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La petición de un diálogo por la institucionalidad

Especialistas afirman que la ausencia de separación de poderes rompe el Estado de Derecho en el país.

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Apoyo. Por la coyuntura de país, solicitan apoyo a la diplomacia internacional.

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El Salvador se encuentra en una coyuntura de crisis constitucional desde el pasado 1 de mayo. Para restaurar el orden, diversos sectores llaman a la comunidad internacional a respaldar el diálogo interno.

"Es importante que la comunidad internacional ponga de manifiesto su postura, porque El Salvador tiene relaciones de diferente índole: políticas, económicas, sociales, y esas relaciones hacen al país responsable frente a estos otros estados, frente a inversiones, frente a acuerdos políticos y otros que ya tiene", señala Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

De consolidarse la concentración del poder de los tres órganos del Estado en manos oficialistas, señala que se espera un panorama poco alentador.

"El Salvador tiene antecedentes de esa naturaleza. La historia salvadoreña nos lleva a reflexionar que con esto lo que se rompe no solo es la división del poder, sino también la garantía y los derechos de las personas. En este caso, por ejemplo, quién va a acudir a la Sala Constitucional a demandar, por ejemplo, al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, a ministerios, si estamos hablando de entes que van a responder a la filosofía e ideología de un partido", explica Rivera.

Por su parte, el presidente de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ) José Marinero afirma que la comunidad internacional es clave para resolver esta situación.

"Es un llamado para que (la comunidad internacional) pueda interponer sus buenos oficios y acompañar el proceso de resolución de la crisis más grave que hemos tenido en materia constitucional desde la firma de los Acuerdos de Paz", dice.

"La destitución y usurpación de estos cargos viola el sistema político ydeja de ser representativo, pluralista y republicano, además de violar la independencia judicial y el estado de derecho", señala Marinero.

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