Juez español ratifica prisión para Montano por crimen de jesuitas

El juez de la Audiencia Nacional de España decidió que el coronel salvadoreño, que llegó extraditado por Estados Unidos, debe seguir procesado por la masacre de los sacerdotes jesuitas.
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El juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional de España, ratificó ayer la prisión provisional contra el coronel Inocente Orlando Montano, extraditado por Estados Unidos por estar acusado de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, en noviembre de 1989.

Montano, que llevaba más de dos años en prisión en Estados Unidos esperando su extradición, seguirá en la cárcel en España procesado por “cinco delitos de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad” por su papel en la muerte de los jesuitas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

Envió a prisión a Montano, de 74 años, al apreciar un “evidente” riesgo de que se fugue, ya que se le imputan delitos con penas de hasta nueve años de cárcel, y al advertir en la causa contra él “motivos bastantes” para considerarlo responsable de los hechos.

El magistrado destaca que documentos desclasificados de Estados Unidos, el informe final de la Comisión de la Verdad para El Salvador, testigos que han declarado a lo largo de la investigación y varias periciales ratifican la participación de Montano en los asesinatos.

Entre los religiosos asesinados estaba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) e ideólogo de la teología de la liberación y que, según el juez, era el objetivo de la masacre que se ideó el 15 de noviembre de 1989 en diversas reuniones en la Escuela Militar y en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor de El Salvador.

El magistrado afirma que las pruebas sitúan a Montano en esas reuniones, en las que el coronel Emilio Ponce dio la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides (también procesados pero no extraditados a España) de “asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos”, entre otros “civiles de gran relevancia intelectual y política”.

Montano, dice el juez, fue uno de los líderes de La Tandona, una asociación de 20 oficiales en puestos claves del Ejército y del Gobierno de El Salvador “temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del Gobierno o de la propia institución militar”.

Según la investigación de la Audiencia Nacional de España, el motivo principal de su asesinato es que los jesuitas estaban ejerciendo de mediadores en el conflicto con la guerrilla y había asumido el liderazgo para presionar una negociación entre ambos que no convenía a los militares.

La matanza de los jesuitas la llevó a cabo el comando del Batallón Atlacatl, que irrumpió el 16 de noviembre de 1989 en el Centro Pastoral de la universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.

Este “batallón de la muerte” acabó con la vida de cinco jesuitas españoles (Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró) y del salvadoreño Joaquín López; así como de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, también salvadoreñas.

La investigación en España solo se sustenta por el asesinato de los cinco españoles y es uno de los pocos casos de justicia universal que continúan su curso después de la última reforma legislativa que limitaba mucho estas causas.

En el caso de los hechos ocurridos en El Salvador, la causa persiste por considerarse que son hechos constitutivos de terrorismo. El juez García Castellón citó de nuevo el próximo lunes 4 a Montano para que declare sobre los hechos de los que se le acusa. Su abogado pidió su libertad o su ingreso en un centro médico porque está convaleciente de un cáncer de próstata, pero el juez no se pronunció sobre esta reclamación. La Audiencia Nacional reclama al resto de militares, pero El Salvador negó la extradición.

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