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La persistencia de familiares para recuperar los cuerpos de dos estudiantes de la UES después de 40 años

Olga está sentada en una incómoda banca en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES). A su espalda tiene un equipo de especialistas que trabaja en la ubicación y extracción de las osamentas de su hermano Raúl, que murió durante el conflicto armado en 1980.

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Archivo. Una fotografía en los archivos de la Universidad de El Salvador muestra el lugar donde fueron enterrados Raúl y Carlos en 1980.

Archivo. Una fotografía en los archivos de la Universidad de El Salvador muestra el lugar donde fueron enterrados Raúl y Carlos en 1980.

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Que esos especialistas estén detrás de Olga es culpa de su perseverancia. Vivió 12 años de guerra  sin Raúl y 23 años con una amnistía que le privó de recuperar su cadáver. Nunca se rindió. El 15 de febrero de 2019 interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) que inició el camino que  ahora la tiene sentada en la UES.

En la denuncia, Olga le contó a los fiscales todo lo que sabía. Que la extinta Policía Nacional raptó a Raúl a las 10:30 de la mañana del 6 de marzo de 1980, cuando salía de una reunión con una veintena de estudiantes en la sede de la UES en Santa Ana. Que a todos los subieron a un camión. Y que los llevaron a un cafetal en la carretera Los Naranjos, de Sonsonate, donde los torturaron y asesinaron. Dos escaparon.
Su testimonio fue suficiente para que la Fiscalía abriera una investigación por el asesinato de Raúl Hernández Morales, un estudiante de doctorado en medicina que con 27 años dirigía la organización Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende (FUERSA), en honor al expresidente de izquierda de Chile. Raúl era conocido en el FUERSA como comandante Marcos Agustín.

Trabajo. Técnicos del Ministerio de Obras Públicas realizan una inspección a la plaza de la UES antes de proceder a la excavación para sacar las osamentas.

Después de 40 años, Olga está cerca de recuperar el cadáver de su hermano. Los especialistas que trabajan a su espalda son comandados por la Fiscalía, que ayer  inició el desentierro de los restos de Raúl, quien desde 1980 está en el campus central de UES, en la plaza Salvador Allende,  Facultad de Medicina. Olga podría ver las osamentas de su familiar en 30 días, pero Israel Ticas, criminalista de la FGR, prefiere no dar una fecha exacta.

El principio de la exhumación coincidió, quizá con intención, con el 28.º aniversario de los Acuerdos de Paz, que en 1992 pusieron fin a la guerra civil  que dejó a Olga sin su hermano. “Que coincida este hecho con los Acuerdos de Paz nos debe llevar a que los estudiantes y la comunidad universitaria nos comprometamos a no volver a esos años, debemos ser defensores de la paz”, reflexionó Raúl Azcúnaga, vicerrector académico de la universidad estatal.

La estadía de Olga  en la UES, a la espera del cadáver de su hermano, es un salto en el tiempo que rememora al 7 de marzo de 1980. Esa noche en un cafetal de Sonsonate la mujer identificó el cuerpo Raúl, cubierto de hojas, con golpes en la cara y la espalda destrozada por las balas, según sus declaraciones a la Fiscalía. La diferencia con aquel día es que en lugar de los personeros de Cruz Roja Internacional, ahora la rodea una veintena de periodistas. Todos quieren su versión. Ella evita dar declaraciones y pide privacidad a su luto, uno que no puede vivir a plenitud porque nunca tuvo el cadáver de su familiar.

  “El presente caso pudiera constituir un delito de lesa humanidad o crimen de guerra (...)  Es importante también mencionar que la exhumación de las víctimas de probables violaciones a los derechos humanos es altamente significativa para el acceso a la justicia, para conocer el derecho a la verdad y para cerrar un momento de luto”, dijo la Fiscalía  al Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador para que le permitiera la exhumación de Raúl, según consta en el expediente judicial 19-DV-19-3, consultado por LA PRENSA GRÁFICA.
 A pesar de que sospechan de un posible delito de guerra, un fiscal del Grupo Especializado para la Investigación de Crímenes del Conflicto Armado explicó ayer que las investigaciones están en curso. Olga declaró a la FGR que a Raúl lo asesinó la extinta Policía Nacional, pero el investigador aseguró que todavía deben indagar más.

La denuncia de Olga fue vital para la Fiscalía. El avance actual de las investigaciones fiscales consigna que no solo Raúl está enterrado en la plaza Salvador Allende. La familia de un estudiante identificado como Carlos Mauricio Arias Menjívar,  miembro de FUERSA, dijo a los fiscales que está sepultado con Raúl. Los enterraron sus compañeros el 10 de marzo de 1980, tras un homenaje. Sus familias tuvieron temor de reclamar los cuerpos por posibles represalias en la guerra.   

Duración. Las exhumaciones podrían durar 30 días, aunque la Fiscalía prefiere no dar una fecha de finalización.

Aunque la muerte de Carlos fue catalogada por las autoridades como un  accidente, sus excompañeros  no terminan de digerir esa versión. “Estaban arreglando una calle aquí frente a la universidad. Él (Carlos) en la noche cayó en un hoyo, pero al final nunca se supo. No sé si fue un trabajo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés), Lo hicieron parecer un accidente”, dice 40 años después Arnulfo Herrera, un docente de Medicina de la UES que fue compañero de Carlos y que militó en FUERSA.  Parado frente al lugar donde la Fiscalía trabaja para desenterrar los cuerpos, Herrera recuerda a Carlos como “un tipo brillante”.

Asegura que Carlos estudió unos años en la carrera de medicina, pero luego se pasó a la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES. Murió solo con tres días de diferencia de Raúl. Iván Hernández, presidente de la Asamblea General Universitaria (AGU) de la UES, recordó la importancia de la derogatoria de la Ley de Amnistía por parte de  la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para procesos como el de Raúl y Carlos. Las autoridades universitarias aseguran que tienen documentados 60 casos de estudiantes que fueron víctimas del conflicto armado. Y esperan que las familias acompañen los procedimientos con la misma perseverancia que hoy tiene a Olga sentada en una banca incómoda de cemento en la UES, 40 años después de que asesinaran a su hermano.

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