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Jueza amplía seis meses el plazo de investigación en caso El Chaparral

Fiscalía pidió tiempo para que peritos terminen de analizar finanzas de expresidente Funes y otros ligados a corrupción de El Chaparral.

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Corrupción.  El costo de El Chaparral se elevó hasta $759.4 millones debido a la corrupción, dice CEL.

Corrupción. El costo de El Chaparral se elevó hasta $759.4 millones debido a la corrupción, dice CEL.

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Seis meses más tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa para recaudar pruebas en la investigación por la supuesta corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral (San Miguel), vinculada al expresidente de la República Mauricio Funes. El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador autorizó ayer ese nuevo plazo.

Ayer finalizaba la etapa para recopilar pruebas, llamada Instrucción, en el caso El Chaparral. La jueza Novena de Instrucción, Nora Montoya, accedió a la petición de la Fiscalía y decidió dar otros seis meses para que los peritos terminen de analizar las finanzas de los acusados. Los expertos en finanzas fueron juramentados por el juzgado el 14 de octubre pasado.

Tras la extensión del plazo para investigar, la Fiscalía y la defensa tienen hasta el 13 de mayo de 2020 para incorporar pruebas en el proceso. Luego de que venza este periodo, el ministerio público tendrá hasta el 19 de mayo para entregar al juzgado la acusación final contra los imputados, explicó la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Las investigaciones iniciales de la Fiscalía sostienen que Funes se asoció con funcionarios de su Gobierno (2009-2014) para pactar un desembolso ilegal a la empresa Astaldi, constructora de El Chaparral, a cambio de recibir un soborno de $3.5 millones.

Los imputados en el proceso, además de Funes, son Miguel Menéndez, mejor conocido como "Mecafé"; Leopoldo Samour, expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); y Mario Pieragostini, representante de Astaldi. Los otros dos son Mitchell Guzmán, actual compañera de vida de Funes; y José Quinteros, contador de Astaldi.

La Fiscalía asegura que el prófugo Funes pactó darle a Astaldi $108,500,000 para terminar, en un "arreglo directo", el contrato entre la constructora y CEL por El Chaparral. Ese monto implicaba al Gobierno cancelar un excedente de $45,244,418 respecto al avance que tenía la construcción de la represa en 2012. El Gobierno solo debía cancelar $63,255,582 en un eventual acuerdo con la empresa, según las investigaciones.

El excedente ilegal de 45,244,418 lo dio la administración de Funes, sostiene la Fiscalía, a cambio de recibir un soborno de $3.5 millones para repartir entre el expresidente y los demás funcionarios involucrados. Mario Pieragostini, en nombre de la empresa constructora, fue el encargado de sobornar a los funcionarios, de acuerdo con la FGR.

La Fiscalía tiene sospechas de que Astaldi y "Mecafé" simularon negocios entre empresas fachadas para realizar las transferencias del supuesto soborno. Luego, "Mecafé" trasladó parte del dinero a Funes. La actual administración de CEL ha pedido a la FGR que estas investigaciones incluyan el periodo del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

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