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Juez de Paz también trabaja como abogado en empresa privada

Magistrados de la CSJ afirman que es ilegal y que viola la Constitución de la República. Juez dice que no ejerce como abogado, aunque en el contrato lo diga, sino como capacitador. Hay otras empresas a las que presta servicios.
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Juez de Paz también trabaja como abogado en empresa privada

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Judicial.  Romeo Aurora Giammattei es el juez Noveno de Paz de San Salvador; además, un contrato revela que tiene un trabajo remunerado con la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).

Judicial. Romeo Aurora Giammattei es el juez Noveno de Paz de San Salvador; además, un contrato revela que tiene un trabajo remunerado con la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).

Función.  ETESAL existe desde 1999. Su función es el mantenimiento y la expansión del sistema de transmisión eléctrica.

Función. ETESAL existe desde 1999. Su función es el mantenimiento y la expansión del sistema de transmisión eléctrica.

Juez de Paz también trabaja como abogado en empresa privada

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Un contrato con la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyas siglas son ETESAL, revela que el juez del Tribunal Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei, además de ejercer en dicho juzgado, también labora para la empresa en mención.

El acuerdo firmado por el juez, y de fecha septiembre de este año, establece que Aurora Giammattei se compromete a prestar a ETESAL los servicios profesionales como abogado para emitir opiniones y recomendaciones en cuanto a la procedencia o no de actuaciones de ETESAL, elaboración de análisis y propuestas de acción penal así como también emitir opiniones que ETESAL solicite en temas diversos que conlleven el inicio de acción penal por cometimiento de delitos.

El contrato especifica que, pese a que no está sujeto a un horario preestablecido, deberá presentarse de forma obligatoria en el lugar, día y hora que la empresa lo requiera, y de no hacerlo, la empresa finalizará el contrato.

El documento establece, en el apartado tercero, que los servicios fueron contratados para un período de 12 meses que pueden ser prorrogables automáticamente, siempre y cuanto ambas partes puedan acordar el proceso mediante una carta.

En cuanto a los honorarios, el juez de Paz tendrá un salario por sus servicios de $24,000 anuales, que serán cancelados en pagos mensuales de $2,000. Según el estado de cuentas del Ministerio de Hacienda, sus honorarios son similares al pago que recibe como juez de Paz por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que son $24,187.48 anuales.

Para la magistrada de la Sala de lo Penal de la CSJ Doris Luz Rivas, dicha acción es ilegal debido a que la Constitución de la República lo prohíbe de manera expresa.

“La calidad de magistrado, magistrada o de juez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y del notariado, así como con la de funcionario de los otros órganos del Estado, excepto la de docente y la de diplomático en misión transitoria”, reza el artículo 188 de la Carta Magna.

Así también lo menciona la Ley de la Carrera Judicial y el Código de Ética de dicha institución, las cuales recogen el espíritu de la prohibición contenida en la Constitución de la República.

Implicaciones

Rivas afirmó que el ejercicio privado del juez es “peligroso” y considera que Aurora Giammattei puede incurrir en una falta. Óscar López Jerez, magistrado de la Sala de lo Civil, afirmó que el pago puede ser interpretado incluso como un “soborno”.

Ambos concordaron en que dicho contrato, que forma parte de un documento legal, incumple con las reglas establecidas en el Código de Ética.

“Una persona que realiza ese tipo de actos podría ser sancionada hasta con la destitución (de su cargo en el Órgano Judicial)”, afirmó López Jerez, quien afirmó que no hablaría específicamente del caso, debido a que puede ser llevado a Corte Plena de la CSJ y deberá emitir opinión.

Por su parte, el juez Aurora Giammattei no negó la veracidad del documento.

Aunque el funcionario judicial está consciente de que como juez no puede dar ninguna asesoría de ningún tipo a nadie, recuerda que sí puede dar clases a personas que lo requieran.

A su criterio, el contrato no refleja exactamente las tareas que debe cumplir dentro de la compañía, debido a que su función, sostiene, es la de capacitador de los abogados que forman parte de la empresa ETESAL.

—¿Usted sabe que ese contrato puede significarle un problema legal? La documentación es la prueba, y siendo usted abogado y juez, ¿por qué lo firmó así? –se le preguntó al juez.

—Yo le hice ver eso a la gente (de la empresa) y me dijeron: ‘Mirá, es el formato de contrato, es el cajón que tenemos, pero sabemos que nunca vas a dar opinión, sino lo que vas a hacer es darle capacitación al personal legal’. Yo no voy a hacer eso, lo que yo voy a hacer es capacitar a la gente –manifestó Aurora Giammattei.

El ingeniero José Roberto Trejo, presidente de ETESAL, no negó ni aceptó la existencia del contrato que vincula a la empresa con el juez Aurora Giammattei.

“ETESAL es muy respetuoso en el cumplimiento a la ley, en todos sus aspectos. Sobre este caso, se han girado instrucciones a nuestro departamento legal para que haga una auditoría a todos los contratos existentes, en cuenta el mencionado por ustedes, para que los mismos estén dentro del marco que la ley establece”, aseguró Trejo a través de un mensaje hecho llegar a LA PRENSA GRÁFICA.

Otros casos

Pero Aurora Giammattei no solo obtiene fondos, aparte de su salario como juez, de la empresa ETESAL.

De acuerdo con su declaración del Impuesto Sobre la Renta ante el Ministerio de Hacienda correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, el juez reporta ingresos de otras cuatro empresas. Según el informe, Industrias Sintéticas de Centroamérica, S. A. le canceló $2,400 por sus servicios en un período de seis meses (1.º de enero al 30 de junio de 2014) en concepto de dietas por asistir a reuniones de la junta directiva.

El funcionario judicial también ha trabajado con la empresa LaGeo, S. A. de C. V., que le retuvo $775 en concepto de renta por haber recibido durante 2014 $7,750; San Vicente 7 Inc. Sucursal El Salvador reporta haberle pagado $3,250; y en Perforadora Santa Bárbara, S. A. de C. V. le cancelaron $2,750 por sus servicios anuales.

Ante esto, Giammattei manifestó que había consultado con algunas personas sobre si podía ejercer como director de empresas y le informaron que no cometía ilegalidad con ello.

Sin embargo, la magistrada Rivas afirmó que para ello era necesario que el juez solicitara un permiso en Corte Plena y que debería ser dicha instancia la que iba a decidir si le iban a dar o no el aval.

Tal procedimiento, no obstante, no habría sido iniciado por el juez.

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