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Juez a la espera de decisión FGR en caso chaparral

La Fiscalía se ha retrasado en los peritajes porque, según el fiscal actual, el caso fue archivado en gestión anterior y porque las verificaciones son complejas y exhaustivas.
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Tras las supuestas irregularidades cometidas en la administración y ejecución del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, en 2012, todavía no hay un proceso judicial ni una acusación formal en contra de nadie por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Eduardo Rodríguez, juez de Paz de San Luis La Reina, en San Miguel, donde está ubicado el proyecto, señala que los actos urgentes de verificación del proyecto, realizados por los expertos contratados por la Fiscalía, han avanzado muy poco desde 2014.

“En el caso no hay un proceso judicial, todavía no. La equivocación de mucha gente y de los medios de comunicación es que están creyendo que hay un proceso judicial y definitivamente no hay ningún expediente, no tenemos contención de partes acreditadas y por lo tanto tampoco hay un expediente”, declaró Rodríguez, quien además afirmó que llegó al Juzgado de Paz del municipio de San Luis La Reina en diciembre de 2015 y que desde entonces ha conocido las diligencias que la Fiscalía comenzó a realizar desde 2014, pero que todavía no han finalizado.

Según el juez, el rol del tribunal, bajo la responsabilidad del titular anterior y del actual, ha sido únicamente la de resguardar los resultados de los peritajes realizados por la Fiscalía.

Esos peritajes comenzaron a realizarse desde marzo de 2014, cuando la Fiscalía solicitó una audiencia especial para juramentar a los peritos. En esa audiencia también quedó por escrito que iban a realizarse 28 actos urgentes de verificación en el proyecto.

Esos 28 puntos de pericia, según Rodríguez, tienen que ver con la revisión de valúos, verificaciones de las obras que ya habían sido construidas, verificación de los objetos y maquinaria abandonada por la constructora Astaldi, hacer pruebas geotérmicas y verificación del suelo.

De acuerdo con el juez, el detalle de algunos de los resultados que ya fueron presentados por la Fiscalía tiene reserva y no puede ser consultado ni difundido públicamente.

“La Fiscalía mencionó que temía que al darse a conocer los peritajes y al darse cuenta las empresas involucradas de que había indicios de que se cometieron delitos, pudiesen evadir la acción de la justicia. Por eso es que no se pueden revelar los actos urgentes. Partiendo de ello se decretó una reserva”, recordó el juez Rodríguez.

Para tener los resultados finales de los peritajes la Fiscalía no se casó con una fecha; sin embargo, los denominó “urgentes”, porque supuestamente eran procedimientos que tenían que realizarse lo más pronto posible.

Según el juez, esos actos urgentes no han concluido por dos razones: la primera, porque la Fiscalía ha llevado un ritmo lento, tal y como lo confirmó el actual fiscal general, Douglas Meléndez, cuando aseguró que el caso tuvo que desengavetarse durante su gestión, ya que lo encontró archivado por el ex fiscal general Luis Martínez.

La segunda razón, dice el juez, es porque son peritajes complejos y tienen que hacerse de forma exhaustiva y por expertos geólogos contratados por el ministerio público para determinar si la montaña realmente se movió después de la tormenta Agatha en 2012, como lo afirmó la constructora Astaldi cuando abandonó los trabajos y pidió más dinero.

El gobierno del expresidente Mauricio Funes consideró, en ese momento, que la única opción que tenía para dar por cerrado el contrato era aprobando $108.5 millones, bajo el argumento de que eso evitaría una millonaria demanda de Astaldi contra el Estado salvadoreño. La aprobación de esa suma también es uno de los procedimientos administrativos cuestionados y denunciados en la Fiscalía.

Según el juez, la Fiscalía todavía no ha elaborado un requerimiento ni acusado a nadie porque aún le hace falta determinar si hubo un movimiento o desplazamiento de la montaña donde iba a ser construido el dique (muro de la presa que retiene el agua para un embalse). Ese es uno de los peritajes que está pendiente.

El juzgador también detalló que la apertura de un proceso judicial por el caso El Chaparral dependerá de lo que encuentre la Fiscalía en sus pericias, “ya que también puede decidir no abrir un proceso con los hallazgos de los peritajes”.

El magistrado presidente de la Corte de Cuentas, Johel Humberto Valiente, aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que la Corte auditó el proceso administrativo del proyecto y no encontró irregularidades.

“La Corte ya no tiene nada que hacer en este caso, a menos que la Fiscalía lo pida. Si lo pide, vamos a colaborar en lo que nos solicite”, dijo Valiente.

La Fiscalía, por su parte, no brindó ninguna declaración acerca de los avances en la investigación, a pesar de ser consultada por LA PRENSA GRÁFICA.

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