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Jueza ordena que "Juan Colorado" enfrente caso por lavado de dinero

Juzgado rechaza petición de defensa que buscó declarar nula la acusación de lavado contra una red vinculada a "Juan Colorado". La Fiscalía tiene cinco meses para ampliar la investigación. Un imputado continúa prófugo con orden de captura en contra.

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Red.  Siete ligados a la banda narco Los Perrones enfrentaron ayer un nuevo proceso en su contra, esta vez por lavado de dinero.

Red. Siete ligados a la banda narco Los Perrones enfrentaron ayer un nuevo proceso en su contra, esta vez por lavado de dinero.

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El narcotraficante Juan María Medrano Fuentes, alias "Juan Colorado", y otros seis imputados deben enfrentar la justicia por la acusación que les hace Fiscalía General de la República (FGR) de introducir en el sistema financiero $5 millones ligados al tráfico de drogas, entre 2005 y 2011. Eso decidió ayer el Juzgado Especializado de Instrucción C tras rechazar la petición de la defensa que buscó anular el caso.

La decisión de la jueza especializada fue a raíz de una solicitud de Samuel Merino González, defensor de "Juan Colorado".

El abogado Merino pidió al juzgado que declarara nulo el proceso contra Medrano, condenado en 2011 a 15 años de cárcel por narcotráfico con la banda Los Perrones, porque considera que la FGR presentó la causa fuera del tiempo que establece la ley.

Según Merino, la Fiscalía acusó a Medrano el pasado 4 de diciembre por delitos que supuestamente finalizaron en octubre de 2009, el año en que la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturó por vínculos con el narcotráfico. El defensor agregó que en esa época estaba vigente el antiguo Código Procesal Penal que establecía que los ilícitos no pueden ser acusados por la FGR 10 años después de cometidos.

Un fiscal antilavado de dinero dijo ayer que las investigaciones establecen que, entre 2005 y 2011, "Juan Colorado" y otros seis miembros de la red adquirieron bienes e inmuebles por $5,466,701.78 con dinero del trasiego de cocaína que hacía hacia los Estados Unidos la banda de narcotráfico Los Perrones, afincada en el oriente de El Salvador.

Aunque la Fiscalía sostiene que las supuestas actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero llegaron a 2011, Merino dijo que la acusación detalla que "Juan Colorado" supuestamente cometió delitos hasta octubre de 2009. Por eso consideró que los 10 años que tenía el ministerio público para presentar las investigaciones ante un juzgado ya venció.

La jueza rechazó la petición del abogado y, tras considerar que existen pruebas que vinculan a la red con el blanqueo de dinero, ordenó que todos enfrenten en prisión, como ya están, la etapa de ampliación de pruebas hasta mayo 2020, llamada Instrucción.

El argumento de la juzgadora fue que en 2011 la Asamblea Legislativa aprobó el vigente Código Procesal Penal, que, a diferencia del antiguo, define que el tiempo que tiene la Fiscalía para llevar ante un juzgado acusaciones de delitos graves como el lavado de dinero vence hasta los 15 años.

"El Código Procesal Penal anterior regulaba la prescripción (vencimiento de plazo para acusar) de 10 años. El código actual regula la prescripción a 15 años. Resulta que cuando existe ese conflicto entre la ley anterior y la ley posterior, las personas no podrán ser procesadas con una ley que se dicte con posterioridad. En este caso se tendría que aplicar el Código Procesal Penal derogado", insistió el abogado Merino.

Además de "Juan Colorado", la fiscalía acusa a dos que también purgan penas de 15 años por narcotráfico con Los Perrones: Santos Balmore Martínez, alias "Colocho"; y de José Enrique Torres, alias "Kike". Hay otros tres que estaban en fase de confianza por condenas de 10 años ligadas al narco: Carlos Mauricio Castro Parada, Ricardo Arturo Castro Parada y Nelson Homero Castro, alias "Licenciado". Un acusado identificado como José Benjamín Rubio sigue sin ser ubicado por las autoridades. La jueza autorizó una orden de captura contra él.

La fiscalía expuso ayer en la audiencia las declaraciones de Marcos y Mariano, dos testigos protegidos que dan fe de las transacciones de droga que hizo la red entre 2007 y 2008. La hipótesis de la FGR es que los procesados obtuvieron, con ese dinero del narco, inmuebles y vehículos en San Salvador, San Miguel, San Vicente y Usulután. Entre las propiedades está pista de carreras cuarto de milla, ubicada en el cantón Anchico, de San Miguel. Los imputados se exponen a otra pena máxima de 15 años de cárcel por lavado.

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