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La madurez política es el recurso más escaso en el país”

Para llegar a amplios acuerdos, Roberto Murray Meza sugiere a los políticos dejar de lado sus intereses particulares. Y que el Gobierno genere incentivos.
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Roberto Murray Meza es un empresario salvadoreño con amplia trayectoria en el país. Estuvo al frente de Industrias La Constancia (ILC) antes de ser adquirida por un consorcio internacional. Posteriormente fue el presidente del Grupo Agrisal por varios años, desde donde participó en la expansión del grupo hacia otros rubros muy diferentes al de la fabricación de cerveza y embotellamiento de bebidas gaseosas, los fuertes de La Constancia por más de un siglo.

Con Murray Meza Agrisal ingresó a la administración de hoteles y de centros comerciales, además de la distribución de vehículos y camiones.

También tuvo una participación política destacada dentro de ARENA, pero nunca participó en una elección popular, a pesar de que muchas veces se le consideró un candidato presidencial nato.

Desde hace unos años se dedica a labores filantrópicas. Muchas de ellas enfocadas en la educación, como la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL), de la cual es presidente y que se dedica al diseño y gestión de proyectos en educación básica, media-técnica, formación técnica-vocacional, análisis de mercado laboral y gestión de becas de educación superior, tanto en el país como en el extranjero.

No obstante, su reconocimiento público en estos momentos viene de dirigir la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), la cual unifica los recursos de las empresas familiares para realizar obras sociales.

La semana pasada, durante el acto de rendición de cuentas de las acciones realizadas durante 2015, Murray Meza se refirió a la transición que la FRMA ha sufrido a partir del cambio de estrategia realizado hace año y medio.

Se focalizaron esfuerzos en cuatro proyectos de alto impacto (renovación del área del Pediatría del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana; restablecimiento del tejido social en la zona rural, en la comunidad Salamar; reconstrucción del Anexo al Centro Médico Ayúdame a Vivir; y el proyecto La Escalón, que busca promover micro y pequeñas empresas en las comunidades de la colonia Escalón) y se buscaron aliados para poderlos realizar. De ese modo, la FRMA ha brindado apoyo a otras 20 ONG para poder ejecutar otros 29 proyectos.

Es precisamente ese carácter participativo el que ahora Murray Meza demanda para que El Salvador, como sociedad, resuelva sus problemas.

Para este empresario, el acuerdo entre todos los partidos políticos para impulsar los $152 millones para seguridad es un ejemplo de lo que los ciudadanos esperamos de nuestros gobernantes.

Para Murray Meza, los resultados son lo más importante. Y por eso consideró vital que se haya acordado mecanismos para fiscalizar el correcto uso de esos fondos.

Pero también, como empresario y hombre de negocios, tiene reclamos al Gobierno, especialmente a la hora de analizar el papel que tiene la burocracia del Estado a la hora de ahogar iniciativas privadas.

Muchas de las observaciones de Murray Meza las hace directamente a los miembros del Gobierno, ya que forma parte del selecto Consejo para el Crecimiento, que reúne a siete influyentes empresarios, y que está enmarcado en el proyecto Asocio para el Crecimiento, cuya iniciativa es impulsada el Gobierno de Estados Unidos.

Para Murray Meza, las principales trabas a la inversión tienen especial énfasis en la construcción, factor que destaca, sobre todo por los proyectos futuros contemplados en el FOMILENIO II, de cuya junta directiva, además, Murray Meza también forma parte.

El presidente de la Fundación Rafael Meza Ayau también tiene palabras para los políticos, especialmente a los de oposición. Cuando se le pregunta sobre la ausencia de una oposición fuerte, el empresario contesta que es por “ falta de competencia de los partidos políticos; falta de habilidad para desarrollar esa función (de ser oposición). Creo que trabajando de manera conjunta los partidos pueden lograr ser más efectivos, no que cada partido busca beneficios para sí mismo”.

De ahí que considera que si bien es bastante obvio que los partidos de oposición lograrán más cosas si están juntos que de manera separada, considera que para entenderlo se requiere “madurez política”. Y eso, señala, es algo que no siempre tenemos a la mano en El Salvador.

¿Cuál cree que es el principal problema del país en estos momentos?

Tiene dos problemas fundamentales, quizás por su urgencia. Uno es el problema de seguridad, en el cual pareciera como que ha habido una mejora, como la reducción en el número de homicidios. Y el segundo problema es el fiscal. La situación fiscal del país está todavía muy delicada. Recientemente se publicaron cifras de lo estrecho que está el financiamiento del país, que se deben más de $900 millones en LETES (Letras del Tesoro o bonos). Y creo que en el corto plazo, tres meses o algo así, hay $300 millones que se tienen que pagar. Eso es realmente muy preocupante.

Uniendo las dos cosas, seguridad y endeudamiento, la Asamblea aprobó $152 millones de bonos para seguridad, es decir, busca resolver el problema de inseguridad a través de endeudamiento. Para llegar a este acuerdo, fue un camino largo. ¿Cómo ve el entendimiento político?

Preocupa mucho. Según tengo entendido, lo que solicitaban algunos partidos para la aprobación de este crédito es que hubiera cierta vigilancia, un cumplimiento estricto de los destinos de este financiamiento. Entonces, ¿cuál es el problema en cederle eso a la oposición? Si para eso se van a utilizar. ¿Por qué no permitir transparencia en el manejo de esos fondos? Yo no lo entendí. Nuevamente, el cambio que ha habido en la ANEP ha traído cambios, tanto en el sector privado como de parte del Gobierno de renovar el diálogo que desde hace mucho tiempo se había interrumpido. Esperamos que eso prospere, que continúe y traiga buenos resultados. Este país tiene que buscar la forma de entenderse y de platicar entre los sectores.

En su propio balance, la administración actual dice que hay mayor gobernabilidad. ¿Hasta qué punto es cierta esta aseveración?

Yo creo más bien en los resultados y en los hechos. Si vemos resultados positivos es porque ha habido una mayor anuencia de parte de todos para tener menor crispación. Como dicen los abogados, ‘me remito a los hechos’. Veamos si esto está dando los resultados que el país necesita.

Desde el cambio de liderazgo en la ANEP, en un gesto muy reconocido, el presidente Salvador Sánchez Cerén visitó la ANEP. Esto es particularmente importante, sobre todo porque veníamos de una coyuntura de tensión entre el Gobierno y los empresarios, cuando incluso el presidente no llegó al ENADE, por primera vez desde que se realizan estos encuentros.

El presidente pudo haber hecho ahí (en el ENADE) un gesto positivo, pero escogió no hacerlo. No hubo ningún miembro del gabinete en el ENADE. Ahora vemos un nuevo comienzo. Démosle el beneficio de la duda, pero esperemos resultados. Si no hay resultados en el corto plazo, la situación se agrava continuamente.

En el tema de la oposición, no siempre ha actuado de manera contundente o incluso de manera coordinada, sobre todo con el principal partido, ARENA. ¿Cómo ve esa labor fiscalizadora que como oposición está llamada a ser?

Para mí, es falta de competencia de los partidos políticos; falta de habilidad para desarrollar esa función. Creo que trabajando de manera conjunta los partidos pueden lograr ser más efectivos, no que cada partido busca beneficios para sí mismo. Eso requiere madurez política y ese, quizá, es el recurso más escaso en el país.

¿Cómo afectan a la economía salvadoreña estos problemas de falta de entendimiento político y el tema fiscal? ¿Se está haciendo lo necesario desde el Gobierno?

Es muy importante. En una entrevista por televisión, Mauricio Choussy estaba diciendo la capacidad que tiene ahora el capital de globalizarse y moverse con mucha facilidad por el mundo. Entonces, claro, el país está en una situación de baja competitividad que la de otros países centroamericanos, por una serie de factores, no solo la de salario mínimo: como burocracia, infraestructura. ¿Cuántos años llevamos ya con un puerto que está medio hecho, medio abandonado? ¿Cuánto tiempo tomó para mejorar el aeropuerto? ¿Por qué hubo tanta resistencia a que ese fuera un asocio público-privado? Estos son mensajes que están mandando al empresariado y a la inversión extranjera. ¿Hay o no clima favorable para atraer inversión extranjera? En la reunión del G-7, en Japón, están preparando un programa de incentivos fiscales para recuperar sus economías. Aquí estamos haciendo lo contrario, creando nuevos impuestos, en lugar de incentivos para atraer nueva inversión y generar empleos, y con eso generar ingresos al Estado.

De parte de la iniciativa privada, ¿ha habido bloqueos desde el Gobierno con estos nuevos impuestos y requisitos burocráticos que hay que cumplir?

Lo que sí creo es que no ha habido la agilidad de parte del Gobierno para atender a empresas, empresarios e inversionistas que quieren invertir en El Salvador. Un caso muy típico es el de las construcciones. Hay muchos proyectos de construcción que se enfrentan a situaciones sumamente burocráticas, sumamente complicadas y que impiden que estos sigan adelante. Esto hace que no se den las obras, que no se estén generando los empleos y logrando el bienestar que los salvadoreños necesitan. Los empresarios tienen mayor voluntad para invertir de lo que el Gobierno ha reconocido o ha pretendido facilitar.

Hemos visto al Gobierno culpar a la empresa privada de no estar de acuerdo en el salario mínimo, que está estancando, por ejemplo.

Entiendo que en el salario mínimo es el empresario, los trabajadores y el Gobierno. Si dos partes se ponen de acuerdo, la tercera tiene que, por mayoría, acceder. Ha habido bastantes acercamientos entre el empresariado y el sector laboral. Pero el Gobierno ha querido manejarlo de una manera más política.

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