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Juez pide a Fiscalía investigar a líderes FMLN y ARENA por pactos con pandillas

Juzgado antimafia ordena a Fiscalía que amplíe investigaciones contra políticos que aparecen mencionados en investigaciones y todavía no son acusados. Hay indicios de delitos contra miembros del FMLN, ARENA y GANA.

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Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio Audiencia.  El alcalde Ernesto Muyshondt enfrentó ayer audiencia inicial, acusado de asociarse con pandillas para fraude electoral.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio Audiencia. El alcalde Ernesto Muyshondt enfrentó ayer audiencia inicial, acusado de asociarse con pandillas para fraude electoral.

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Tarea pendiente. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa solo a ocho políticos y colaboradores por supuestamente negociar con pandillas para obtener beneficios en elecciones de 2014 y 2015, a pesar de que sus mismas investigaciones muestran la participación de otros políticos que hasta la fecha siguen sin ser procesados.

Esa es la conclusión del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que solicitó más pesquisas.

El juez Godofredo Salazar reafirmó la petición el jueves pasado, en la sentencia escrita del caso conocido como Operación Cuscatlán, que en diciembre de 2019 terminó con 373 pandilleros condenados, de 425 imputados. El 12 de diciembre, cuando dio el fallo de forma verbal, Salazar ya había adelantado algunos nombres de políticos involucrados, pero en el documento físico profundizó.

Para el juzgador, la Fiscalía tiene que investigar a José Luis Merino y Medardo González Trejo, exdirigente y ex secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), respectivamente. Son señalados por un testigo de negociar con la Mara Salvatrucha (MS-13) y los bandos Revolucionarios y Sureños del Barrio 18 para supuestamente manipular la elección presidencial de 2014 a favor de Salvador Sánchez Cerén.

Noé y Salomón, dos excabecillas de pandillas que colaboran con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales, han confirmado que se reunieron con personeros del FMLN, incluidos Merino y González, para incidir de manera ilegal en la elección de 2014, que dejó a Salvador Sánchez Cerén como presidente. Aseguran que el FMLN accedió a la petición de quitar la empresa Alimentos Prácticos (ALIPRAC) como la encargada de alimentar a los pandilleros reclusos.

Ambos efemelenistas propusieron a las pandillas que Alba Alimentos, sociedad del grupo Alba Petróleos que nació con fondos venezolanos y de alcaldías gobernadas por el FMLN, podía dar el dinero para que los reos prepararan su comida. Así podrían pagar como empleados a los que participaran.

Las peticiones del juez Salazar a la FGR van más allá: solicitó que investigue también a Jorge Velado, que dirigía a ARENA en 2014, cuando el partido supuestamente también buscó negociar con pandillas. Y al exdiputado Ernesto Angulo, del partido de derecha. Ellos, al igual que Merino y González, no han sido acusados por el ministerio público hasta la fecha.

La sentencia reitera que la FGR tiene que investigar los presuntos tratos con pandillas de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. El primero porque supuestamente encabezó una tregua que dio beneficios ilegales a los pandilleros a cambio de que disminuyeran los asesinatos. Y el segundo porque habría avalado las negociaciones ilícitas del FMLN.

También pidió, una vez más, indagar a David Munguía Payés, exministro de Defensa, ligado a la tregua entre pandillas rivales (2012-2013). A la Red Nacional de Pastores, que supuestamente participó en reuniones con pandilleros, en 2014. Y a las alcaldías de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa.

Según el juez, las negociaciones entre los políticos y pandillas salpican las elecciones de alcaldes y diputados en 2015, lo que pudo beneficiar al actual presidente de la república, Nayib Bukele, entonces en el FMLN, para ganar la comuna de San Salvador. Por eso el juzgador cree "obligatorio entonces, verificar la existencia de acercamientos de la pandilla MS, con el actual Gabinete de Gobierno". Señaló que las pandillas conversaron con miembros el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y citó como ejemplo la Alcaldía de Usulután.

Han sido al menos cinco jueces antimafia que en los últimos dos años pidieron, con poco éxito, a la Fiscalía que investigue a políticos ligados a pandillas. Por eso el juzgado también ordenó que los antiguos fiscales generales sean investigados, para verificar si encubrieron a los involucrados.

Hasta la fecha los únicos políticos procesados son los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el experiodista Paolo Luers; el dirigente de la organización Grupo Náhuatl, Wilson Alvarado; el exmediador de la tregua Raúl Mijango; y el fallecido exalcalde de Ilopango Salvador Ruano (ver página 6).

Hay una causa separada contra el diputado Norman Quijano, para quien la FGR busca que la Asamblea haga un antejuicio y le quite la inmunidad con la intención de que enfrente el proceso; pero está pendiente. Todos son acusados de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. El fiscal general, Raúl Melara, ha dicho en varias ocasiones que va a investigar a "sea quien sea". Pero, según la sentencia de Operación Cuscatlán, tiene tareas pendientes.

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