La espera por encontrar a un niño desaparecido

La mayor cifra de menores desaparecidos registrada por la Fiscalía General de la República corresponde a niños y niñas, entre los 13 y 17 años de edad. Pese a que ahora ya existe un Plan de Atención Urgente (PAU), este no funciona igual para todos.

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Adonay, un joven de 16 años, partió de San Ramón, Mejicanos, rumbo a la Terminal de Oriente de San Salvador, con destino a El Triunfo, en San Miguel, donde se encontraría con algunos familiares. Según relata su padre eso sucedió el sábado 17 de octubre y ese mismo día, a las 4:00 de la tarde, fue la última vez que supo algo de él.

"Mi hijo salió de aquí, de San Ramón, a la 1:20 de la tarde del sábado y desde entonces no he vuelto a tener información", cuenta don José Guerrero, de 41 años, mientras espera que las autoridades le den noticias sobre el paradero de su hijo.

“Las estrategias de protección son limitadas actualmente, sobre todo en los casos en los que la persona no denuncia por miedo y en la desaparición forzada”.

Beatriz Campos, representante PDDH

Al no tener información sobre Adonay, un día después, el domingo 18 de octubre, José llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar que estaba desaparecido. "Llamé al 911 y me dijeron que debía esperar 72 horas para poner la denuncia en la Fiscalía de Usulután", recordó.

Esa respuesta contradice al Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador (PAU), que fue integrado como una herramienta que debe ayudar en actividades coordinadas de búsqueda para permitir que los familiares de las víctimas no esperen un plazo tan largo para reportar y poner la denuncia, sino que se haga de manera inmediata.

José relata que, ante la negativa de la Policía de no tomarle la denuncia en el momento, tuvo que esperar angustiado hasta el martes 20 de octubre para proceder: "Me esperé el domingo y lunes, y luego me fui a denunciar al puesto policial de Mercedes Umaña, en Usulután".

También asegura que en ningún momento se le informó que existía un programa de urgencia que ayuda a la búsqueda de personas desaparecidas y que desde un inicio no se le brindó prioridad para encontrar a su hijo.

"El protocolo se aplicará a favor de toda persona desaparecida sin ninguna distinción", establece el PAU. Asimismo, hace énfasis en evitar obstáculos que impidan o dilaten la búsqueda.

CIFRAS DESALENTADORAS

Adonay, originario de Alegría, Usulután, estudiaba primer año de bachillerato en el Centro Escolar Cantón Yomo, del mismo municipio. Ahora se suma a la cifra de 104 menores desaparecidos que reportan las autoridades en lo que va d de este año.

Desde 2019 a la fecha, la Fiscalía General de la República reporta 1,099 casos de desaparición en niños y niñas que aún no cumplen los 18 años. De enero a diciembre de 2019 se registraron 769 casos, mientras que este año hay 330 denuncias.

Las cifras se vuelven un poco confusas porque hoy en día existen tres delitos relaciones a las desapariciones en El Salvador, los cuales son registrados por la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la FGR. Estos son: privación de libertad, desaparición de personas y desaparición forzada (ver recuadro).

Ante el incremento de personas desaparecidas se aprobó, en 2019, una reforma al Código Penal en la que se tipificó como delito la desaparición de personas y la desaparición forzada.

Ha pasado casi un mes desde la desaparición de Adonay, pero ni Policía ni Fiscalía se ha comunicado con la familia. "Los días han pasado y desde entonces no tengo ninguna información sobre él. Les he llamado para preguntar y solo me han dicho que tenga paciencia", cuenta José.

Albin Serrano, fiscal de la Unidad de Desaparecidos de la FGR, explica lo complejo que es el delito de privación de libertad, porque este, no solo afecta a la víctima, también genera preocupación en familiares y conocidos.

"Las primeras horas son cruciales. Una vez el tiempo va transcurriendo existe la posibilidad de afectar la vida de la persona consumándose en un delito de homicidio, o podrían ser delitos de índole sexual, o trata de personas", expuso.

Fiscalía también enfatiza el alto porcentaje de ausencias voluntarias que no constituyen delito. LA PRENSA GRÁFICA investigó al menos diez casos de menores desaparecidos en el último mes y al contactar con los familiares estos expresaron que algunos niños y niñas se habían marchado por problemas dentro de la familia y que ya habían regresado.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos enfatiza que debe haber un fortalecimiento interno de las instituciones para la aplicación del PAU y otros programas que buscan bajar los índices de desapariciones, pero que no son conocidos por la población. "A veces, hay mucha desinformación, no todos están bien capacitados, creo que es algo que va a ser progresivo", dijo Beatriz Campos, representante de la PDDH.

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