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La Corte declara inexistente información patrimonial de todos los ministros de Bukele, Ley les manda cesar funciones si no cumplen

Según la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, "los funcionarios y empleados públicos que esta ley determina deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad" en los sesenta días siguientes a la toma de posesión de sus cargos. Sin incumplen se enfrentan una multa y un nuevo plazo para presentar la declaración, y si vuelven a negarse deben ser removidos de sus funciones.

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La Corte declara inexistente información patrimonial de todos los ministros de Bukele, Ley les manda cesar funciones si no cumplen. Foto de LA PRENSA/Archivo

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La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inexistentes las declaraciones patrimoniales de todos los ministros del Gobierno de Nayib Bukele, según consta en una resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial emitida el lunes 6.

La denuncia y el documento de la resolución fue difundido este miércoles por el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (ALAC-FUNDE).

"La Corte ha declarado inexistente la información patrimonial de todos los ministros y ministras del presidente Bukele. Dicha información permitió identificar casos de corrupción como el del expresidente Funes y Saca. La información era pública desde desde 2017", señaló ALAC.

Según la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, "los funcionarios y empleados públicos que esta ley determina deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad" en los sesenta días siguientes a la toma de posesión de sus cargos y sesenta días después de terminar los mismos.

Los ministros y viceministros  "están obligados a presentar declaración jurada del Estado de su  patrimonio", según el artículo 5 de la referida ley.

Dichas declaraciones deben contener una relación y estimación de sus bienes y de los créditos a su favor o en su contra, los bienes y los créditos a favor o en contra de sus cónyuges y de sus hijos, de los salarios devengados, rentas obtenidas particularmente y de su procedencia, acciones y participaciones sociales propias y de sus parientes.

De acuerdo con la resolución difundida hoy, la solicitud de información con fecha del 16 de agosto de 2021 buscaba obtener la versión pública de las declaraciones de patrimonio presentadas por:

  • Rolando Alfredo Martínez Pineda, exministro de Agricultura y Ganadería.
  • Franklin Alberto Castro Rodríguez, exdirector general de Correos.
  • Juan Carlos Bidegaín Hananía, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
  • Patricia Leonor Comandari Zanotti, viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica.
  • Funcionarios actualmente nombrados por el presidente Bukele en el año 2021.

Sin embargo, la respuesta de  la Sección de Probidad fue que "ninguna institución los ha reportado como obligados a presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio" y "por eso no se entregan, ya que es información inexistente".

El artículo 17 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito también establece que la Corte impondrá multas de cien a cinco mil colones a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado y les fijará un nuevo plazo prudencial para que lo efectúen.

Si esto no ocurre, el funcionario o empleado público "cesará en su cargo" si dentro de plazo prudencial no delcara en forma legal el estado de su patrimonio. Solamente quedan exceptuados los funcionarios de elección popular y los elegidos por votación nominal y pública de la Asamblea, quienes "únicamente incurrirán en una multa de quinientos a diez mil colones". 

Sin embargo, al no ser los ministros y viceministros de Bukele funcionarios de elección popular, ni por votación en la Asamblea, se enfrentan al cese de sus funciones si no cumplen con la ley, de acuerdo con dicho artículo.

En julio de este año, Bidegaín presentó ante la Asamblea un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) con "especiales instrucciones" del presidente Nayib Bukele, y en estas se incluía que se declararan confidenciales las declaraciones patrimoniales de probidad del inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, incluyendo sus adendas.

Las reformas fueron rechazadas ampliamente por organizaciones, medios de comunicación y juristas, por lo que el documento con la petición de reformas fue retirado de la web de la Asamblea, modificado y vuelto a publicar con la fecha original de recibido pero sin lo relacionado a la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales.

En octubre de 2020, la Corte declaró reservadas las adendas de los exámenes patrimoniales de Bukele correspondientes a su período como alcalde de Nuevo Cuscatlán y desobedeció una resolución definitiva del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ordenaba entregar una versión pública de lo solicitado por una ciudadana.

Además de los ministros y viceministros, deben presentar su declaración patrimonial  los presidentes de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el vicepresidente de la República, los diputados,los secretarios de la Presidencia, los magistrados de la Corte, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, los jefes de misiones diplomáticas, el presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, el fiscal general y fiscales adjuntos, los procuradores, el presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

También, los directores y subdirectores generales, delegados y subdelegados, presidentes directores y gerentes de las instituciones autónomas, el rector y vicerector de la Universidad de El Salvador así como los decanos de las facultades, los miembros del Tribunal de Apelaciones de impuestos internos, peritos y auditores fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos, los administradores y contadores del Servicio de Aduanas, los administradores de Rentas Departamentales, los miembros de Consejos Municipales, los comandantes de las Unidades Militares Supreriores, jefes y oficiales que desempeñen funciones administrativas y manejen fondos del estado.

Se suman "todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos municipales" que manejen fondos públicos o municipales o fondos particulares encomendados o administrados por el Estado.

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