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Juez señala artimañas de Funes y Munguía en la tregua

El juez Especializado de Sentencia A, que ayer entregó la sentencia del juicio por la tregua de pandillas, concluyó que el expresidente de la república y Munguía se cuidaron de no salir afectados con órdenes que dieron para favorecer a pandillas.

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El expresidente de la república Mauricio Funes y el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, fueron muy cautelosos al momento de planear la tregua entre pandillas en 2012. Su principal objetivo era no afectar su imagen política. Ambos eran conscientes de lo que significaba que altos mandos de un gobierno negociaran de forma directa con pandillas. A estas conclusiones llegó el titular del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que ayer entregó la resolución completa del juicio por la tregua.

El juzgado entregó la sentencia en firme del juicio en el que fueron absueltas de cargos 18 personas, en su mayoría exempleados de penales acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de permitir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles y del traslado de cabecillas de pandillas, desde el penal de máxima seguridad a cárceles con menos controles, durante la tregua entre pandillas.

El juez los absolvió a todos, pero determinó que Funes y Munguía Payés designaron a personas claves para hacer creer a la opinión pública que el Gobierno no era parte de la negociación. Según el juzgador, ambos se valieron de las instituciones y usaron a los empleados estatales como instrumentos en sus planes. El juez resolvió, por tanto, que el exdirector general de Centros Penales Nelson Rauda; Juan Roberto Castillo Díaz, subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC); Anílber Rodríguez, exinspector de Centros Penales; y el exmediador Raúl Mijango no fueron los responsables de las decisiones tomadas durante la tregua. Tampoco los miembros del grupo criminológico que autorizó el traslado de cabecillas.

“Funes y Munguía Payés poseían la certeza de que sus órdenes se ejecutarían y sus planes no se verían entorpecidos en lo mínimo. Los administradores o subordinados eran simples instrumentos que lo mínimo que podían revisar era si el encomiendo recibido revestía las características de ser manifiestamente legal o ilícito. Ellos sabían que si se negaban a realizarlo significaba su reemplazo. Por su propia naturaleza fungible, pero la acción gubernamental no se comprometería o detendría”, se lee en la sentencia.

El 3 de febrero de 2016, la FGR citó a Funes para que rindiera su testimonio sobre lo ocurrido durante la tregua. Ese día el exmandatario aseguró: “Lo que yo dije ante los fiscales, porque así fue y así pasó, es que en mi gobierno no tomamos ningún tipo de acuerdo con los pandilleros. El Gobierno los observó desde afuera, nunca negoció y lo que hubo fue un seguimiento logístico para que la tregua trajera como resultado la reducción de homicidios. Y así fue”.

Al juez de la causa le resulta “preocupante” el abordaje fiscal del proceso, al solo culpar a la Dirección de Centros Penales de un plan gubernamental que se gestó en Casa Presidencial. “El proceso de pacificación fue la negociación del Gobierno con las pandillas. Una política gubernamental de lo cual la agencia fiscal pretendió probar la ejecución de delitos, pero omitió incluir de forma deliberada o por carencia omnicomprensiva del fenómeno investigado a las otras instituciones como el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), la Academia de Seguridad Pública y la Policía”, dice el juez en la resolución.

¿Por qué no los procesaron?

En la tregua de pandillas no solo participó Mauricio Funes y David Munguía Payés, sino que también fueron partícipes Ricardo Perdomo, exdirector del OIE; y Francisco Salinas, exdirector de la Policía, señaló el juez, que también cuestionó por qué la parte acusadora no los incluyó en la investigación.

“El costo o no de procesar a una de estas personas, no puede ser óbice para que la investigación no se profundizara. Indudablemente eran los que estaban manejando los hilos de la seguridad pública. En su caso particular que la persecución de los delitos ya estaba configurada cuando ‘esta institución jurídica es componente fundamental en el tema probatorio”, determinó el juez Especializado.

El juzgador resolvió que con la prueba que fue presentada pudo determinar que “estamos en presencia de una estructura política de poder”. Este periódico esperó en los tribunales a Manuel Chacón, uno de los defensores en el caso y a la vez asesor de Munguía Payés, para conocer su postura acerca de los señalamientos contenidos en la sentencia. Sin embargo, hasta las 4 de la tarde el abogado no llegó.

Advertencia

El juez Especializado también advirtió al fiscal general, Douglas Meléndez, y a Munguía Payés de no dar declaraciones en los medios de comunicación con el fin de persuadir o amenazar a un juez o magistrado. Lo anterior fue a causa de que Meléndez rindió declaraciones a los medios horas antes de que el titular del juzgado diera a conocer su resolución sobre el caso. El juez señaló que las partes están facultadas para recusar a un funcionario si tienen dudas sobre su imparcialidad, pero ninguno de los fiscales lo hizo.

“Se previene al fiscal general, Douglas Meléndez, y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, se abstengan a realizar acciones que interfieran en la labor. Caso contrario se realizará lo correspondiente conforme a la ley”, advirtió el juez.

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