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Juez exonera acusados por tregua y apunta a M. Payés

El juez dijo que la FGR no presentó elementos para probar los delitos. Además dejó claro que el pacto de las pandillas fue del conocimiento del actual ministro de la Defensa y del expresidente Funes.
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Libres. El juez dijo que la FGR cometió una “injusticia” al acusar a los miembros del consejo criminológico en el caso tregua.

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Juez exonera acusados por tregua y apunta a M. Payés

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Subalterno. El juez consideró en su fallo que Nelson Rauda no estuvo a la cabeza en la toma de decisiones sobre la tregua entre pandillas.

Subalterno. El juez consideró en su fallo que Nelson Rauda no estuvo a la cabeza en la toma de decisiones sobre la tregua entre pandillas.

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Los 18 imputados acusados de cometer ilícitos durante la tregua entre pandillas fueron absueltos de cargos ayer. El titular del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar que los acusados fueron los únicos responsables de permitir el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios, durante el supuesto proceso de pacificación.

La investigación de la Fiscalía tampoco logró probar, según el veredicto del juez, que Nelson Rauda, ex director general de Centros Penales; Anílber Rodríguez, exinspector de Centros Penales; junto a nueve miembros del consejo criminológico, autorizaron el traslado de 30 cabecillas de pandillas recluidos en el penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, a cárceles con menos controles.

En cambio, el juez concluyó que todo lo acontecido en los penales durante la tregua entre pandillas, que inició en marzo de 2012, fue del conocimiento del entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, ahora ministro de la Defensa Nacional.

Todos los movimiento que realizaron los exempleados penales, para darle cumplimiento a los acuerdos que tuvo el Gobierno con las pandillas, fueron del conocimiento de Munguía Payés, consideró el juzgador, quien echó mano de documentos del Ejecutivo para demostrar que el pacto fue una estrategia del Gobierno.

Munguía Payés reconoció durante el juicio que la tregua se planificó en su despacho, pero dijo que se desligaba de cualquier ilícito que se hubiese cometido en las cárceles durante el proceso.

Ayer, sin embargo, el juez dijo: “Definitivamente el ministro Munguía Payés desconoce la ley y omitió decir lo que estaba pasando”.

A criterio del juez Especializado, Munguía Payés también tenía que rendir cuentas al expresidente de la república Mauricio Funes sobre la tregua.

“El señor Munguía Payés debió, por lógica, haber tenido conocimiento del traslado de pandilleros a otros penales. Estaba comprometiendo la seguridad del Estado... El traslado de cabecillas tuvo que ser del conocimiento de Munguía Payés y Mauricio Funes, no solo de Nelson Rauda”, determinó el juez como justificación para liberar de cargos al exdirector Rauda.

De acuerdo con el juez, la Fiscalía tampoco logró acreditar el delito de agrupaciones ilícitas en contra de Juan Roberto Castillo Díaz, suboficial de la Policía Nacional Civil, que acompañó a Raúl Mijango a reuniones con cabecillas de pandillas a los penales de pandilleros. El juez dijo que en esos encuentros hubo agentes del Estado.

Sobre el uso de fondos estatales durante la tregua “carece de verificación confiable”, a juicio del juez, porque la Fiscalía no nombró peritos pertinentes. Los fiscales dijeron que se pronunciarán sobre el fallo hasta que se lo entreguen de forma escrita.

El juez agregó en el fallo que no hay forma de confirmar la introducción de más de 1,000 teléfonos celulares a las prisiones porque en los libros de novedades (donde queda registrado lo que entra y sale de las prisiones) no hay decomisos que concuerden con las fechas para cotejar. El funcionario también señaló que a la Fiscalía presentó testigos que tuvieron que ser procesados porque se violaron protocolos, “y hay directores que no están procesados por decisión unilateral de la FGR”, sino que por el contrario desfilaron como testigos. “Algo que podría tomarse como omisión de la Fiscalía”, consideró el juzgador.

El juez dijo que Munguía Payés y Francisco Salinas, exdirector de la PNC, “alteraron la realidad” con el testimonio que dieron durante el juicio del caso. Respecto de Salinas dijo que no era posible que siendo el máximo jefe policial desconociera el trabajo del suboficial Castillo Díaz, quien supuestamente se infiltró para informar sobre el proceso de tregua. Por eso, el juez expresó que Salinas y Munguía Payés asistieron al juicio como testigos para “para autodefenderse” y no para esclarecer los hechos. El juzgador consideró que Fabio Colindres, el obispo castrense y exmediador, fue el más honesto en el caso porque incluso admitió que cometió una infracción al ingresar un celular a un penal, supuestamente, por descuido.

El juez también señaló que la Fiscalía no corroboró la autenticidad de una carta enviada por un pandillero al expresidente Funes, la cual contiene el sello de la Presidencia, donde le pedía cumplir con los compromisos adquiridos en 2009, entre ellos el traslado de reos del penal de máxima seguridad, el ingreso de televisores a las prisiones, la salida de militares del registro y permitir mejoras en los centros penitenciarios. “Lo que sí me quedó claro y puede determinar es que hubo acuerdos con el Gobierno”, dijo el juez sobre esa carta.
 

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