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Juzgados comunes decidirán sobre hechos de guerra

Anteproyecto de ley no crea jurisdicción especial. Se contempla indemnizar a víctimas y que, junto a sus familiares, tengan acceso preferente a vivienda, educación y créditos.

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Presentación. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, presentó a la comisión política el anteproyecto de ley especial de justicia transicional.

Presentación. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, presentó a la comisión política el anteproyecto de ley especial de justicia transicional.

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A cuatro días de que se venciera el plazo dado para que se apruebe una ley de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, la comisión política conoció un anteproyecto que formuló el equipo designado por la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Sin el establecimiento de una jurisdicción especial para que se juzguen los hechos de guerra, estos deberán ser juzgados en las instancias comunes con lo que estipulan los códigos penales de 1974 o de 1998, según se aplique a cada caso.

Aparte, de aprobarse la ley tal como fue presentada en lo relacionado al juzgamiento de los casos, las penas podrán reducirse hasta su quinta parte "si la persona procesada cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos y cuando fuere posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos".

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, defendió que el anteproyecto presentado retoma principalmente las peticiones de las víctimas y que cumple con los parámetros dictados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Puedo asegurar que la ley en términos generales lleva un 90 % del insumo que habían presentado las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y un 10 % de lo que tenía la ley que había propuesto la subcomisión política... Lo que se está diciendo dentro de la ley, tal como lo ordena la Sala, es que se están modulando las penas de acuerdo a la colaboración, si no hay colaboración por supuesto que le cae todo el peso de la ley en los términos que determine el juez", aseguró el presidente del Parlamento.

La formulación de la ley para la reconciliación nacional ha estado envuelta en la polémica, especialmente porque los diputados le han dado largas a este temas y, en ocasiones, lo manejaron con cierto secretismo, de hecho, la elaboración de este anteproyecto se manejó entre un grupo pequeño de personas y fue hasta ayer que el resto de fracciones lo conocieron.

En ese sentido, el representante de organizaciones sociales y uno de los peticionarios de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, Benjamín Cuéllar, se refirió a lo presentado.

Específicamente habló sobre el plazo de seis meses que se le da a la Fiscalía General de la República (FGR) para la presentación de denuncias de casos que reúnan las características de ser crímenes de guerra o de lesa humanidad.

"Puede ocurrir prescripción de los delitos, aunque diga aquí que no prescriben, puede haber prescripción si en el plazo de seis meses a un año el fiscal no investiga y no llegue a la conclusión de que es un crimen de lesa humanidad", expuso Cuéllar.

También consideró que en instancias ordinarias será complicado procesar estos casos debido a la carga laboral que ya poseen. "No hay capacidad, no hay recursos para avanzar en esto", concluyó el peticionario de la inconstitucionalidad de la amnistía.

El asesor de la presidencia del Parlamento, Óscar Luna, trató de explicar porqué se excluyó crear una jurisdicción especial, aunque dijo que el texto final del documento estuvo a cargo de la comisión política.

"La verdad que creo que sí es importante, de alguna manera se ha considerado que los jueces de lo penal tienen competencia para conocer estos crímenes... Se consideró que era suficiente con la competencia de los jueces en materia penal... La ley quizás no sea la más perfecta pero sí lleva un espíritu conciliador, un espíritu del cumplimiento de los derechos de las víctimas", dijo Luna.

La Sala dio el 28 de febrero como último día para que el país tenga aprobada esta ley. En el anteproyecto presentado se establece que la normativa entrará en vigencia 60 días después de que se publique en el Diario Oficial y permanecerá durante diez años.

"Esta es una ley de cierre y lo deben de entender, es una ley de cierre", dijo Ponce.

En el articulado del anteproyecto se han incluido varios apartados a definir medidas de reparación, de preservación de la memoria histórica y de garantías de no repetición de los hechos.

En las primeras se contempla reparación económica como la entrega de indemnizaciones; reparación psicosocial como el acceso preferente de educación para víctimas y sus grupos familiares, a vivienda, a tierras y a créditos productivos y empresariales; reparación para personas reencontradas como la restauración de la identidad de estos y la entrega de una indemnización especial aparte de la antes mencionada, entre otros.

Tras la presentación del anteproyecto de ley, los diputados socializaron con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Para hoy se programó otra ronda de socialización con organizaciones defensoras de Derechos Humanos y con abogados constitucionalistas.

Al cierre de esta nota, la Presidencia de la República no había emitido pronunciamiento alguno sobre las discusiones preliminares sobre este tema que se tienen en la Asamblea.

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