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La facilidad de lavar dinero en el transporte

Especialistas antilavado dicen que la falta de controles sobre lo recaudado por cada unidad vuelve vulnerable al sector. VMT descarga responsabilidad en la FGR.
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Vulnerable.Expertos antilavado dicen que la forma en que opera el transporte lo convierte en vulnerable a ese delito.

Vulnerable.Expertos antilavado dicen que la forma en que opera el transporte lo convierte en vulnerable a ese delito.

La facilidad de lavar dinero en el transporte

La facilidad de lavar dinero en el transporte

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La falta de una certeza por parte del Estado de la cantidad en efectivo que una ruta de transporte colectivo recauda en El Salvador en un día, una semana o un mes hace que se convierta en una actividad óptima para el lavado de dinero. Esa es la visión que comparten dos especialistas en el tema.

Rigoberto Ortiz, un abogado que formó parte del equipo de redacción de la más reciente reforma a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, dice que no existe un “control tributario ni de otra índole” del dinero que tocan a diario conductores o cobradores de las rutas de transporte colectivo. Considera que esa forma de negociar, que él le llama “operaciones hormiga”, son las más fáciles para lavar el dinero producto de actividades ilícitas.

Ortiz dice que así como están las cosas en el transporte es imposible saber cuánta gente pueden transportar en un día las distintas unidades.

Rafael Peña Menjívar, abogado certificado por Estados Unidos en lavado de dinero, coinciden con Ortiz en lo vulnerable que es el transporte colectivo al lavado de dinero.

Peña Menjívar ve la facilidad de llevar dinero de ilícitos al transporte en el poco control que hay para “identificar si la fuente de los fondos y el volumen de las actividades de esas empresas son verídicas”. El abogado agrega que no solo se trata del transporte, sino de toda empresa que trabaje con efectivo y que no quede registro de sus operaciones, así “como moteles, buses y restaurantes”. Peña Menjívar dice que “es un rasgo común del lavado, trabajar con cantidades en efectivo”.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada por Estados Unidos como organización criminal trasnacional, han invertido el dinero producto de la extorsión en moteles, autobuses, talleres, bares y autolotes.

El fiscal general, Douglas Meléndez, anunció ayer que habían inmovilizado, bajo la ley antilavado, esos activos manejados por los pandilleros de la MS-13, aunque no revelaron un monto. Entre lo incautado figuran 28 autobuses de las rutas 4 y 6.

Roberto Soriano, empresario y expresidente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP), acepta que son uno de los “sectores más vulnerables para meter (sic) un ilícito”, porque carecen de controles adecuados.

Una declaración que coincide con las valoraciones de los abogados Ortiz y Peña Mejívar, pues se refiere a que no existe un control detallado de la cantidad de dinero que reciben los empresarios en concepto de pasaje.

Esa falta de control sobre lo recaudado por cada ruta se traduce, según el abogado Ortiz, en la imposibilidad de detectar la procedencia exacta de lo que deposita una determinada ruta de transporte en el sistema financiero, y por ende, en la oportunidad perfecta para lavar dinero ilícito: “Es imposible poder determinar si ese dinero que deposita el transportista es producto de la actividad lícita”.

El Estado subsidia con $400 y $200 al mes a buses y microbuses, para mantener estable la tarifa. El único requisito es comprobar que ha trabajado 21 días por medio de una declaración jurada. Además, la banca exige solamente la creación de una cuenta a nombre de un representante de la ruta de transporte, bajo la figura de caja única. En esa cuenta, la empresa puede depositar cualquier cantidad de dinero, sin ningún tipo de justificación.

El viceministro de Transporte, Nelson García, justificó la falta de controles por parte de la entidad encargada de vigilar las operaciones del transporte y descargó esa responsabilidad exclusivamente en las autoridades de Seguridad.

“Nosotros tenemos el registro de todos los dueños y empresas del transporte colectivo. Lo que no podemos tener certeza es de quiénes son esas personas”, dijo tras ser consultado sobre la infiltración de pandilleros en las rutas 4 y 6. García también dijo que como Viceministerio de Transporte (VMT) tienen una función “contralora y conductora del transporte” para verificar permisos y concesiones, “y que el transporte ande en debida forma”.

Sin embargo, agregó que no pueden investigar si los dueños de las rutas son “personas que cometen ilícitos o de dónde sacaron el dinero”.

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