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Juezas se desligan de lento avance en uso de brazaletes

Juezas de Vigilancia Penitenciaria coinciden en que el beneficio de brazaletes electrónicos para imputados debe ser otorgado en las primeras etapas del proceso penal.
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Inútil. Juezas de Vigilancia Penitenciaria consideran que el brazalete es una medida inútil en esa etapa, porque los candidatos ya están listos para la libertad condicional.

Inútil. Juezas de Vigilancia Penitenciaria consideran que el brazalete es una medida inútil en esa etapa, porque los candidatos ya están listos para la libertad condicional.

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Los brazaletes electrónicos deben colocarse principalmente a imputados en la primera etapa del proceso como medida alterna a la detención provisional. Eso es lo que piensan tres juezas de Vigilancia Penitenciaria, quienes tienen a cargo el control y la vigilancia de los reos que ya han sido condenados.

Ana Ruth González Navarro, jueza Segunda de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, señaló que el brazalete electrónico “debería utilizarse como una medida alterna a la detención”. Eso significa, según ella, que “los jueces de Paz deberían ser quienes lo autoricen”.

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) adquirió en diciembre del año pasado 2,800 brazaletes electrónicos a un costo de $42 millones. La idea, según Marco Tulio Lima, titular de la institución, es descongestionar las cárceles al otorgar el beneficio de continuar con su condena fuera de prisión a los reos que ya cumplieron las dos terceras de la pena.

Sin embargo, hasta finales del mes pasado, Centros Penales solo había colocado 65 brazaletes, cuando la proyección era beneficiar con la medida a un promedio de 280 reos cada mes a partir de enero pasado. Lima ha descargado en los jueces de Vigilancia Penitenciaria la responsabilidad del avance del proceso, alegando que son ellos quienes no autorizan la salida de más reos con el dispositivo.

Una de las dos juezas de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, quien habló bajo anonimato, dijo que “para descongestionar el sistema, la DGCP debe también colocar los brazaletes en cada fase del proceso para garantizar que el imputado esté presente siempre; para eso no necesita la autorización de un juez”.

Agregó que “la aplicación de la medida del brazalete electrónico también debe ser impuesta por los jueces de paz, Instrucción y Sentencia”.

Otra jueza que tiene a cargo el control de los reos condenados coincidió en que ubicar los aparatos en la última fase es “inútil”, porque “si el equipo técnico criminológico nos está diciendo que el reo ya hizo los programas, es innecesario colocar el brazalete, pues siempre es candidato de gozar la libertad”. Agregó que para dar ese beneficio de carácter condicional es requisito “tener un dictamen favorable de los consejos criminológicos de cada centro penitenciario donde está recluido el reo”.

La jueza Navarro, quien aseguró que ha avalado “unos seis aparatos”, consideró que esos dispositivos pueden utilizarse en la fase de vigilancia, pero “debería ser una regla excepcional y no una condición genérica”.

“No a todos los que nos manden se los vamos a poner”, dijo y agregó que ha recibido “múltiples” solicitudes de colocación de brazaletes, puesto que el juzgado que dirige recibe un promedio de 60 peticiones de libertad condicional cada semana.

Sin embargo, Navarro reconoce que el uso del brazalete en reos en una “medida novedosa” en el país a la que habrá que acostumbrarse, pero reitera que el hacinamiento carcelario también se debe a casos que aún están en proceso, por lo que “debe capacitarse más a los jueces de Paz” para que valoren la medida. La jueza también señala que el proceso camina lento por errores “no del sistema”, sino en la capacitación de los agentes que se encargan de verificar los procedimientos.

Recordó el caso de la detención de Víctor Cárcamo, uno de los primeros beneficiarios con el brazalete electrónico, quien fue detenido la semana pasada en el mercado San Miguelito porque los policías le dijeron que en el sistema aparecía que tenía una orden pendiente por extorsión, pese a que él les explicó que gozaba de libertad condicional.

“El caso de ese joven no fue error de quien controla, sino de los agentes que lo detuvieron. Nosotros dimos un informe donde dictamos las restricciones y ellos lo tomaron como una orden pendiente. Falta capacitación”, aseguró la jueza Navarro.

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