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Jueces y fiscales llevan ADN de impunidad en su sangre”

El ombudsman salvadoreño dijo que el sistema de justicia favorece a los criminales en lugar de las víctimas, en casos de masacres durante la guerra.
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El abogado de profesión David Morales concluye su período al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en agosto próximo. Confirmó que va por la reelección y que espera continuar “defendiendo a las víctimas” y reprochando al Gobierno la “deuda histórica” que tiene con estas personas.

¿Qué aspectos dentro de la PDDH se lograron fortalecer en estos tres años?

Mi gestión se caracterizó por su énfasis en población en situación de vulnerabilidad, que están sufriendo violencia y discriminación. Además, hubo una enorme limpieza administrativa financiera. Se logró un aproximado de 52 proyectos internacionales de apoyo que en conjunto suman más de $1 millón. Pero aun así, no niego que hemos tenido problemas y que los recursos son limitados.

¿Piensa en la reelección?

He tomado la decisión de reelegirme. Inscribí mi postulación el 8 de junio y voy a participar desde mi condición de ciudadano, como un postulante más, sin ningún tipo de influencia en el proceso.

¿Qué les diría a sus detractores?

Respeto la libertad de opinión y de crítica, pero he identificado algunos señalamientos falsos para deslegitimar a la institución en redes sociales. Estos parecen más bien desestabilizadores cibernéticos con intenciones políticas. Como procurador evito entrar en confrontación.

¿Hay motivos para que se le califique como “agitador” y “activista”?

Existen niveles altos de desinformación en donde se ha vendido la idea que la labor de defender los Derechos Humanos significa defender delincuentes. Todo lo contrario, nuestra prioridad son aquellas personas que recibieron abuso de parte del Gobierno o de las pandillas. A todos hay que darles respuesta y no faltaré a mi deber.

En el tema de violencia, ¿cree que la política de seguridad está dando resultados?

Estamos viviendo una coyuntura positiva. Las medidas extraordinarias están dando resultado. Ahora hay que estar muy atentos que no se vayan a dar abusos. El Estado no puede ser igual o peor que el criminal.

¿Considera que las medidas extraordinarias son otro experimento “manodurista” ejecutado hoy desde la izquierda?

Yo he sido un firme crítico del manodurismo, pero no puedo considerar que lo que ha pasado es totalmente bueno o malo. Creo que en el fondo seguimos repitiendo la lógica de la persecución como lo prioritario, aunque no se ha dado la misma situación como en los años 2000.

¿Qué ha pasado con los casos de ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la PDDH, ocurridas el año pasado en la finca San Blas y en el cantón Pajales?

Hablé con el fiscal general y estamos a la espera de qué se puede hacer. Hasta hoy no he sido notificado de avances. Además, según nuestro recuento hay 39 expedientes abiertos en la Procuraduría, con un total aproximado de 140 personas fallecidas en casos similares.

¿Tienen reportes de supuestas torturas realizadas por agentes policiales contra pandilleros y casos de capturas arbitrarias?

Tenemos numerosas denuncias sobre esto. El promedio histórico de la PDDH es que del total de denuncias recibidas el 40 % es contra actuaciones de miembros de la Policía. En 2015 se cerró con 62 % de denuncias de este tipo. La mayoría de casos son por malos tratos y por presuntas detenciones arbitrarias que al final no son investigadas.

Sus críticos lo acusan de “antimilitarista” en el tema de masacres durante la guerra. ¿Cómo valora estas interpretaciones?

En ningún momento mi posición es antimilitarista. Yo no hago acusación institucional a la Fuerza Armada. Lo único que pido es mayor voluntad para abrir sus archivos y colaborar con la justicia. Mi posición es a favor del compromiso de los Acuerdos de Paz, el de llevar adelante juicios ejemplares contra ambos bandos. Sobre esto, aunque no tenga conexión directa, adelanto que daré un informe sobre el asesinato del poeta Roque Dalton. Estoy por dictar la resolución correspondiente.

Sobre el caso jesuitas, ¿si la Corte rechaza la petición de extradición, sería esto un acto más de impunidad para el país?

No estamos hablando de un error militar como algunos lo llaman. Este es un gravísimo crimen y es obligación del Estado empujar la justicia, pero cuando el Estado lo que hace es sostener la impunidad, tenemos una perversión del Estado de derecho. La Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones ha intervenido para favorecer la injusticia. Considero que es momento de rectificar.

¿Ve probable una posible derogación de la Ley de Amnistía y una reapertura de los casos de parte de la Fiscalía?

La Ley de Amnistía es una ley perversa. Desde 2000 la sala declaró que no tiene efectos en delitos de lesa humanidad. Pero a 16 años no se ha hecho nada. Esta no es una posición jurídica sino una posición política de parte de los operadores de justicia. Parecería que en el país los jueces y los fiscales llevan el ADN de la impunidad en su sangre cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

¿Tras 24 años de paz, el país goza de un Estado de derecho real?

Hemos evolucionado. Las leyes han avanzado para proteger los Derechos Humanos. No obstante, estamos enfrentando problemas graves, ante los cuales solo la unidad nacional nos puede llevar a superarlos desde la paz y la democracia.

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