La deuda de reconstruir las escuelas

Los terremotos de 2001 dejaron daños en 2,144 escuelas del país. Quince años después, varios alumnos siguen recibiendo clases en aulas “provisionales” de lámina y madera.
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Adaptación. Docentes y alumnos han tenido que adaptarse a la infraestructura que resultó dañada tras los terremotos de 2001.

Adaptación. Docentes y alumnos han tenido que adaptarse a la infraestructura que resultó dañada tras los terremotos de 2001.

Inadecuadas. Las aulas del Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez, en San Vicente, son inadecuadas para desarrollar con eficacia el proceso enseñanza-aprendizaje.

Inadecuadas. Las aulas del Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez, en San Vicente, son inadecuadas para desarrollar con eficacia el proceso enseñanza-aprendizaje.

Problema legal.  El Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez, de San Vicente, funciona en un local del Ministerio de Gobernación desde 2001.

Problema legal. El Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez, de San Vicente, funciona en un local del Ministerio de Gobernación desde 2001.

Sofocante.  El calor se vuelve insoportable en las aulas habilitadas desde los terremotos de 2001 en varias escuelas. No hay planes de reconstrucción.

Sofocante. El calor se vuelve insoportable en las aulas habilitadas desde los terremotos de 2001 en varias escuelas. No hay planes de reconstrucción.

En desuso. Parte de los baños del Complejo Escolar Doctor Victoriano Rodríguez.

En desuso. Parte de los baños del Complejo Escolar Doctor Victoriano Rodríguez.

La deuda de  reconstruir las escuelas

La deuda de reconstruir las escuelas

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A las 8:23 a. m. de aquel martes 13 de febrero de 2001, la mayoría de los estudiantes estaban ya sentados en sus pupitres cuando un terremoto de 6.6 grados en la escala de Richter sorprendió al país. Los expertos dijeron, varias horas después, que el movimiento tuvo un epicentro en tierra firme en San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, por el reajuste de una falla geológica a unos ocho kilómetros de profundidad. Un mes antes, el país había sufrido ya un devastador sismo de 7.7 grados.

Esos dos movimientos de tierra provocaron daños en el 35 % de las escuelas del país. Las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), entonces, estimaron algún nivel de destrucción en 2,144 centros escolares, lo que dejó a 150,000 niños y adolescentes sin aulas.

Con el paso de los meses, Educación calculó que necesitaba 550 millones de colones (unos $62.8 millones) para poder reconstruir las escuelas dañadas por ambos sismos. La apuesta era reorientar fondos destinados para otros proyectos educativos y obtener ayuda de la comunidad internacional. Ambas estrategias funcionaron a medias, según se evidencia en varios centros escolares 15 años después de la catástrofe.

El terremoto de febrero de 2001 provocó los mayores daños en viviendas, edificios y escuelas de las zonas central y paracentral del país, principalmente en tres departamentos: La Paz, Cuscatlán y San Vicente.

Uno de esos centros educativos que resultó golpeado fuertemente por el segundo sismo fue el Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez, en San Vicente: el edificio donde funcionaba resultó totalmente inhabitable. Los alumnos y maestros fueron reubicados durante dos años en una cancha del casco urbano, después fueron trasladados a un edificio propiedad del Ministerio de Hacienda, donde funcionan hasta la fecha.

Quince años después, los 1,200 alumnos de ese centro escolar, que sigue con el título de “complejo educativo”, aún no cuentan con las condiciones adecuadas para educarse: los salones de clases que se crearon de forma temporal están colapsados desde hace años, hay hacinamiento y durante las épocas seca y lluviosa las afectaciones son considerables, según el director Francisco Ulises Reyes.

El maestro a cargo de administrar el centro de estudios dice que un edificio definitivo no ha sido posible “por falta de voluntad de parte de la actuales autoridades del MINED”, quienes, asegura, conocen la situación, pero un problema legal no permite realizar alguna inversión, pues el inmueble era de Hacienda y hace un tiempo fue dado en comodato al Ministerio de Gobernación, y aún no ha sido transferido a Educación.

“Los alumnos y maestros siguen mojándose cuando llueve y con un calor asfixiante en el verano, no solo por el hacinamiento que tenemos, sino porque las aulas de lámina, como ve, ya no son funcionales. Las reparamos, pero no dan más”, resume Reyes lo disfuncional del edificio.

Cándido Ernesto Campos, director departamental de Educación en San Vicente, está consciente del estado actual del Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez:

“Sabemos de las condiciones infrahumanas en las que están los alumnos y el personal docente en la Victoriano, pero ha habido una serie de coordinaciones que hemos hecho para avanzar en este tema. Lamentablemente no se logra resolver como quisiéramos, porque son casos que hemos retomado de otras gestiones, pero como ministerio ya tenemos incluso ofertas de financiamiento para construir en el lugar”, dijo.

Arcenio Olmes Carrillo, gobernador político de San Vicente, aseguró que solo faltan trámites de la oficina jurídica de Gobernación y del MINED para realizar los procesos correspondientes para el traspaso del inmueble, por lo que espera que en los próximos días se concrete la iniciativa.

Esa falta de legalización de los terrenos donde funcionan escuelas es una de las justificaciones que utiliza Francisco Castaneda, actual viceministro del ramo, para explicar la deuda de reconstruir los centros dañados, no solo en el terremoto, sino los que tienen más de 50 años de funcionar con limitaciones.

“No hubo una planificación para legalizar los centros escolares. Cerca de 3,000 escuelas no estaban legalizadas. Esa es una debilidad grande para no poder intervenirlas”, dijo el funcionario.

El ministro de Educación, Carlos Canjura, ha dicho que esa cartera de Estado necesita $500 millones para poder suplir toda la necesidad de infraestructura de los 5,134 centros escolares públicos del país.

Sin embargo, para este año solo tienen estimado invertir $25 millones en ese rubro.

Mientras ese proceso lleva su curso en el Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodríguez, y pese a las condiciones en las que se encuentra, más de 900 estudiantes se matricularon este año para ocupar las más de 37 aulas, de las cuales 25 son consideradas como improvisadas.

Un equipo de LA PRENSA GRÁFICA visitó el lugar y pudo observar las malas condiciones en las que se encuentra ese centro de estudios, donde los maestros tienen que ingeniárselas para poder llevar adelante el proceso enseñanza-aprendizaje de la mejor manera.

Se puede apreciar los techos agrietados y cuartos inadecuados para impartir clases; en cada cubículo hay cuatro ventiladores, pues la estructura compuesta por láminas y cuartos sin ventilación hace que se vuelva casi insoportable poder estar dentro de las aulas durante los días de mayor insolación, según comentó una profesora, quien pidió el anonimato.

Otro centro escolar de San Vicente que también funciona con limitaciones, 15 años después del terremoto de febrero de 2001, es el Centro Escolar Doctor Darío González.

Tras el sismo, el edificio donde funcionaba ese centro escolar quedó con una inclinación tal que pudo competir con la Torre de Pisa, de la región de Toscana, en Italia.

Ruby Ramírez, asistente administrativo de esa escuela, dice que el anterior edificio, que fue construido en 1957, colapsó con el sismo porque estaba sobre un terreno inestable.

Pese a que el centro escolar fue reconstruido, dos años después, se olvidaron de habilitar espacio para dos sectores indispensables para la enseñanza: el laboratorio de ciencias y la biblioteca.

“Esas dos áreas no funcionan porque están en áreas inadecuadas para poder atender a los alumnos: hay equipos y libros, pero no al servicio de los estudiantes. No usamos el laboratorio para impartir ciencias”, dice Ramírez.

Una parte del Centro Escolar Doctor Nicolás Aguilar, también funciona en galeras de madera y lámina a falta de aulas, desde hace 15 años. La escuela quedó totalmente inhabilitada desde el sismo de febrero de 2001; sin embargo, en 2011 recibió ayuda a través del programa Manos Unidas por El Salvador, del Banco Agrícola y de la Fundación de Vicentinos Residentes en el Exterior (FUVIREX). Se trató de la construcción de dos aulas permanentes.

Sin embargo, las necesidades de los más de 600 alumnos matriculados en ese centro escolar, que aún reciben clases en esas galeras donde el calor “se vuelve insoportable”, según uno de los maestros.

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