la CSJ bajo los argumentos de que la jurisdicción especializada estaba saturada de casos y, por lo tanto, juzgados “ordinarios” estaban ya conociendo a diario de casos de crímenes organizados, por lo que se evidenciaba que no era necesaria una jurisdicción especializada en este tipo de expedientes.

Los magistrados consideraron que las suplencias de los juzgados especializados se distribuyen a jueces con preparación para jurisdicciones comunes, los cuales, a criterio de los magistrados, se han desempeñado de buena manera.

El fiscal general, Douglas Meléndez, se refirió recientemente a las condenas por actos de corrupción de tres jueces especializados, luego de que se comprobó que favorecieron a estructuras criminales en conjunto con una extensa red de funcionarios públicos, entre los que figuran algunos fiscales, empleados municipales y abogados litigantes.

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