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Juez ordena a Fiscalía que investigue a más políticos que no han sido acusados por negociar con pandillas

Fiscalía también debe investigar la actuación de sus propias autoridades “ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”. Juez ha criticado en más de una ocasión la equivocación de la Fiscalía al dejar fuera a funcionarios vinculados al caso.

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Foto de LA PRENSA/Archivo

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El juez especializado de Sentencia A de San Salvador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que  amplíe las investigaciones contra los funcionarios, políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que -según las pruebas presentadas en el caso “Operación Cuscatlán”- aparecen relacionados a negociaciones y entrega de dinero a pandilleros.

Así queda reflejado en el documento de sentencia que el Juzgado entregó este viernes con la resolución del juicio en el que fueron condenados, el 12 de diciembre del 2019, 373 pandilleros de la Mara Salvatrucha por asesinar y traficar droga, entre ellos nueve líderes conocidos como “la ranfla histórica”, informó la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Según el comunicado, el juez estipuló en el documento que “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidentes de la República”, así como el David Victoriano Munguía Payés, como ministro de la Defensa; los miembros del partido ARENA, Jorge Velado y Ernesto Angulo, así como “los integrantes de la red de pastores” relacionados al caso.

Pide también investigar a “las municipalidades de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa”, así como “precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de Alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos” y a “unidades de investigación de la corporación policial e integrantes de la sociedad civil mencionados en el desarrollo del juicio”.

Además, la Fiscalía deberá investigar la actuación de sus autoridades “ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”.

El juez también pidió investigar al exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exministro de Seguridad, Benito Lara; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; al dirigente de la organización Grupo Náhuatl, Wilson Alvarado, y al diputado Norman Quijano.

La Fiscalía ya solicitó a la Asamblea Legislativa un antejuicio contra este último y los otros cuatro son–junto al columnista Paolo Lüers, Raúl Mijango y Salvador Ruano- parte de los siete acusados por negociar con pandilleros que enfrentan este viernes la audiencia inicial.

“Al inicio les entregaron veinticuatro mil quinientos dólares, por parte del partido FMLN se hicieron seis entregas de dinero; la segunda entrega fue de treinta y cinco mil dólares, se dio como quince días después de la primer entrega; la tercera entrega fue de veinticinco mil dólares, se efectuó una semana antes de la primera vuelta electoral; la cuarta fue de cinco mil dólares, que se entregaron como una semana después de hacer la tercer entrega; la quinta entrega fue treinta y cinco mil dólares, se efectuó dicha entrega para el periodo de la segunda vuelta electoral; la sexta entrega fue de siete mil dólares, se entregó cuando se proclamó ganador de la Presidencia el FMLN; el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue Arístides Valencia”, cita el documento.

Asimismo, “el partido ARENA les efectuó una entrega de dinero; la entrega fue de sesenta y nueve mil dólares; la entrega de ese dinero fue antes de las elecciones de alcaldes y diputados de dos mil quince; esa entrega se hizo en la San Benito, en una oficina de Raúl Mijango”, agrega.

Investigaciones fiscales también revelaron que Medardo González y José Luis Merino, importantes políticos del FMLN, negociaron con pandilleros fondos de Alba Alimentos (de Alba Petróleos). Ninguno de ellos ha sido acusado.

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