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Jueces se oponen a grupos civiles armados

Jueces y políticos consideran que armar a la población podría ser contraproducente e incluso aumentar homicidios. Jueces dicen que si, de todas formas, se entregan armas a la población el Estado debe evaluar el perfil de los autorizados a portarlas.
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La idea del Gobierno de entregar armas de fuego a las personas que integren los comités ciudadanos para defender sus colonias, barrios o cantones de pandillas y otras estructuras criminales no termina de convencer a magistrados, jueces, analistas y políticos, quienes coinciden en que “es un tema complicado” y en que se debe debatir si eso provocará que los delincuentes tengan un mayor acceso a las armas.

Además, consideran que se debe discutir si armar a la población podría provocar un alza de homicidios motivados por otras razones, como intolerancia, que no están relacionadas con el crimen organizado.

El magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es otro de los que sugiere un amplio debate antes de decidir entregar armas a la población, argumentando que ya hay casos de homicidios por intolerancia que nada tienen que ver con pandillas.

“Ha habido ciudadanos asesinados por un vecino de al lado que se pelean por un estacionamiento en una colonia; aquí ha habido ciudadanos asesinados que en un semáforo se topan dos carros y todo mundo esperaría que se van a bajar a conversar y a definir si el seguro va a pagar o el causante del accidente va a pagarle al que resultó perjudicado, y a lo que se baja uno es a matar al otro”, dijo González en la entrevista matutina “República”.

González agregó que la mayoría de homicidios son cometidos con armas de fuego y que una explicación a eso es que en el país hay demasiadas armas. Además desestimó el argumento de que las armas defienden a los ciudadanos diciendo que portar un arma también podría ser motivo para ser asesinados.

En marzo pasado fueron cometidos 626 homicidios en todo el país, 489 de estos con arma de fuego, lo que representa un 78 %, según datos del Instituto de Medicina Legal (IML).

“Si un ladrón prevé que en mi casa yo puedo estar armado y tendré el derecho legítimo a expulsarlo a balazos o incluso a matarlo si se mete a mi casa, lo pensará dos veces antes de meterse, ese discurso es el que se suele decir como para mencionar que no le impidan al ciudadano a que se arme; pero también puede ser que el ladrón sabiendo o presumiendo que yo estoy armado, lo primero que hará es buscar matarme y después va a intentar robarme, entonces, es un debate”, comentó.

El magistrado explicó que el Estado no está autorizado a impedirle a sus ciudadanos que tengan armas, pero insistió en que los países que han sido permisivos excesivamente “han tenido un aumento en el índice de muertes violentas” y agregó que “eso es lo que nadie quiere, por eso hay que debatirlo”.

Por su parte, el magistrado Sergio Luis Rivera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, también cree que armar a la población podría ser peligroso y que, si se hace, se deben plantear antes las reglas.

“Esto no podría ser una opción masificada porque eso puede convertirse en un caldo para más violencia; en primer lugar tendríamos que ver bajo qué parámetros y a qué personas. Eso implica que el Estado debe hacer una adecuada selección del perfil de quiénes podrían tener las armas”, opinó Rivera.

El juez Cuarto de Instrucción Élmer Chavarría coincidió en que puede ser peligroso entregar armas y también dijo que el Estado debe evaluar a quiénes les concedería el permiso de portarlas.

“Lo que se debe hacer es definir bien a quiénes se les entregarían armas, porque puede ser muy peligroso entregarle a cualquiera, y la cosa sería organizar a la comunidad para que capture a los delincuentes y los entregue a las autoridades y no matarlos”, opinó.

La magistrada de lo Penal Ana Victoria de Blanco considera que entregar armas a la población “es algo de doble filo: por un lado la colonia se puede organizar y defender su territorio, pero ¿qué tal si las personas se aprovechan de esta situación y hacen otras cosas que la ley les prohíbe?”

Según el juez de Paz de La Libertad, quien pidió no publicar su nombre, entregar armas a la población “va en contra de la seguridad porque entre más gente armada exista, menor seguridad hay”. Asimismo, opinó que en el país debe crearse una política de restricción de armas.

La idea de armar comités ciudadanos de defensa la barajó esta semana el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien aclaró que debe discutirse, pero habló de cómo en los 100 municipios con menores índices delincuenciales del país podrían implementarse los comités.

“En aquellos, más o menos, 100 municipios donde la criminalidad es muy baja, es necesario establecer un cordón sanitario, una barrera que no permita que estos criminales de pandillas que están siendo perseguidos y acosados en las grandes ciudades se desplacen y nos contaminen la ruralidad en estos 100 municipios donde la criminalidad es muy baja”, explicó Chicas, quien agregó que con una iniciativa de ley se podría permitir que el Estado pueda dotar de armas de fuego a esos “grupos cívicos”.

Discusión legislativa

Además de los magistrados y los jueces, tres diputados de la comisión legislativa de seguridad dijeron que están en desacuerdo con armar a los representantes de los comités ciudadanos.

“Lo más seguro es que sean comités ciudadanos sin armas. En eso nosotros estamos convencidos de que no podemos trascender a esa dinámica. Generaría más dificultades de las que tenemos en este momento”, explicó el diputado Misael Mejía, del FMLN.

El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, dijo que ve innecesario armar a la población. “Y más que todo populista, porque lo que necesitamos es que la autoridad se empodere en el control territorial y con la filosofía de la Policía Comunitaria ingresamos en la Policía Comunitaria; pero ¿armar a la población? ¡Que Dios nos agarre confesados, porque aquí sí puede suceder cualquier cosa!”, opinó Vargas.

Para el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, lo que se debe hacer es reforzar a la Policía Comunitaria para retomar el control de los territorios.

El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria (CAMARASAL) Luis Cardenal advirtió, por su parte, que la propuesta de dar a las comunidades facultades para proteger a sus habitantes, y posiblemente dar armas, podría desviarse hacia una actividad con beneficio partidario.

Cardenal recordó que la esencia de esta propuesta ya había surgido en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que surgió como parte de los Acuerdos de Paz de 1992, pero que no hubo suficiente apoyo para poder ejecutarlo.

“El Estado está pensando que van a armar a los de ellos. No van a armar a los que piensan diferente. Si uno es mal pensado, se va pareciendo mucho a los grupos de defensa del chavismo en Venezuela”, mencionó Cardenal, en referencia a colectivos armados que operan en la nación suramericana con el apoyo de las autoridades y una dura crítica desde la oposición política. “Hay civiles armados que defienden la revolución pero que matan gente en las manifestaciones”, insistió Cardenal.

El empresario relacionó a estos grupos con casos como los comités de defensa que activaron los miembros del Partido Sandinista en Nicaragua. Estas iniciativas, al mismo tiempo, estaban inspiradas en los comités de defensa de la Revolución, en Cuba. En ambos casos, las funciones de estos colectivos han cambiado. Cardenal incluso mencionó el antecedente de la Policía Comunitaria. “No funcionó muy bien y los índices de delincuencia se dispararon”, opinó.

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