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Juzgado ordena recaptura de exalcalde de San Pedro Masahuat

El funcionario y otros concejales fueron sobreseídos en 2016 por el delito de peculado.
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El Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, ordenó ayer la recaptura del exalcalde de esa localidad Armando Vásquez, del exsíndico municipal Abelino Hernández Henríquez y del ex primer regidor Rigoberto López.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que la Unidad Penal de Estado notificó del veredicto, el cual fue dado durante una audiencia de reapertura, en la que también se decretaron las detenciones de Manuel Cornejo, Julio César Herrera, Álex Adonis González Arias, Baudilio Martínez y Salvador Obispo Vásquez, todos integrantes del ex concejo municipal de San Antonio Masahuat.

En la información publicada por la Fiscalía se explica que los imputados fueron sobreseídos provisionalmente durante una audiencia preliminar anterior, “porque en ese momento no se había terminado la pericia financiera con la que la Fiscalía comprueba que dinero proveniente del FODES fue transferido a cuentas personales de los imputados”.

El reporte también señala que “se demostró que $21,559.01 (por los que son procesados) no fueron utilizados para el pago de bienes o servicios de la alcaldía, sino usados para pagar préstamos personales que tenían los imputados”, detalló la FGR.

En ese contexto, el juez de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, localidad vecina de San Antonio Masahuat, les decretó detención provisional a cada uno de los imputados y a la vez ordenó la apertura a juicio por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública, agregaron.

Según el informe oficial, en 2014, la Fiscalía recibió una denuncia de parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en la que se presentó información de un acuerdo municipal con fecha de diciembre de 2012, en el cual Vásquez y su concejo habían erogado $21,559 en concepto de fondo de fiestas, apoyo a la agricultura, transporte y otras actividades.

Esto dio paso a realizar las pesquisas necesarias por parte de la Unidad Penal de Estado, que junto a la Unidad de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC determinó que dicha cantidad de dinero fue desviada para gastos personales de los concejales.

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