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La idoneidad que no fue tomada en cuenta en la CSJ

El 1 de julio, con 12 votos, la Corte Plena aprobó la reestructuración de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia y colocó en algunas de ellas a magistrados que no tienen experiencia en el rubro que deberán conocer por los próximos meses.

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Sin respuesta. LPG buscó ayer la versión del actual presidente de la CSJ, Óscar López Jerez (al centro), pero no atendió llamadas ni mensajes al celular.

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El 1 de julio, cerca de las 10:00 de la mañana, José Ángel Pérez Chacón, impuesto como magistrado de la Sala de lo Constitucional dos meses atrás, llegó a la sesión de Corte Plena con un listado curioso. En él estaba definido la conformación que debían tener las tres salas restantes que conforman la Corte Suprema de Justicia: la de lo Civil, la de lo Penal y la de lo Contencioso Administrativo. Aquella no era una propuesta que aceptara discusión, a juzgar por el resultado final de aquella jornada; era un listado con los votos seguros de una mayoría y con apenas un voto en contra.

El promotor de ese reparto en la CSJ tampoco puede pasar desapercibido. Hasta abril de este año, Pérez Chacón fungió como asesor jurídico de Casa Presidencial, lo que para algunos críticos de la actual Corte es argumento suficiente para decir que la propuesta ya llevaba "la venia del Órgano Ejecutivo".

Las nuevas Salas quedaron en firme en un acta de Corte Plena con fecha del 1 de julio a la que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso. Ese, además, fue el día en el que por primera vez sesionaron otros cinco magistrados recién electos por una Asamblea Legislativa oficialista. Sandra Luz Chicas de Fuentes, Miguel Ángel Flores Durel, Enrique Portillo, José Ernesto Clímaco y Alex David Marroquín eran los recién llegados y después que les dieron la bienvenida pasaron a nombrarlos en puestos importantes de la Corte: tres de ellos como presidentes de Salas, por encima de otros magistrados que estaban antes o, incluso, con más experiencia en doctrinas jurídicas acordes a sus cargos.

El reparto de aquel jueves hubiese pasado por alto de no ser porque Leonardo Ramírez Murcia, hasta ese día magistrado de la Sala de lo Penal, hizo una "sugerencia" que a todas luces parecía válida. "La propuesta bien pudiera considerar la experticia en el trabajo y servicio de la administración de justicia, específicamente se refiere a su particular trayectoria", quedó plasmado en el acta.

Murcía, que fue elegido como magistrado en 2015, era hasta junio miembro de la Sala de lo Penal, debido en parte a que tiene un postgrado en justicia penal. En su carrera como juez, por ejemplo, Murcia llegó a ser un crítico de la utilización de testigos protegidos y criteriados de la Fiscalía como única prueba en los juicios, aunque en la Sala sorprendió por sus posturas a favor de la no repetición del juicio contra militares acusados de la masacre de los jesuitas.

Más reciente, ha guardado silencio tras el golpe a la Sala de lo Constitucional realizado por la Asamblea Legislativa.

Para Murcia, lo que era inaudito esta vez era que lo movieran a la Sala de lo Civil y en la posición, relegada, de segundo vocal. La respuesta con la que el presidente impuesto en la CSJ, Óscar López Jerez, argumentó el cambio fue sorpresiva.

"Magistrado Presidente (López Jerez) comenta que a su llegada al Pleno (fue electo por primera vez en 2015), sometió igual consideración sobre su experticia y a pesar de habérsele destinado a la Sala de lo Civil considera que el trabajo desempeñado en dicha Sala fue altamente satisfactorio", dice el acta, que parafrasea las palabras de López Jérez en la reunión.

El acta también deja evidencia de que un tercero, el magistrado Sergio Luis Rivera Márquez, intentó someter ante el pleno la opción de que se votara la conformación sala por sala, con la intención de tener más capacidad de discusión y de analizar la idoneidad de cada miembro. Pero esa opción apenas recibió cinco votos y fue desechada.

Sin más argumentación, los 15 magistrados de Corte Plena votaron la propuesta del exasesor de CAPRES y esta se aprobó completa con 12 votos a favor.

Sin experiencia

La Corte Plena de la CSJ cuenta actualmente con al menos diez magistrados que están relacionados con procesos irregulares de elección impulsados por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele que actualmente también controla la Asamblea Legislativa.

Los cinco ocupantes de la Sala de lo Constitucional (ver perfiles) fueron impuestos el 1 de mayo con votos de Nuevas Ideas, PCN, PDC y GANA, después que los diputados destituyeran a los anteriores magistrados acusándolos de ir contra el gobierno actual. Pese a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil, López Jerez y compañía ocupan puestos en el máximo tribunal sin reparos.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya cuestionó la experiencia de alguno de ellos, como del mismo José Ángel Pérez Chacón.

"¿Usted antes había oído hablar de Pérez Chacón como un abogado constitucionalista de El Salvador? Experiencia esa gente no tenía. En mi opinión ninguna de esas personas que ocupan las oficinas de la Sala de lo Constitucional tienen la experiencia que se requiere, pero sobre todo ninguno es reconocido como un constitucionalista de amplia trayectoria", expuso.

Lo mismo opinó sobre los otros cinco magistrados que fueron nombrados el 30 de junio, en una segunda elección ilegal que hizo la actual Asamblea, pues la Constitución establece que una misma legislatura solo puede elegir a una tercera parte de los magistrados (cinco), no a más. Aún así los elegidos fueron Sandra Luz Chicas, Alex Marroquín, Miguel Flores Durel, Enrique Portillo y Ernesto Clímaco.

De los dos primeros Anaya sí reconoció que tienen experiencia y conocimiento técnico en sus campos, al igual que Clímaco. No así Flores Durel, que sí fue nombrado en la Sala de lo Penal pese a que en ella podría tener un evidente conflicto de intereses, pues viene de ser abogado particular del expresidente Elías Antonio Saca y de su esposa, Ana Ligia de Saca, quienes podrían llegar a pedir ante esta instancia judicial la reconsideración de sus penas de cárcel.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, dijo que está establecido que Corte Plena tiene la potestad de conformar las Salas, a excepción de la Sala de lo Constitucional, pero que lo que se esperaría es que se elijan a sus integrantes bajo los mismos criterios que también establece la Carta Magna, como el de la competencia notoria, es decir, que sea idóneo para el área en la que ejercerá.

Escobar puso como ejemplo también la conformación de comisiones que se hizo ese mismo 1 de julio, como la comisión de ética y probidad, en la que antes estaba Ramírez Murcia y que ahora es dirigida por Luis Javier Suárez.

"Es complicado hablar que la comisión de probidad hará correctamente su trabajo si estará dirigida por uno de los magistrados que participó en el ‘golpe de Estado’ del 1 de mayo y que fue impuesto ilegítimamente. Uno pensaría que fue puesto ahí para controlar esas áreas", analizó.

Para Escobar, los magistrados impuestos no tienen la competencia notoria para ser magistrados de la CSJ.

Organizaciones como la Fundación para un Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el movimiento Ciudadanos por una Corte Independiente también criticaron en su momento que los perfiles de los candidatos votados por la Asamblea para llenar las cinco plazas hasta 2030 no eran los más idóneos y que no estaban siendo bien analizados. En el reparto de las Salas del 1 de julio, la Corte Plena emuló a los diputados oficialistas: colocaron jueces sin tomar en cuenta su área su área de experticia.

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