Juez evalúa fallo por caso de homicidio de recién nacido

La acusada es una de las 17 mujeres que enfrentaron un proceso penal por delitos relacionados al aborto e infanticidio.
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El Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador realizó ayer una audiencia de revisión de sentencia en el caso de María Teresa Rivera, condenada en 2012 a 40 años de cárcel por homicidio agravado en contra de su hija recién nacida. La acusada es una de las 17 mujeres que guarda prisión por delitos relacionados al aborto y cuyos casos han sido retomados por organizaciones civiles.

La revisión de la sentencia fue solicitada por la defensa cuatro años atrás; sin embargo, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia, José Antonio Flores, que estaba cargo del caso, rechazó la petición. Fue hasta abril de este año, bajo la autoridad de un nuevo juez y por orden de la Sala de lo Penal que se decidió avalar la petición en favor de Rivera.

Según la parte defensora, no existe prueba suficiente que demuestre que María Teresa Rivera haya cometido homicidio. Sus alegatos se basan en las pruebas periciales presentadas al juez, entre ellas la necropsia realizada al bebé, la cual no esclarece si nació vivo o muerto.

El expediente judicial consigna que la causa de muerte del recién nacido fue asfixia perinatal. No obstante, los médicos que brindaron declaración en la audiencia explicaron que este tipo de muerte no es intencionada sino de origen natural. Además, según la declaración de un médico forense, la autopsia reveló que no había residuos de heces en las vías respiratorias del bebé. Esto contradice la versión oficial donde se afirma que Rivera forzó la salida de la criatura de 28 semanas de gestación y luego la arrojó a una fosa séptica, donde la encontraron asfixiada por el material fecal.

La representante de la Fiscalía General de la República (FGR) desestimó lo dicho por el abogado defensor y respondió que no se estaba aportando nuevos elementos para revocar la condena que pesa en contra de María Teresa.

El fallo en este caso seguirá pendiente hasta contar con la declaración de un perito que participó en la investigación y que se encuentra fuera del país.

piden liberación

En noviembre de 2011, María Teresa Rivera, que se desempeñaba en labores de maquila y confección, dio a luz inesperadamente en la letrina de su casa en Mejicanos. Fue trasladada al Hospital 1.º de Mayo y tras una revisión el personal médico la denunció por aborto.

La mujer enfrentó la justicia y afirmó desconocer su condición de embarazo. A pesar de aportar pruebas a su favor, el juez la condenó a 40 años de prisión, de los cuales ya cumplió más de cuatro.

En 2014, distintas organizaciones sociales presentaron ante la Asamblea Legislativa una petición de indulto para ella y otras 16 mujeres condenadas por casos similares. El indulto no le fue concedido en esa ocasión, por lo que buscaron otras vías de apoyo. Ahora, el caso es conocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el país, más de una decena de organizaciones están abogando porque se siga el debido proceso con las mujeres condenadas. Entre estas se cuentan a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, la Asociación de Mujeres Trans, la Colectiva Feminista para El Desarrollo Local y la Plataforma para la Libertad de las 17, entre otras.

Sara García, miembro de una de estas entidades, declaró que “no hay una clara intencionalidad de que ella haya cometido un delito” y exigió la liberación de todas las mujeres que al igual que María Teresa están pagando una “condena injusta”.

Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, defendió a la acusada señalando que existen prejuicios contra las mujeres a la hora de hacer justicia. “Aquí hay errores judiciales que arruinan la vida de la gente. Es necesario cambiar la forma de hacer justicia”, dijo.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, emitió el pasado 5 de noviembre una resolución en la que estableció en una resolución que en este caso se está violando el principio de presunción de inocencia y además se están transgrediendo los derechos de igualdad y no discriminación por su condición de género.

Morales agregó que existen suficientes elementos de justicia y equidad para proceder a la concesión del indulto, aunque este ya fue denegado.

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