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Juzgado ordena capturar a hermano y a socio de Sigfrido Reyes

Resolución contra acusados estaba pendiente porque no enviaron abogado a audiencia.
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Custodia. PNC vigila la casa de Sigfrido Reyes, donde fue detenida la esposa del exlegislador, Susi Rodríguez, en la noche del 9 de enero pasado.

Custodia. PNC vigila la casa de Sigfrido Reyes, donde fue detenida la esposa del exlegislador, Susi Rodríguez, en la noche del 9 de enero pasado.

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El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador ordenó ayer la captura de Earle René Reyes Morales, hermano de Sigfrido Reyes; y a Byron Enrique Larrazábal, socio del político. La resolución contra ambos fue separada de las demás porque ninguno se presentó a la audiencia inicial que terminó el martes pasado ni envió abogado defensor.

El juez interino Omar Hernández basó la resolución contra Earle Reyes y Byron Larrazábal en la lectura del documento de acusación que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR). Son señalados de colaborar con Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, para adquirir terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un precio ilegal e introducir $6.5 millones ilícitos al sistema financiero.

Tras la resolución, el juzgado informó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) sobre las nuevas peticiones capturas del caso vinculado a Reyes. El organismo internacional dio por recibidas ayer las solicitudes y las va a analizar, junto con las de los prófugos Sigfrido Reyes y su asistente Karla Beatriz Recinos.

La justicia salvadoreña busca que la Interpol decrete una notificación roja que permita la detención a nivel internacional de los imputados para que enfrenten la etapa judicial donde la Fiscalía y la defensa amplían las investigaciones, denominada Instrucción. El proceso pasará a cargo del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador.

Las investigaciones fiscales consignan que Larrazábal y Sigfrido Reyes se aliaron por medio de las empresas TERREIN S.A. de C.V., EKO LIME S.A. de C.V. y LUBBEX S. A. de C.V. para intentar darle apariencia legal a fondos que el dirigente político obtuvo de manera ilícita. El exlegislador contó con apoyo de empleados del IPSFA y la Corte de Cuentas de la República (CCR), según la Fiscalía.

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