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La purga que siguió al caso PARLACEN

La embajada en Ciudad de Guatemala confirmó a Washington que el expresidente Álvaro Colom estuvo involucrado en la remoción del fiscal general Juan Florido y seis de sus más cercanos colaboradores, en agosto de 2008, año y medio después de los asesinatos de los diputados.
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Una de las principales dudas de los diplomáticos y agentes federales estadounidenses fue siempre quién ordenó matar a los policías acusados de asesinar a los diputados salvadoreños. Las dudas son tan serias que dos embajadores de Washington en Centroamérica, James Derham, en Ciudad de Guatemala, y Charles Glazer, en El Salvador, insisten en sendos cables que el FBI debe profundizar en las investigaciones sobre la masacre en El Boquerón, la cárcel a la que los policías fueron trasladados de forma irregular. La confianza en el sistema guatemalteco, se lee en los cables, era muy tenue.

Siempre hubo en Guatemala dos versiones sobre la masacre de El Boquerón. La oficial era que un grupo de pandilleros, supuestamente presos en esa cárcel, mataron a los policías. La otra era que un comando de sicarios enmascarados, no pandilleros, ejecutó a los cuatro agentes; a dos de ellos los decapitó.

La Fiscalía guatemalteca, presidida entonces por Juan Luis Florido, acusó a 13 pandilleros y a 16 guardias de El Boquerón, incluido el director, de diferentes delitos en conexión con los asesinatos en la cárcel.

A finales de julio de 2008, en un cable que catalogó como “sensitivo”, el embajador Derham relató a Washington el doble estándar del ministerio público en relación con guardias y miembros de pandillas: mientras sostenían, incluso ante oficiales estadounidenses, que había suficientes pruebas contra los mareros, los fiscales pedían al juez que desistiera del caso contra los custodios “por falta de pruebas”.

“En octubre pasado (2007), los guardias de la prisión fueron liberados por falta de pruebas, a petición del ministerio público, según reportes. La presente absolución (de los pandilleros) no tiene el apoyo de los encargados de la investigación (los mismos fiscales)”, se lee en el memo, número R142223Z, enviado desde la embajada en Guatemala al personal de la Unidad de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y a la embajada en México.

El 10 de julio, un tribunal colegiado de tres jueces había exonerado a los pandilleros. En sus argumentos finales, los magistrados alegaban que los testimonios de tres testigos eran contradictorios, que en los récords penitenciarios no constaba que varios de los acusados estuviesen en El Boquerón el día de la masacre y que la investigación de la fiscalía era, “en general, pobre”, según reportó Derham.

Poco después del veredicto, según el diplomático, un oficial de la Fiscalía –el nombre está tachado en el cable– se quejó con el agregado político de la embajada por la decisión de los jueces de liberar a los pandilleros. Según el funcionario chapín, el veredicto era “un ejemplo más de la impunidad que se vive en Guatemala”. Nada dijo ese fiscal sobre la decisión del ministerio público de pedir que no siguiera el proceso contra los guardias y el director de El Boquerón.

A finales de febrero de 2007, mes en que ocurrieron los asesinatos de los diputados salvadoreños y también los de sus asesinos, Derham había adelantado a Washington una hipótesis sobre la muerte de los policías acusados de la primera masacre: “Que uno de los supuestos homicidas haya dicho que está dispuesto a cooperar con las investigaciones y el temor de que los supuestos asesinos puedan hablar es considerado como el motivo que llevó a los autores intelectuales (de la muerte de los diputados) a silenciarlos (a los policías)”.

Entre el 23 de febrero de 2007, día en que fueron arrestados, y el 25 de ese mes, día de los asesinatos en El Boquerón, el FBI participó en los interrogatorios a los policías acusados de matar a los diputados; incluso un oficial de alto nivel del Departamento de Justicia, el agregado legal en San Salvador –quien supervisa desde ahí a Guatemala y Honduras–, estaba involucrado en las pesquisas. Fue en ese marco, se entiende en el cable de Derham, que uno de los policías implicados ofreció contarlo todo.

El Boquerón también desencadenó un dominó que culminó con una purga en la Fiscalía empujada desde la Casa Presidencial en Ciudad de Guatemala y apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desveló una importante trama de corrupción en el ministerio público.

La salida del fiscal y la entrada de CICIG

El fiscal general Juan Luis Florido renunció a su cargo 19 días después de la absolución de los pandilleros acusados por las muertes en la cárcel El Boquerón. Un día después, en la conferencia de prensa, Florido criticó con fuerza a la CICIG y al comisionado Carlos Castresana, a quien acusó de injerencia en las investigaciones del ministerio público de Guatemala.

La salida de Florido era, en realidad, el primer paso de una depuración profunda que incluyó al fiscal general y a sus principales lugartenientes, entre ellos Álvaro Matus, el fiscal que dirigió las investigaciones en los casos PARLACEN y El Boquerón, el mismo que pidió a un juez absolver a los guardias de la cárcel por falta de pruebas. En la purga, según los memos de Estados Unidos, participó activamente Álvaro Colom, quien había asumido la primera magistratura de Guatemala en enero de 2008.

Stephen G. McFarland, un diplomático con amplia experiencia en América Latina que tenía para agosto de 2008 un mes como máximo representante de Washington en Ciudad de Guatemala, envió un cable a sus jefes para explicar la purga en el ministerio público. Ese memo, el P192100Z, fue despachado como prioridad a las embajadas de Estados Unidos en México y San Salvador y a la representación diplomática ante Naciones Unidas en Nueva York, además de a los cuarteles generales de la CIA, la DEA, la inteligencia militar, el FBI y a la Casa Blanca. El Departamento de Estado había fijado el 14 de agosto de 2023 para su desclasificación.

Pero, a petición del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington (NSA), el Departamento de Estado desclasificó el P192100Z en agosto de 2008. Lo hizo en dos pasos. Casi el 60 % del contenido está tachado en la primera versión. Se lee ahí, en general, que en la semana comprendida entre el 11 y el 15 de agosto otros seis jefes fiscales “renunciaron” a sus puestos tras la salida de Florido. El título del memo sugiere, no obstante, que no fue una salida voluntaria: “Polémico fiscal (Matus) y otros son removidos”, escribe McFarland.

En la segunda versión desclasificada, también a petición de NSA, el Departamento de Estado solo quita el tachón de la primera línea del sumario, donde se lee: “El presidente Colom está actuando para remover de la oficina del fiscal general a personal del primer nivel”.

Dos años después, desde Madrid, el comisionado Castresana explicaría cómo la CICIG empujó desde el principio la depuración. “Comprobamos con hechos que toda la cúpula del ministerio fiscal estaba involucrada (en la estructura de corrupción) y el propio fiscal era incapaz de hacer frente a la impunidad. Por eso me fui a ver al presidente de la República y le pedí que lo destituyera. Así, en julio de 2008, fue destituido el fiscal Florido… (se) pidió la renuncia de todos los jefes de las fiscalías más importantes, a la vez que se creaba la fiscalía especial de la CICIG”, dijo Castresana a un periodista español en octubre de 2010.

Un día después de renunciar, en su conferencia de prensa, Florido mismo revelaba –quejándose– que la CICIG había sido parte activa en las investigaciones PARLACEN y El Boquerón. “Hicieron más que acompañar a mi oficina; pedían copias de los expedientes”, dijo Florido, según la versión que McFarland envió a Washington.

Un párrafo más adelante, en el mismo memo, el embajador revela que CICIG investigó otras pistas sobre la autoría intelectual de las muertes de los diputados y de los policías que se supone los asesinaron. Los nombres de los potenciales sospechosos están tachados. A través de la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, el autor de esta nota ha pedido al Departamento de Estado una nueva versión desclasificada del P192100Z.

Las pesquisas que inició la CICIG en torno a los casos PARLACEN, El Boquerón y otros culminaron con los arrestos en Europa de tres altos oficiales del gobierno de Óscar Berger, el antecesor de Colom. Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, fue detenido en Madrid en diciembre de 2010.

“Zacarías”: ecos hasta El Salvador

El 7 de abril de 2008, el venezolano Víctor Rivera, alias “Zacarías”, fue abatido a tiros en el bulevar Vista Hermosa de Ciudad de Guatemala. Le acompañaba su asistente, María del Rosario Melgar. Pesquisas de la CICIG determinaron que sicarios contratados por el narcotraficante guatemalteco Jorge Mario Paredes, subcontratista del cartel de Sinaloa, del recién capturado capo mexicano Joaquín Guzmán Loera y socio de Los Perrones en El Salvador, asesinaron a Rivera.

“Zacarías”, quien era consejero de Vielmann y del expresidente Berger, había asesorado a principios de los noventa al Ministerio de Seguridad en El Salvador durante la gestión de Armando Calderón Sol.

Un alto oficial de la CICIG aseguró, en abril de 2013, durante una entrevista en Guatemala, que “Zacarías” tuvo un rol determinante en el encubrimiento de los autores intelectuales de los asesinatos de los diputados salvadoreños y de los policías que se supone los asesinaron.

En 2008, de hecho, la CICIG presionó a Colom para que la fiscalía de Florido no entorpeciera esa investigación. “La CICIG desaprobaba el trabajo de Matus –jefe investigador en el caso de la muerte de Rivera– y sugirió que ese caso, sensible, fuera reasignado a otro investigador”, revela McFarland en uno de sus memos.

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