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Jueza visita presa El Chaparral para inspeccionar zona de construcción

La visita se dio como parte del parte del proceso judicial abierto por supuestos actos de corrupción, cometidos durante el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). 

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Foto de archivo

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La jueza Novena de Instrucción de San Salvador, Nora Montoya, visitó este viernes el terreno donde se encuentra el proyecto de la presa El Chaparral, en San Luis la Reina, en San Miguel, para hacer una inspección, como parte del proceso jucidial abierto por supuestos actos de corrupción, cometidos durante el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). 

Montoya, encargada de este proceso judicial, realizó la inspección por la mañana, después de que la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le solicitara efectuar la diligencia para que se puedan embargar los bienes que dejó abandonados ASTALDI en la zona del proyecto. 

Esta empresa, según registros oficiales, se encargó de iniciar los trabajos en la obra que se encuentran detenidos desde 2015, según las autoridades de Gobierno. 

Durante el recorrido, Montoya conoció los sectores del campamento de la obra, la subestación de electricidad, el ciruito trifásico de 23 kilómetros, la grúa de la torre instalada en el lugar, una bodega, una planta dosificadora y una trituradora para combustible.

Las autoridades fiscales sostienen que todos estos bienes, al igual que los trabajos en la obra, también se encuentran inmoviliazos desde 2015. En el recorrido participaron todas las partes involucradas en este proceso judicial, tales como autoridades de la FGR, querellantes y CEL. Únicamente la defensa del caso no estuvo presente. 

En su acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el expresidente Mauricio Funes recibió un soborno de $ 3.5 millones, junto con otros exfuncionarios ligados a esta investigación, para hacer una modificación ilegal al contrato de la obra, suscrito con la empresa ASTALDI, y así contnuar con la construcción de El Chaparral. 

Luego de firmar un contrato por $ 219 millones por la construcción de la presa, ASTALDI adujo en 2012 que necesitaba $ 108 millones más para no detener labores en la zona del proyecto. La empresa italiana explicó que requería de esa cantidad porque la montaña sobre la que levantaría el embalse se había movido. 

Aun siendo ilegal esa modificación, el expresidente Mauricio Funes pactó el desembolso a cambio del supuesto soborno, lo cual provocó que, un año más tarde, la Corte de Cuentas de la República (CCR) iniciara una auditoría en la cual detectó irregularidades en el proyecto.  

Por ese contrato, hay un proceso penal contra Funes, Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Miguel Menéndez, "Mecafé"; y Mario Pieragostini, de ASTALDI. Los otros dos imputados son Mitchell Guzmán, actual pareja de Funes; y José Quinteros, contador que trabajaba para ASTALDI. 

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