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Jueces reclaman por la declaratoria de emergencia en penales

Jueces y magistrados en materia penal alegan que la emergencia decretada en las cárceles les afecta en su labor. Aseguran que han tenido que suspender más de 300 diligencias judiciales, lo que podría violar derechos fundamentales.

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Petición.  Jueces y magistrados piden más información sobre traslado de reos de centros penales.

Petición. Jueces y magistrados piden más información sobre traslado de reos de centros penales.

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Ilegalidad, afectación en diligencias judiciales, trato no igualitario para los reos, poca información sobre traslados y ubicación de internos, propósito de deslegitimar la labor jurisdiccional y riesgo de vencimiento a la detención provisional son algunas de las razones porque las que jueces y magistrados se pronunciaron ayer contra la declaratoria de emergencia en centros penitenciarios decretada por el Ejecutivo.

Los jueces, que se reunieron de emergencia, le plantearon sus reclamos en una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda. En el escrito le pidieron que "interceda ante las autoridades correspondientes" para encontrar una solución a la problemática.

Según el documento, la declaratoria de emergencia en los centros penitenciarios (que implica encierro total en las celdas, suspensión de visitas y bloqueo de comunicaciones) se mantiene a pesar de que algunos jueces de Vigilancia Penitenciaria solo han avalado la medida parcialmente. Contrario a lo que establece el artículo 24 de la Ley Penitenciaria.

La jueza Segunda de Vigilancia Penitenciaria revirtió la emergencia en Cárcel de Mujeres por considerar que la Dirección General de Centros Penales no le pudo justificar la suspensión de derechos de las internas en ese centro de reclusión.

Además, los jueces consideran que la emergencia en las prisiones no deben exceder el límite máximo de 15 días. Sin embargo, el Gobierno ha planteado que la medida es de tipo indefinido.

Esas dos condiciones hacen que la declaratoria, de acuerdo con el escrito de los jueces y magistrados, pueda considerarse ilegal.

Otro de los reclamos de los impartidores de justicia es que "no se ha diferenciado el estado de emergencia entre los reos comunes y los vinculados a crimen organizado, ni tampoco entre los distintos centros penales con diferente clasificación en el tratamiento penitenciario, lo que puede originar violaciones a derechos fundamentales en forma indiscriminada".

El 21 de junio pasado, la Dirección General de Centros Penales anunció que había decidido decretar el estado de emergencia en todos los centros penitenciarios del país como parte del Plan Control Territorial anunciado por el presidente Nayib Bukele.

Con la medida, según las autoridades, se busca evitar que los cabecillas de pandillas recluidos en las prisiones pueden ordenar crímenes, como extorsiones y homicidios de particulares y de policías y militares.

Suspensión de audiencias

La Dirección de Seguridad Judicial de la CSJ da cuenta, según los jueces, que entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2019 se han frustrado 369 diligencias judiciales (juicios, audiencias preliminares, anticipos de pruebas y otras). Un bloqueo que ha afectado a 504 reos.

Además de esas afectaciones, los jueces explican que también se han visto suspendidas las audiencias virtuales que realizan por videoconferencia "por denegatorias de extraer a los internos de los recintos y conducirlos a las salas correspondientes".

“Existe información tergiversada sobre los fundamentos de las declaratorias de emergencia (en los penales). Se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional”.
Posición de jueces y magistrados  en materia penal

Otra de las afectaciones es la imposibilidad de notificar a los acusados detenidos, para que ejerzan sus derechos, así como para que inicien los plazos para impugnar sus resoluciones y que estas queden firmes.

Debido a la suspensión del trabajo judicial, los jueces consideran que existe un riesgo de vencimientos del límite de la detención provisional, lo que puede terminar en que se deba poner en libertad a algunos imputados.

La carta que los jueces enviaron al presidente de la CSJ también plantea que hay problemas con el funcionamiento del Sistema de Información Penitenciaria, pues no está actualizado. La falta de esa información, a su criterio, también conlleva el riesgo de cometer "detenciones ilegales por plazos vencidos o no ejecución de órdenes de libertad".

Los jueces y magistrados además se quejan de que las autoridades no les han informado sobre el traslado de los internos y del manejo mediático que han hecho de la medida. "Se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional", rematan.

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