La Policía salvadoreña tiene la obligación de actuar”

La PNC ya tiene documentación para hacer efectiva, con el aval de un juez, la captura de militares por el asesinato de sacerdotes jesuitas, dice abogada.
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La Policía salvadoreña tiene la obligación de actuar”

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Almudena Bernabeu es una de las abogadas querellantes en el caso por asesinato y terrorismo abierto contra militares salvadoreños en la Audiencia Nacional de España. Bernabeu defiende que la solicitud de extradición de los oficiales acusados de la masacre de la UCA es un paso posterior a los arrestos, los cuales, dice, la Policía salvadoreña puede hacer efectivos una vez valide en un tribunal salvadoreño las peticiones que el juez español Eloy Velasco envió por segunda vez a INTERPOL.

Supimos que ya están en El Salvador las reemisiones de las órdenes de arresto que el juez Eloy Velasco hizo contra 17 militares salvadoreños. ¿Has confirmado que las órdenes están en poder de la PNC?

Ha habido dos pasos y eso ha llamado un poco a confusión. De nuestra parte, los querellantes, solicitamos al juez Velasco la reiteración de las órdenes; él siguió el proceso según las reglas españolas, que fue aceptar nuestra solicitud, luego dar traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que ellos se pronunciaran. Una vez estuvimos todo el mundo de acuerdo en que había lugar a que se reiteraran en virtud de la jurisprudencia que había sentado la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, entonces las órdenes salieron el lunes pasado. Yo sé que es confuso porque se dice con fines de extradición, entonces se piensa que las órdenes llevan aparejadas solicitudes de extradición, pero no es así. Y así funciona en materia de derecho penal internacional y de cooperación en nuestros países.

¿A quién le llegaron?

Llegan directamente a INTERPOL El Salvador y esta es la parte importante. Las órdenes están en El Salvador y son legales.

En El Salvador se habla de dos escenarios: uno es que con esas órdenes la PNC puede salir inmediatamente a arrestar a los militares. Otro es que INTERPOL debe volver al Órgano Judicial para que este decida, aunque ya la Corte dijo que arresto y extradición son actos jurídicos separados. ¿Qué toca?

Como funciona en todos los países del mundo es que, en efecto, INTERPOL tiene que judicializar esas órdenes: tiene que haber una autoridad judicial que conozca de estas órdenes para que la Policía ejecute los arrestos, no solo ni en función solo de la autoridad judicial española sino que con la autoridad de un juez salvadoreño que se convierta en el supervisor de estos arrestos y confirme que se debe proceder al arresto de estas personas; con esto la Policía salvadoreña tiene la obligación y el deber de actuar. Si luego la legalidad salvadoreña pide a ese juez que remita esas actuaciones a la Corte Suprema eso es otra cosa. El arresto es un acto estrictamente judicial aunque este caso tenga connotaciones políticas, porque las personas solicitadas en este caso son o han sido cercanas al gobierno o al partido de oposición. Pero esto es un acto judicial estrictamente y a la Corte no le compete en esta etapa pronunciarse sobre la extradición como hizo erróneamente la composición de la Corte de 2011.

Entendiendo que en este caso todas las cortes supremas salvadoreñas y fiscalías salvadoreñas han sido renuentes a arrestar, extraditar, aun a investigar. ¿Para qué este arresto?

Por eso la reiteración por parte del juez. España está intentando hacer valer sus leyes basada en la jurisdicción universal; está cumpliendo con todos y cada uno de los pasos procesales, y, sí, son procesos complejos, burocráticos. Pero para que de España puedan salir las solicitudes de extradición, que es el instrumento válido para que el juez Velasco pueda forzar a estas personas a que comparezcan como imputados en Madrid, es necesario que se materialice el arresto. No nos olvidemos que estas órdenes se han dictado sabiendo que estas personas están dentro de El Salvador y están ubicados, solo falta que se cumpla lo que la Corte de El Salvador ya ha dicho que acarrea esta orden, que es la aprehensión de estos individuos. Una vez las detenciones tengan lugar y estén provisionalmente bajo arresto, entonces el juez Velasco puede y debe, en el plazo de 45 días, presentar la solicitud de extradición. Solo entonces la Corte deberá conocer el fondo de la solicitud de extradición. Así funciona en todo el mundo. Y si la Corte después de eso dice que no, eso ya es otra conversación. No estamos en esa fase aún.

INTERPOL en efecto ha confirmado que buena parte de los militares están ubicados en El Salvador. ¿Cuál es tu expectativa sobre el rol que el gobierno del presidente Sánchez Cerén debería asumir en esto?

Como querellante no tengo una sensación de lo que debe hacer el Gobierno. No le corresponde en estos momentos al Gobierno intervenir políticamente. En este momento la única razón para que un ministerio interviniera es que hubiera algún tipo de irregularidad de la Policía salvadoreña, pero no parece que sea el caso; hablamos de una Policía que parece prudente, que ha recibido las órdenes y está esperando aclarar cuál es el proceso. Por integridad del Poder Judicial y de la institucionalidad de El Salvador tampoco conviene que el Gobierno (Ejecutivo) se pronunciara ahora mismo. Cuando llegue la solicitud de extradición después de los arrestos entonces sí que los ministerios de Seguridad o Justicia y la cancillería tendrán su labor. Tampoco soy ingenua, estamos hablando de exmiembros del alto mando y esto es en sí mismo un caso político, pero en este paso me gustaría defender lo jurídico, que se entienda que hablamos de la aplicación de leyes, que hay mérito para solicitar el arresto de estas personas y que hay muchas investigaciones en un caso que es especialmente doloroso para El Salvador y España. Estos arrestos no son vendettas o rencillas, son actos estrictamente policiales y judiciales.

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