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La inútil y costosa tarea de enjuiciar el consumo de droga

Estimaciones de la División Antinarcóticos de la PNC apuntan a un gran gasto de recursos en procesar a los miles de capturados cada año por posesión y tenencia de droga. Habla de enfocarse más en prevenir el consumo.
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lexánder aparece en los noticieros hincado y esposado con las manos atrás de la espalda. Tiene la vista al piso y viste camisa morada con rayas blancas y un pantalón de lona. Frente a él hay una gorra volteada hacia arriba y en esta una pequeña bolsa transparente que contiene una hierba seca. La policía está segura de que contiene marihuana.

Alexánder aparece en las imágenes custodiado por dos policías cubiertos del rostro y fuertemente armados: sostienen fusiles y un arnés sujetado a una pierna en donde portan una pistola. Después de unos minutos, la policía confirma que en la bolsa hay 1 gramo de marihuana con un valor de $3.50.

Aquella mañana del 19 de septiembre de 2017, Alexánder decidió viajar a la comunidad Tutunichapa de San Salvador a comprar 1 gramo de marihuana para fumarla en casa, aprovechando que era su día de descanso después de pasar seis días como empleado en un taller de aires acondicionados. Llegó a la zona, la compró y luego abordó un microbús que lo llevaría a casa; pero el relanzamiento del plan presidencial de refuerzo a la seguridad pública en la capital le arruinó los planes.

Policías instalaron un retén en la avenida Roosevelt, una de las principales arterias de San Salvador, para demostrar el control territorial. Apareció el microbús donde viajaba Alexánder y al registrarlo le encontraron la pequeña porción de droga. Lo esposaron, lo hincaron y se lo presentaron a los reporteros que fueron invitados a cubrir el despliegue de policías y militares en la capital.

Las imágenes de Alexánder hincado con el gramo de marihuana en el piso salieron en todos los noticieros. Fue presentado como uno de los primeros logros del nuevo plan para combatir el crimen en El Salvador. Un par de días después, Alexánder fue trasladado a los tribunales y enviado a prisión preventiva por posesión y tenencia de droga.

Al igual que Alexánder, otras 16,767 personas han sido procesadas por ese delito en los últimos siete años y medio en El Salvador, según cifras oficiales de la Policía. Se trata de un delito que está más vinculado al consumo de droga que al narcotráfico.

En 2017 fueron capturadas 2,079 personas acusadas de posesión y tenencia, lo que representó el 53 % de las capturas realizadas ese año por delitos relativos a las drogas. En lo que va de 2018, ya suman 1,031.

La ley salvadoreña castiga con prisión de uno a tres años (excarcelable) a quienes posean semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas ilícitas en cantidades menores a 2 gramos. Si la cantidad es mayor, el castigo en prisión aumenta hasta los seis años.

El jefe de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC, Francisco Gómez, acepta que capturar y procesar a los consumidores de droga como Alexánder resulta, además de inútil, costoso para el Estado.

De acuerdo con estimaciones de la DAN, procesar a un detenido por posesión y tenencia de droga representa utilizar a un promedio de tres agentes policiales durante las ocho horas que dura la captura. Luego esos tres policías utilizan otras 72 horas para custodiar y trasladar al detenido a las distintas diligencias relacionadas con el trámite judicial.

En ese traslado, también se utilizan unos dos galones de combustible para llevar al detenido a la Procuraduría General de la República por apoyo legal, a la unidad médica para el chequeo de salud, regresarlo a la bartolina, luego moverlo al juzgado y de regreso a la celda policial. Además, el Estado gasta $8 en los reactivos para las pruebas que detectan la droga. Eso, como el caso de Alexánder, resulta más caro que el precio que pagó por la onza de marihuana.

Según las estimaciones de la División Antinarcóticos, también hay un gasto en papelería. Por cada caso que remiten a los tribunales por consumo de droga, ocupan cuatro copias de cada uno de los documentos: oficios, actas, entrevistas, peritajes y remisiones.

Otro de los recursos que son erogados es el salario de un día de un fiscal que debe pasar ocho horas, en promedio, arreglando el papeleo. Están, además, las ocho horas que también utiliza el defensor público para enterarse de los pormenores de la acusación.

Para completar la parte judicial, también está el juez y el secretario del tribunal que deben dedicarle, en promedio, cuatro horas al caso.

La sentencia de casación de referencia 94C2016 de la Sala de lo Penal estableció en 2016 que cuando el "destino de la sustancia es el autoconsumo, se configura una conducta autorreferente que no puede ser objeto de sanción". Además, dejó claro que "ante la posesión de una escasa cantidad de sustancia prohibida, solo ha de ejercerse la acción penal, cuando como resultado de la labor investigativa desarrollada por la agencia fiscal se haya descartado que se trate de posesión preordenada al autoconsumo".

Ese gasto estatal en perseguir el consumo ha llevado a países de la región a dejar de procesar a consumidores.

En Guatemala, por ejemplo, a partir de 2009 se volvió más frecuente seguir lo dicho por la Cámara Penal que le dio más énfasis a la persecución de delitos graves de droga y buscó minimizar tiempo y los recursos que se invierten en procesar delitos de bagatela.

Costa Rica no penaliza el consumo inmediato personal de drogas. En agosto de 2013, el Gobierno aprobó una reforma parcial a su legislación que estableció en una pena común el cultivo, fabricación, transporte o tráfico de drogas. Son entre ocho a 15 años de cárcel sin distinción alguna.

En agosto de 2014, Ecuador adoptó una modificación a su ley para diferenciar al expendedor en pequeña escala del gran traficante.

Argentina prepara también una modificación a la normativa que está por llegar al Congreso este mes que despenaliza la posesión para uso personal.

Gómez señala que en el caso de El Salvador, un país con pocos recursos, conviene más perseguir penalmente a las grandes estructuras de tráfico de drogas. Además, de enfocar esfuerzos y recursos a la prevención del consumo. Una tarea pendiente en el país.

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