Juzgado rechazó liberar $312,500 de una cuenta de Saca

La defensa explicó que el dinero en una cuenta inmovilizada por el proceso penal es parte de una empresa que corre riesgo de caer en impago.
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La defensa del expresidente Antonio Saca pretendía que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador le quitara la medida cautelar a una cuenta bancaria con la suma de $312,500 de la Sociedad Promotora de Comunicaciones, propiedad del exmandatario.

“Con la finalidad de que la sociedad no caiga en impago de sus obligaciones y ya no pueda continuar brindando el servicio de radiodifusoras”, reza como justificación el escrito presentado por la defensa y que fue resuelto por el juzgado el 30 de junio pasado.

Sin embargo, el juez que conoce el caso rechazó la petición, porque consideró que los abogados no demostraron que la empresa presente dificultades de pago. Además, la documentación anexada para demostrar las irregularidades reflejó los gastos de la empresa y no así de ingresos o utilidades de 2015 y 2016.

Los abogados tampoco presentaron documentos para demostrar que la sociedad está en mora con alguna empresa o institución. “La resolución del juzgador establece que para dejar sin efecto la inmovilización de la cuenta debe constar de todos los soportes de documentos que permitan acreditar que han variado las razones que motivaron adoptar la medida cautelar en el depósito a plazo fijo, por lo que rechaza y ratifica la inmovilización del producto financiero”, señaló el juez.

Gerardo Antonio Saca Mixco, hijo del expresidente Saca, hizo el 5 de mayo pasado la misma solicitud en un escrito donde pidió dejar sin efecto la medida cautelar para, supuestamente, cumplir compromisos financieros de la sociedad.

El juez también rechazó esa petición, porque alegó que Saca Mixco no es parte del proceso penal que enfrenta el exmandatario. El juzgado explicó que una solicitud de revisión de medidas cautelares tiene que cumplir ciertos requisitos; por ejemplo, que tiene que ser el abogado o el fiscal quien solicite la audiencia.

En noviembre de 2016, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó la inmovilización de al menos 14 cuentas bancarias a nombre de Saca y de tres exfuncionarios de su administración acusados de desviar el dinero del Estado hacia cuentas personales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, días después, que Saca autorizó el depósito de este mismo dinero a 17 personas más, incluyendo su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca.

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