Juicio de cuentas a mop por terminal sitramss

Es el monto cuestionado en examen especial de CCR. Auditores señalaron, entre otras cosas, que VMT prefirió declarar caducidad de contrato que percibir $153,500.
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Los auditores de la Dirección de Auditoría cinco de la Corte de Cuentas de la República (CCR) encontraron 12 irregularidades en la ejecución de la fase 1 del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). Los montos señalados en cada una de las irregularidades, según determinaron los auditores, ascienden a un total de $5,287,310.42.

Estas son responsabilidad de los titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Gerson Martínez, y los viceministerios de Transporte (VMT), Nelson García, Vivienda y Desarrollo, Roberto Góchez, según el examen especial al contrato de préstamo 2572/OC-ES (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID) para ejecutar el SITRAMS fase I, período del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2014.

Tras los cuestionamientos, los funcionarios públicos deberán justificar en un juicio de cuentas por qué el proyecto se salió del presupuesto aprobado. El examen especial comienza describiendo que la empresa contratada, Control y Montajes Industriales de México (CYMIMEX), incumplió los tiempos pactados para entregar la construcción. Se retrasó tanto que tuvo que solicitar al VMT una prórroga, luego otra y hasta una tercera. Aún así, la constructora no logró concluir la obra.

Ante eso, el VMT tenía dos opciones, según la cláusula novena del contrato: imponerle una multa que ascendía a $153,500 o declarar en caducidad el contrato y deshabilitar a la empresa para no participar en otras licitaciones durante cinco años. El VMT prefirió declarar la caducidad (lea nota secundaria).

Los auditores señalaron, en el examen especial, que la primera irregularidad que encontraron fue que el VMT prefirió que el Estado dejara de percibir esos $153,500 y cerrar el contrato, lo que también significó una salida más económica para la empresa.

Declarar en caducidad el contrato, según los auditores, fue tan solo el inicio de otras irregularidades. El segundo hallazgo fue que el VMT no cumplió con el proceso establecido, sino que de una vez tomó la decisión de declarar en caducidad el contrato.

Al caducar el contrato, los auditores señalaron que el VMT también se quedó sin las garantías y multas a las que tenía derecho por incumplimiento de plazos para entregar la obra. El monto que el Estado dejó de percibir en concepto de multa por incumplimiento de plazos fue de $531,414.70.

Por si eso fuera poco, los auditores también señalaron que las tres prórrogas que el VMT concedió a CYMIMEX antes de declarar en caducidad el contrato no tenían justificación. Cuando los auditores revisaron, encontraron que la constructora no cumplía los requisitos para que se le otorgaran prórrogas.

Las irregularidades que los auditores encontraron van más allá de la caducidad del contrato, ya que también descubrieron que el VMT no contrató ninguna empresa para supervisar a tiempo completo la ejecución del proyecto. A cambio, el VMT designó a un supervisor ad honorem. Sin embargo, eso violaba lo establecido, tanto que hasta un especialista del BID se pronunció y dijo al VMT que tenía que contratar a una empresa para la supervisión.

Por esa llamada de atención del BID, el VMT contrató a la empresa ACCIONA, S. A. de C. V., para supervisar el proyecto. Esta empresa, según los auditores, cometió la irregularidad de aprobar una deficiente formulación de proyecto final (de la terminal del SITRAMSS en Soyapango) que hizo CYMIMEX. Como la empresa supervisora lo aprobó, el VMT también avaló el diseño deficiente.

Luego, CYMIMEX cambió el diseño final de la terminal al encontrarse con que los planos estaban mal y que el suelo necesitaba un tratamiento distinto porque la superficie era un relleno de basura. Ese cambio en el diseño lo realizó sin previa autorización del VMT, por lo que los auditores señalaron que el cambio también modificó el presupuesto.

Tras la caducidad del contrato con CYMIMEX, los auditores encontraron que el VMT contrató a la empresa DISA, S. A de C. V., pero no les quedó muy claro cuáles fueron los criterios para elegirla.

Sin adelantar criterio

El magistrado presidente de la CCR, Rodrigo Barahona, dijo ayer que sobre este caso y sobre cualquier otro que está en proceso no brindará ningún tipo de comentario o información.

“Quiero que quede claro a la prensa, somos jueces y no podemos adelantar criterio sobre este o sobre cualquier otro caso. Hay que dejar que los procesos continúen”, dijo Barahona.

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