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Juzgado analiza traspasar bienes de Astaldi a CEL en caso El Chaparral

CEL solicita a juzgado encargado del proceso que le pase los bienes de la empresa Astaldi abandonados en El Chaparral. Jueza realiza inspección para ver el estado de la maquinaria que pide CEL y valorar si acepta petición. La defensa espera resolución.

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Sobornos.  La FGR cree que El Chaparral sirvió para que Mauricio Funes y cinco cómplices pactaran un soborno de $3.5 millones.

Sobornos. La FGR cree que El Chaparral sirvió para que Mauricio Funes y cinco cómplices pactaran un soborno de $3.5 millones.

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El Juzgado Noveno de Instrucción se trasladó ayer de San Salvador a San Luis de La Reina, en San Miguel. El propósito: analizar el estado actual de los bienes que la empresa Astaldi dejó en la presa hidroeléctrica El Chaparral, ligada a una red de sobornos que, según la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó el expresidente Mauricio Funes, en 2012.

La revisión de los bienes respondió a una petición que hizo el 21 de octubre pasado la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que forma parte acusadora en la investigación que la Fiscalía abrió contra el expresidente Funes y otros cinco. El ministerio público sostiene que la constructora pagó a exfuncionarios un soborno de $3.5 para recibir un excedente ilegal de $45 millones por la terminación del contrato con la obra inconclusa.

La CEL pidió al juzgado que todos los bienes que dejó Astaldi en El Chaparral pasen a su propiedad en calidad de depósito, mientras avanza el proceso judicial. La solicitud de la institución incluye un circuito trifásico de 23 kilómetros, subestación eléctrica, bodega, campamento, grúa de torre y plantas dosificadora, trituradora y para combustible. Algunos bienes están inmovilizados desde 2015 y otros desde 2016, por órdenes del Juzgado de Paz de San Luis de La Reina (San Miguel).

"Se inmovilizó alguna maquinaria (por juzgado migueleño) y estamos analizando la posibilidad de devolvérsela a CEL para pueda, en depósito, utilizarla. Esta es maquinaria que tiene que dárselo mantenimiento", explicó Nora Montoya, titular del Juzgado Noveno de Instrucción, a cargo del proceso de investigación. La jueza estuvo acompañada en el recorrido por representantes de la FGR, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), un abogado defensor y delegados de CEL.

Aunque la institución busca que los bienes pasen a sus manos, voceros explicaron que por el momento no pueden establecer el valor que suman todas las propiedades de Astaldi inmovilizadas. Según explicó CEL, en 2015 hubo un peritaje que estableció el valor total de los bienes, pero debido a que las propiedades están inmovilizadas no han tenido mantenimiento. Aclararon que un nuevo análisis debe determinar el valor.

Orlando Quijano, gerente legal de la CEL, dijo que la solicitud de embargo busca recuperar bienes que deben pertenecer al Estado: "Lo que la querella de CEL está solicitando es justamente que se decrete el embargo sobre los bienes, para asegurar que sirva al menos para recuperar algo de lo que se ha robado en este proyecto".

Agregó que no saben si la maquinaria de Astaldi todavía puede ser utilizada para la construcción de El Chaparral. "Creería yo que eso va a depender de un dictamen de un técnico especialista en la materia, que pueda determinar si la maquinaria como tal funciona. Entendería que en ese dictamen probablemente alguna de ella se pueda reparar, y otra quizás no tenga ningún tipo de funcionamiento", dijo.

En la inspección, que incluyó un recorrido aéreo en helicóptero, también estuvo representada la defensa, aunque solo acudió el abogado Ricardo Cruz, defensor de Mario Pieragostini. Explicó que esperará la resolución de la jueza a la petición de CEL y añadió que la inspección le servirá para comprobar si las maquinarias de Astaldi han tenido el mantenimiento necesario mientras han estado incautadas.

Los acusados por corrupción en El Chaparral son Leopoldo Samour, (por peculado y agrupaciones ilícitas); Funes y "Mecafé" (lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y peculado); Mario Pieragostini, representante de Astaldi (cohecho activo); José Quinteros, excontador de Astaldi, y Ada Mitchell Guzmán, actual pareja de Funes (lavado de dinero).

La FGR señala que CEL solo debía cancelar a Astaldi $63,255,582 correspondientes al 31.52 %, pero pagó $108,500,000: $45,244,418 más comparado con el avance real de la construcción, que en 2012 tenía retraso del 68.48 %. El Gobierno ha pedido a la Fiscalía que la investigación incluya a la administración de Salvador Sánchez Cerén.

Según Orlando Quijano, el Estado ha gastado $785 millones en El Chaparral hasta la fecha. Una auditoría determinará el costo final y la fecha de finalización de la construcción, dijo ayer.

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