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Juez pide inmovilizar cuentas extranjeras de expresidente Saca

Además, solicitaron a la Dirección General de Centros Penales que proponga un nuevo centro penitenciario para trasladar a los siete imputados. La defensa presentó un recurso de revocatoria.
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El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador solicitó asistencia internacional para inmovilizar las cuentas bancarias extranjeras de Elías Antonio Saca, expresidente de la República (2004-2009), como parte de las próximas diligencias a realizar del caso. Según la Fiscalía General de la República (FGR), una de estas cuentas bancarias está en Dubái, y Ligia Mixco de Saca, ex primera dama, hizo retiros por $1 millón luego de que su esposo fue acusado.

El abogado Mario Machado, defensor de Saca, dijo que eso no es cierto. “Esas cuentas no existen. En la audiencia iniciaron a hablar de inmuebles en Dubái, en Costa Rica, y luego lo pasaron a dinero. Y ahora dicen que hay cuentas en Dubái inmovilizadas”, aseveró el abogado.

El juzgado, además, ratificó las medidas de detención que Nelly de Pozas, jueza Cuarta de Paz de San Salvador, impuso al expresidente, a Élmer Charlaix, quien trabajó como secretario privado de Saca; a César Funes, exsecretario de la Juventud y expresidente de ANDA; a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, y a Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, empleados de Casa Presidencial. El grupo es procesado por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y peculado.

Los siete acusados continúan detenidos en la División Antinarcóticos (DAN); sin embargo, el juzgado solicitó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que informe sobre otra cárcel para que los imputados sean trasladados. Además, ratificó el embargo preventivo a todos los bienes cuyos titulares son Saca y sus exempleados, dentro del oficio levantado al recibir el caso, conocido jurídicamente como Auto de Instrucción.

Según la FGR, durante el período de Saca, los imputados conformaron una estructura dentro de la Presidencia que movilizó $246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez. De ellas retiraron posteriormente $116 millones “en efectivo”, de los que lavaron 6 millones.

Entre otras diligencias, el juzgado autorizó cinco meses para la fase de instrucción, que vencerán en abril de 2017, para que la Fiscalía amplíe las investigaciones.

José Alberto Machado, uno de los abogados defensores de Saca, Charlaix y Funes, dijo que presentaron un recurso de revocatoria a este mismo juzgado debido a que no están conformes con la resolución. En el documento de Auto de Instrucción, el juez señala que depende de la Fiscalía solicitar una medida cautelar de los bienes de los imputados en el Juzgado de Extinción en Dominio.

Cámara conoce caso

El lunes pasado, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador recibió el expediente del caso Saca para resolver en cinco días hábiles los recursos de apelación que presentó la defensa el pasado 10 de noviembre.

Según fuentes cercanas al proceso, el Juzgado Cuarto de Paz se atrasó en enviar el expediente debido a que había errores en la resolución de la jueza.

El abogado Mario Machado explicó en su momento que los argumentos para que les decrete la libertad a sus clientes se basa en que la jueza decretó detención en dos ocasiones, a su juicio, bajo ningún fundamento establecido en la ley.

“Este es el primer error que esta juzgadora emitió: la detención con el argumento nada más de que le faltaban 45 minutos para el vencimiento del plazo. El pasado sábado lo mismo ocurrió. Les decretó la detención sin justificar y esos argumentos no están establecidos en la Constitución”, señaló el abogado.

Los abogados también alegan que sus clientes se encuentran en mal estado de salud y que las condiciones en la DAN no son las adecuadas. Por ejemplo, el día de la entrega del fallo, Ricardo Martínez, abogado de Julio Rank, dijo que su cliente se encuentra mal de salud porque padece diabetes. Es por esta razón que pide a los magistrados de la cámara que le otorguen medidas sustitutivas.

“No lo hacemos como un privilegio, sino como una necesidad, porque está en juego su salud”, aseguró el abogado del exsecretario de Comunicaciones. Otro de los argumentos del defensor es que en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) hay hacinamiento y que esa situación es complicada “para la salud de los detenidos”, manifestó.

Carlos Sánchez, magistrado propietario de la Cámara Primera de lo Penal, es a la vez suplente de la Sala de lo Civil, sede que actualmente dirime si los tres hijos del exmandatario, Gerardo Antonio Saca Mixco, José Alejandro Saca Mixco y Christian Eduardo Saca Mixco, deben enfrentar también un proceso civil por enriquecimiento ilícito.

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