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Juzgado militar absuelve a cinco por hurto de granadas

Decisión no afecta el proceso penal contra los militares en juzgado común
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Detención. El Juzgado de Primera Instancia Militar tuvo bajo su cargo el caso desde hace más de un año. Seguirá en el Juzgado Especializado de Instrucción de la capital.

Detención. El Juzgado de Primera Instancia Militar tuvo bajo su cargo el caso desde hace más de un año. Seguirá en el Juzgado Especializado de Instrucción de la capital.

Juzgado militar absuelve a cinco por hurto de granadas

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El Juzgado de Primera Instancia Militar absolvió a cinco militares al considerar que no había pruebas suficientes para comprobar que los acusados habían hurtado unas 8,000 granadas M-67 que debían ser destruidas.

La resolución del juzgado, tomada el viernes 31 de agosto, afecta únicamente a la carrera militar de los acusados; sin embargo, no incide en nada en el proceso penal que se les sigue en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador.

Fuentes del tribunal detallaron que la prueba presentada en el caso no era suficiente para sostener los cargos de hurto militar en contra del sargento mayor primero Víctor Manuel Peña González; los cabos Jorge Nerio Lipe y José Alberto Flores Ramos; y los soldados José Luis Chacón y Ángel Pérez Ramos.

En abril de 2011, los militares fueron arrestados por autoridades de la Fuerza Armada (FAES) bajo la acusación de haber hurtado granadas M-67, después de encontrar 1,812 escondidas en diversos sacos cerca del lugar de demolición. La FAES, al momento de hacer públicas las capturas, dijo que los militares fingían las destrucciones de armamento.

A finales de mayo de 2011, el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, hizo pública la captura de seis militares cuando estos ya tenían casi un mes de estar detenidos. En ese momento, Munguía Payés dijo que habían evitado la comercialización de 1,800 granadas que habían ubicado ocultas en diversas zonas de la hacienda El Ángel, en Tapalhuaca (La Paz), donde la FAES destruye armamento.

Lo que no dijeron las autoridades militares es que sospechaban que la venta sí se había realizado. Meses después, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó diversos allanamientos para buscar la cantidad de granadas que realmente debía haberse destruido: más de 8,000.

La FGR admitió, en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, que algunas granadas M-67 ubicadas en varios hechos delictivos coincidían con los lotes que debían haber sido destruidos.

Aunque el armamento ya había cumplido su vida útil, y por ello se ordenó su destrucción, las fuentes judiciales añadieron que un peritaje en el proceso demostró que las granadas recuperadas eran funcionales.

Parte de la decisión del Juzgado de Primera Instancia Militar se basó, según las fuentes, en la exoneración que la Cámara Tercera de lo Penal hizo en marzo de 2012 a favor del sargento Gilberto Espinoza Hércules, acusado de ser el autor intelectual, debido a que la prueba para los otros era la misma.

Espinoza Hércules nunca pudo salir libre: un día después fue acusado en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador de supuesto tráfico de armas junto con los otros cinco militares y otras personas más. Todos siguen aún en prisión.

Tags:

  • FAES
  • militares
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