La tragedia de 11 familias

Familiares de las 11 víctimas de masacre de Opico retiraron sus restos ayer del IML. Un empleado de otra empresa de energía eléctrica dijo que constantemente sufren amenazas. Pandillas les piden el DUI por control territorial.
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Nicolás Ascencio, uno de los 11 trabajadores masacrados el jueves en la zona rural de San Juan Opico, La Libertad, había dejado una fotocopia de su DUI en su vivienda. “Por cualquier cosa”, le dijo a su familia, según relató ayer su padre mientras esperaba sus restos afuera de la morgue de Santa Tecla. “Sabía los riesgos”, dijo el padre de Nicolás, el único que tenía la copia del DUI de una de las 11 víctimas de la masacre. El resto de familiares no portaban documentos de las víctimas, porque quedaron en las mochilas en la escena del múltiple crimen, en el caserío Las Flores del cantón Agua Escondida.

Once parientes de Ascencio, entre ellos su esposa y sus primos, llegaron a las 9 de la mañana desde de Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) en Santa Tecla. Fueron los primeros debido a que Medicina Legal les había dicho que a las 11: 00 a. m. les entregaría a Nicolás. Sin embargo, faltaba otro proceso que no les comunicaron: tenían que ir a la Fiscalía General de la República (FGR) para que les entregaran un documento que les autorizara a retirar el cuerpo.

Ese contratiempo también lo enfrentaron los parientes de Carlos López Rafael, otra de las 11 víctimas. El grupo llegó en el pick up de la funeraria que contrataron desde el jueves: adelante iba la madre y el motorista; atrás, con el ataúd, la esposa, hermana y una vecina. Ellos llegaron desde el barrio San Miguelito, en San Salvador. A ellos Medicina Legal les explicó desde la noche del jueves el proceso. “Nosotros llegamos al lugar y ni siquiera nos dejaron entrar. Preguntamos y solo nos dijeron la hora”, aseveró la madre de Carlos.

Nicolás Ascencio trabajó desde agosto de 2015 con Grupo Abruzzo, otra empresa dedicada a energía y suministros, similar a la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña (EDESAL). Según explicó Arlindo López, excompañero de Nicolás en Abruzzo, él dejó de trabajar con ellos debido a que suspendieron el proyecto por falta de un material. Nicolás les informó que ya no iba a continuar porque necesitaba dinero. “A mí me dijo el lunes que ya no iba a seguir con nosotros. Yo le dije que se esperara, que el proyecto iba a continuar, pero no accedió”, relató López. El material que les hacía falta llegó el jueves al país.

“Si se hubiera esperado, no hubiera pasado esto. Pero fue por la necesidad del dinero para mantener a sus cuatros hijos”, agregó Roberto de León, otro excompañero de Nicolás en Abruzzo.

Arlindo López explicó que los empleados del rubo de electricidad reciben constantes amenazas de pandillas cuando realizan instalaciones: “Siempre que llegamos a una zona custodiada por pandillas nos piden el DUI a todos. Ellos verifican si no vivimos en la zona en donde opera la contraria, porque sino nos matan”, comentó el excompañero de Nicolás.

A las 12:30 del mediodía llegó a la morgue el hermano de Érick Salvador Durán, otra de las víctimas. El hombre llevó la autorización de la FGR y la presentó al vigilante. Más tarde llegó su tío Emilio, papá de Marvin Durán, también asesinado en Opico.

“Yo desde las 8:00 de la mañana estoy en la FGR y voy saliendo. Ya quisiera estar tranquilo en la casa y superar esto”, expresó el padre de Marvin. A él le informaron que a la 1:30 de la tarde le entregarían el cadáver de su hijo, pero no fue así. A esa hora Medicina Legal únicamente entregó a tres víctimas.

Más familiares de las víctimas comenzaron a llegar y con ellos también empleados de funerarias, que les indicaban a los dolientes qué hacer, qué decir y qué no. Les ofrecían precios bajos e incluso les decían: “El ingeniero nos dijo que con nosotros sería el contrato. No van a pagar más”.

El jefe de cuadrilla de la empresa Energía y Suministros, subcontratada por EDESAL, llegó a la morgue después de las tres de la tarde y en un cuaderno llevaba anotado los nombres de los ocho empleados y la funeraria que se haría responsable de cada sepelio. Informó a los familiares que les darán $250 dólares para gastos fúnebres.

Medicina Legal continuó con la entrega de las víctimas. A las 3:25 p. m. salió el pic kup con el ataúd de Carlos López. El automotor se estacionó para que su madre y vecina se subieran. Y minutos después, a las 4:15, se fue con su hijo el padre de Emilio Durán. A las 7:05 de la noche fue entregada la ultima víctima.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que han capturado a 18 sospechosos de la masacre. “Este hecho lo podemos atribuir a una estructura de pandillas que opera en la zona norte del departamento de La Libertad”, declaró y reiteró que ninguna víctima tenía vínculos con pandillas: “Las víctimas son personas trabajadoras, son personas que no tienen ninguna relación con actividades delincuenciales”, agregó.

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  • masacre de san juan opico
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