La FGR dice que traslados se aprobaron en cinco minutos

La acusación de la FGR se enfoca en el inicio de la tregua, en marzo de 2012, con el traslado de 30 cabecillas desde el penal de Zacatecoluca.
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El Consejo Criminológico Regional de San Vicente, que tenía a cargo la evaluación de los expedientes de los internos del penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca (La Paz) trabajó a presión el 8 de marzo de 2012, según el requerimiento que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la semana contra 21 personas, en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador. Sus resoluciones eran clave en el traslado de 30 cabecillas desde esa prisión a otras de controles menos severos e iniciar así la tregua.

El 8 de marzo de 2012, según el requerimiento de la FGR al que este periódico ha tenido acceso, el Consejo Criminológico Regional estuvo en el penal de Zacatecoluca hasta las 8:23 de la noche emitiendo resoluciones que avalaban los traslados de los cabecillas. “Ya en fecha 8 de marzo de 2012, luego de otra serie de resoluciones emitidas cada cinco minutos, se llega a avalar los traslados de otro grupo de pandilleros”, reseña literalmente el documento.

La tregua entre pandillas posibilitó pasar de un promedio diario de homicidios de 13 o 14, a cinco víctimas por día, luego de que la treintena de cabecillas salieron del penal de Máxima Seguridad. La FGR ha acusado ahora a empleados de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), exfuncionarios, oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) y al mediador de la tregua, Raúl Mijango, de violar la Ley Penitenciaria e introducir objetos ilícitos, entre otros delitos.

Previo a avalar los traslados, los miembros del Consejo Criminológico de la DGCP debían contar con un dictamen favorable emitido por el Equipo Técnico del Centro Penal.

Según la FGR, el penal de Zacatelouca ni siquiera contaba con un Equipo Técnico y apenas fue designado en enero de 2012. El requerimiento plantea que las reuniones preparatorias para la salida de 30 primeros cabecillas se llevaron a cabo los días 9,15,18 y 22 de febrero; y el 2, 6, 8 y 9 de marzo de 2012.

Tanto los miembros de Equipo Técnico como los del Consejo Criminológico fueron acusados por la FGR del delito de falsedad ideológica.

La Fiscalía también ha acusado a exdirectores de centros penitenciarios de permisividad en la introducción de objetos ilícitos, pese a que esa misma institución plantea en el requerimiento textualmente: “...todo lo cual, llegó a influir para que los directores de los diversos centros penales o de reclusión, se vieran obligados por órdenes de la superioridad, llámese general Munguía Payés, licenciado Nelson Rauda, inspector Anílber Eduviges Rodríguez, a permitir u obviar una serie de conductas...”.

En varias partes del requerimiento, la FGR identifica al exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, como parte de los acusados. Pero no lo acusó formalmente.

Munguía Payés, actual ministro de la Defensa Nacional, ha admitido en entrevistas que la tregua era una estrategia ideada por él, pero lo ha llamado “proceso de pacificación”. El funcionario ha manifestado que “nunca” fue informado de irregularidades ocurridas durante la tregua, como ingreso de teléfonos u otros aparatos de comunicación para los internos, o ingreso de visitas sin ningún tipo de revisión.

La FGR, por su parte, también negó a través de su unidad de comunicaciones que haya sacado de la acusación en último momento a Munguía Payés.

El funcionario manifestó ayer: “¿Les parece lógico que un ministro de Justicia vaya a avalar la entrada de objetos ilícitos a centros penales? Eso es ridículo”, cuando fue cuestionado por varios medios de comunicación.

La FGR ha planteado en su requerimiento varios testimonios –de exempleados de la DGCP y exfuncionarios– que Munguía Payés supuestamente recomendó a varios directores de Centros Penales, durante la época de la tregua, no pedir nada por escrito.

La Fiscalía, sin embargo, ha obviado información planteada en su propio requerimiento. Así, el exdirector de la PNC durante la tregua, Francisco Salinas, y otros testigos entrevistados, han señalado que toda la logística de la tregua, así como sus recursos, se manejaron desde el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), a cargo de Ricardo Perdomo; y el Centro de Inteligencia Policial (CIP), bajo cargo del oficial Óscar Aguilar, uno de los acusados y subalterno de Munguía Payés. Según el requerimiento, además, el encargado de toda la logística era Roberto Díaz Castillo, quien recibía dinero del Fondo de Actividades Especiales de la PNC.

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