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La audiencia que tuvo a un ex fiscal general como acusado

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La audiencia que tuvo a un ex fiscal general como acusado

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Ayer ocurrió algo inusual en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. La jueza del Juzgado Séptimo de Paz tenía en el banquillo de los acusados a un ex fiscal general de la República y a siete personas más.
 
  Los acusados, a diferencia de la mayoría de los imputados que son presentados a los tribunales capitalinos, no iban encadenados, solo llevaban esposas y no lucían calzonetas blancas. Estos imputados llegaron con pantalones negros, camisas blancas manga larga, y zapatos lustrados. Los procesados eran el ex fiscal general Luis Martínez; uno de sus hombres de confianza: el ex jefe fiscal de la Dirección de Intereses del Estado Julio Arriaza; los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco Rais;   los abogados Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, Héctor Francisco Grimaldi Membreño y  Luis Ernesto Peña Ortiz;  así como Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón. La presencia de estas personas en calidad de imputados congregó a un centenar de periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas, que llegaron a la sala de audiencias alrededor de las 9 de la mañana.
 
  Veinte minutos más tarde decenas de empleados de MIDES, la empresa de Rais, se apostaron frente a tribunales. Con pancartas en manos tardaron poco tiempo en hacer una fila y argumentar que el dueño de la empresa para la que trabajan, Enrique Rais, es inocente. La Fiscalía lo acusa de tres delitos: falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo.
 
   “El corazón noble de un guerrero no se doblega ante la injusticia” era parte de los mensajes que expresaban en los carteles. Estas personas  se mantuvieron frente a los tribunales hasta el mediodía.
 
   A las 10:15 de la mañana una fila de patrullas se abrió paso para ingresar al recinto judicial. Lo hicieron por el sótano, donde los periodistas no tenían acceso, y  subieron a los imputados por el ascensor de jueces. El personal de comunicaciones del centro judicial se encargó de llenar de advertencias a los periodistas: no hubo acceso para camarógrafos a la sala de audiencias y prohibieron el uso de los teléfonos celulares a los reporteros que intentaban tuitear o enviar notas desde la sala de audiencias. 
 
   El 2 de diciembre de 2015, cuando  Luis Martínez aún estaba a la espera  que la Asamblea Legislativa decidiera quien tomaría las riendas de la Fiscalía, publicó en su cuenta de Twitter la  expresión “¡A la carga rinocerontes!”, ya que desde el inició de su gestión el exfiscal adoptó el rinoceronte como una especie de inspiración para desempeñarse en su ejercicio como abogado.  Ayer, en la sala de audiencias, Martínez observaba a los abogados que una vez estuvieron bajo su orden, pero que esta vez se encargarían de acusarlo de dos delitos que implican penas entre dos y 10 años de cárcel.
 
Cuando el reloj marcó las 11:15 de la mañana, un agente policial quitó las esposas al exfiscal y a los otros detenidos. Martínez miró a sus padres, quienes estaban en la primera fila de la Sala 4-D, e hizo una señal de negación. Dijo a una reportera de televisión que iba a “desenmascarar a los que vamos a desenmascarar” y que consideraba que el proceso en su contra era parte de una persecución. 
 
  Casi dos horas después de la señalada, la jueza del Juzgado Séptimo de Paz entró a la sala y se dio por iniciada la audiencia. De los 11 implicados en la red Rais-Martínez, nueve están detenidos, sin embargo, ayer solo ocho fueron llevados al tribunal, ya que el exjuez Romero Aurora Giammattei se encuentra ingresado en el hospital Rosales. También hace falta se hagan efectivas las órdenes de captura del médico forense Néstor Francisco Guillermo Chicas y del exjuez suplente Mauricio Antonio Álvarez.
 
    Iniciada la audiencia la jueza pidió reunirse con la partes técnica, es decir los abogados defensores y la representación fiscal. Tras esa reunión, dio un período de 20 minutos para que la defensa hiciera algunas llamadas. Una especie de receso, el primero de cuatro que serían otorgados en toda la audiencia. Martínez salió del área donde estaba y se dirigió nuevamente  a sus padres.  La escena terminó con un abrazo. Luego llegó el receso para la hora del almuerzo, cuando los imputados recibieron sodas y agua embotellada.
 
   A las 2:41 de la tarde, la jueza de paz dio por reiniciada la audiencia y se pasó a la fase de presentación de incidentes. Inició la  Fiscalía General de la República (FGR). Los fiscales pidieron, entre otras cosas, que se corrigiera el nombre del exfiscal Martínez, que en el requerimiento fue mal redactado. La principal prueba de la Fiscalía es una serie de escuchas telefónicas, por lo que pidió a la jueza que autorizara la reproducción de estas antes de decidir si los procesados serán enviados a prisión o si les concederá medidas sustitutivas.
 
   “Solicitamos a su señoría que escuche esos audios de intervención telefónica. Muchos de ellos que se han detallado en la relación circunstancial de los casos, su señoría, podrá verificar que no son muchos audios; pero los que se han señalados son de vital importancia para demostrar la existencia de los delitos que se le están atribuyendo a cada uno de los imputados. Solicitamos que autorice la reproducción del material para que la defensa y toda la sociedad pueda tener conocimiento de los audios en los que se ha establecido la participación delincuencial de los imputados que están siendo acusados en este caso”, expresó una de los cinco fiscales a cargo de ejercer la acusación en contra de los implicados en la red Rais-Martínez.
 
 Los fiscales también pidieron que se incluyera la sentencia del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), instancia que concluyó que el exfiscal “vendió justicia”. Precisamente la resolución del TEG fue porque el exfiscal usó los aviones de Enrique Rais para misiones oficiales y para viajes familiares, cuando el empresario era parte de procesos activos en la FGR que dirigía Martínez.
 
   Lo anterior sacó a la luz la  estrategia de la defensa,  la cual habían anunciado desde que llegaron:  sostienen que  ya venció el plazo para que los audios puedan ser utilizados como prueba.
 
Eran pasadas las tres de la tarde y a partir de ese momento los ánimos entre la defensa y la fiscalía se caldearon, porque los defensores señalaban que la acusación, a juicio de ellos, está plagada de ilegalidades.
 
La Fiscalía pidió que se tuviera como víctima del caso a Claudia Herrera, procesada en uno de los casos en los que la estructura supuestamente fabricó pruebas. Eso también generó otra protesta de parte de los abogados defensores de Enrique Rais, quienes argumentaron que ese caso sigue en proceso judicial y que todavía no hay una sentencia en firme para que se considere a Herrera como víctima. La abogada Bertha Deleón llegó a la audiencia como representante legal de Herrera, pero el abogado José Edgardo Campos Ventura pidió que no se permitiera su participación. “Ella no tiene absolutamente nada que hacer aquí”, dijo el  defensor.  La jueza le pidió a ambas partes “que se comportaran de acuerdo al grado académico que ostentan”.
 
   Luego la defensa insistió: “Para qué vamos a oír esos audios... Nos oponemos”, reiterando que es una evidencia que ya no puede ser usada porque su vigencia finalizó en abril de 2015.
 
 Pasadas las 4 de la tarde la jueza anunció que suspendería por 5 minutos la audiencia porque había surgido “un inconveniente” en su juzgado. El receso se alargó hasta las 4:50 de la tarde. La audiencia inicial continuó con los incidentes. A diferencia de otros casos, la mayoría de los acusados ejercían su propia defensa porque son abogados. A las 10 de la noche la audiencia continuaba. Ya habían transcurrido más de 10 horas en la audiencia en la que por primera vez se acusa a un ex fiscal general. Al no poder resolver todos los incidentes, la jueza decidió suspender y continuar hoy a las 10 de la mañana.

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