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Juzgado pide nombrar defensor público para Funes y su pareja, asilados en Nicaragua, para que los represente en el caso por corrupción en la presa El Chaparral

Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador inició la etapa de instrucción del caso por la supuesta entrega de sobornos en la construcción de la presa El Chaparral.

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Juzgado pide nombrar defensor público para Funes y su pareja, asilados en Nicaragua, para que los represente en el caso por corrupción en la presa El Chaparral

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador resolvió solicitar a la Procuraduría General de la República que nombre un defensor público para que represente al expresidente Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, en el caso que enfrentan por la supuesta corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.

La jueza Íngrid Fuentes resolvió en enero pasado decretar la detención provisional contra Funes y Guzmán, por lo que ordenó notificar a la Policía Nacional Civil (PNC), Migración y la sede salvadoreña de la Policía Internacional (INTERPOL) las órdenes de captura internacional para ambos. Los dos se encuentran asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a principios de este año a Funes, Guzmán, Miguel Menéndez –mejor conocido como “Mecafé”–, Leopoldo Samour –expresidente de CEL–, Mario Pieragostini y José Quinteros –estos dos últimos representantes de la consultora ASTALDI–, de haberse asociado para malversar fondos públicos.

La tesis fiscal es que el expresidente Funes promovió el pago de un excedente de dinero, de forma ilegal, desde las cuentas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) hacia la constructora ASTALDI por la obra inconclusa de la presa El Chaparral.

Según la acusación fiscal, Samour es el autor directo del delito de peculado (malversación de fondos públicos) y agrupaciones ilícitas; mientras que el exmandatario Funes y “Mecafé” deberán responder ante la justicia por influir en la malversación de fondos, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Pieragostini es imputado por cohecho activo (soborno); y José Quinteros y Guzmán son acusados como actores directos de lavar dinero.

El Juzgado Noveno de Paz dio por iniciada la etapa de instrucción del caso a partir del 13 de mayo pasado, por lo que la Fiscalía tiene seis meses para afianzar las investigación de la supuesta corrupción de los imputados.

La juez considera que "por ser un delito cuya investigación es compleja se deberá hacer uso de conocimientos de expertos en la materia respecto a los movimientos financieros, contables y otros ofrecidos por los incoados y con ello determinar si su accionar se adecua o no a los delitos”.

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