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Jueza fallará hoy sobre futuro de caso Saca

Expresidente y sus colaboradores fueron enviados ayer a bartolinas. Todos los abogados defensores solicitaron que sus clientes pasen en libertad a la siguiente etapa del proceso.
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Piden libertad.  Élmer Charlaix, uno de los principales acusados, pidió ser procesado en libertad.

Piden libertad. Élmer Charlaix, uno de los principales acusados, pidió ser procesado en libertad.

Otra noche en prisión. La jueza determinó detención provisional a los implicados, hasta que se haga público su fallo.

Otra noche en prisión. La jueza determinó detención provisional a los implicados, hasta que se haga público su fallo.

Jueza fallará hoy sobre futuro de caso Saca

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La jueza del Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Edith Pozas, decidió fallar hoy a las 9 de la mañana sobre si los implicados en el caso de supuesta corrupción en la administración del expresidente Elías Antonio Saca pasarán a la próxima etapa del proceso judicial con detención preventiva o medidas sustitutivas.

Debido a que el plazo de detención se vencía ayer a las 3:45 de la tarde, la jueza decidió otorgar la medida de detención provisional a los implicados hasta que haga público su fallo. Por esa razón el exmandatario y los seis implicados regresaron ayer a las bartolinas de la Dirección Antinarcóticos (DAN) de la Policía.

“Quiero tomar la decisión más apegada a derecho posible, pero necesito tiempo para eso”, dijo la jueza ayer, al cierre de la audiencia inicial del caso. El expresidente Saca atendió a los medios de comunicación al final de la audiencia. Tras escuchar el anuncio de la jueza, dijo sentirse confiado porque, según él, actuó de acuerdo con el marco legal establecido durante su mandato. “Me siento con la conciencia tranquila por todo lo actuado (...) Formamos un gobierno nacido de la voluntad popular, que llegó a trabajar por los más pobres”, declaró el exmandatario y negó que tenga propiedades o cuentas en el extranjero, como lo señalaron los fiscales el jueves (lea nota en página 8).

La Fiscalía General de la República (FGR), al igual que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impugnó la legalidad del reglamento especial para el manejo de los fondos reservados que promulgó Saca, pues, además de que nunca se publicó en el Diario Oficial, a juicio de los fiscales muestra el dolo con el que actuó la estructura dentro del Gobierno.

El abogado Lisandro Quintanilla dijo que el verdadero criterio de imputación no es la existencia de dicha normativa, sino la racionalidad del gasto público. En la diligencia judicial de ayer participaron las defensas técnicas de los tres exempleados de Casa Presidencial procesados: el tesorero Julio Herrera, el jefe de la Unidad Financiera Institucional Jorge Rodríguez y el asistente contable Pablo Gómez.

La abogada representante de los funcionarios, Tania Pastor, denunció supuestas arbitrariedades por parte de la Fiscalía General de la República en su interés por dar criterio de oportunidad a Rodríguez durante la investigación. Además, solicitó que sus clientes sigan el proceso en libertad debido a que, según ella, siempre colaboraron con los citatorios y al ser personas de la tercera edad podría ser contraproducente para su salud el hacinamiento carcelario.

Rodríguez y Gómez son acusados de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Mientras que Herrera solo es procesado por peculado y agrupaciones ilícitas.

Posterior a la defensa de los tres exempleados de Casa Presidencial, los abogados Mario y Alberto Machado realizaron la defensa técnica del exsecretario de Juventud y expresidente de ANDA César Funes. Los abogados solicitaron la extinción del delito de agrupaciones ilícitas en contra de Funes, argumentando que a la fecha este ya debió de haber prescrito. Además, entregaron documentos contables de la extinta Secretaría de la Juventud, con lo que pretendieron probar que los más de $300,000 que recibió el exfuncionario fueron liquidados en esa dependencia de Estado.

Los hermanos Machado también pidieron que Funes pase a instrucción sin detención.

La etapa de defensa técnica cerró con la intervención del abogado Lisandro Quintanilla, en representación del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank. Él inició solicitando el sobreseimiento definitivo de su cliente por el delito de agrupaciones ilícitas. Argumentó que es un absurdo pensar que de un acto lícito, como la elección de un presidente y la designación de su gabinete, puede emanar tal ilícito.

El abogado de Rank señaló que no tuvo tiempo de documentar la manera en que los aproximadamente $4 millones que se le imputan fueron liquidados en la Secretaría de Comunicaciones. Para ello solicitó que su cliente pudiera ser procesado en libertad.

Todos los abogados argumentaron al unísono que sus clientes tienen padecimientos de salud o responsabilidades familiares ineludibles, por lo que no sería conveniente que se les decrete la detención provisional.

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