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La tregua que el Ejecutivo ocultó desde 2019

Expertos aseguran que fotografías, audios y videos revelados por el medio digital El Faro confirman lo que sucede desde que el actual gobierno asumió el mando, aunque lo nieguen.

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A nivel global  La publicación sobre las negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con los líderes de las tres principales pandillas en El Salvador ya circula en todo el mundo. Él dice que no es real.

A nivel global La publicación sobre las negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con los líderes de las tres principales pandillas en El Salvador ya circula en todo el mundo. Él dice que no es real.

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Existe una Tregua. Esa es la conclusión a la que llegan analistas de seguridad pública después de conocer que la Fiscalía General de la República de Raúl Melara tenía abiertas investigaciones contra actuales funcionarios del gobierno por negociar con las tres principales pandillas de El Salvador, algo que muchos de ellos ya señalaban desde 2019, cuando Nayib Bukele recién asumía la presidencia.

Esta semana el periódico digital El Faro publicó una investigación en la que revela que funcionarios del actual gobierno junto a diputados de Nuevas Ideas entraron a diferentes cárceles del país durante 2020 para negociar con los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios).

Las pandillas han pedido una serie de beneficios (ver recuadro) mientras que el gobierno recibiría a cambio una reducción en las cifras de homicidios y otros crímenes. Eso, según los especialistas, es una continuación de lo que el gobierno de Mauricio Funes hizo durante los años 2014 y 2015, en la primera tregua que se conoció de forma pública.

“La publicación confirma lo que señalamos desde 2019 sobre la existencia de un pacto entre  gobierno y pandillas”.

Jeannette Aguilar, investigadora.

"La negociación con pandillas ha sido una práctica heredada por funcionarios de gobiernos de ARENA, continuada por liderazgos del FMLN y por referentes de grupos de poder provenientes de partidos políticos de gestiones anteriores que controlan actuales esferas de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada vez es más evidente que todos los partidos políticos se han visto vinculados en negociaciones con pandillas y el partido en el gobierno actual no es la excepción", analizó Celia Medrano, defensora de derechos humanos.

El gobierno de Nayib Bukele ha repetido desde 2019 que la razón por la cual las cifras de homicidios han disminuido se debe al éxito del Plan Control Territorial, pero las investigaciones de la FGR en el caso conocido como "Catedral" han revelado que existen también otros criterios a tomar en cuenta y que siguen negociándose en la actualidad.

"En el de octubre (2020) salieron más palmes (asesinatos) que el año pasado, vamos a perder las ondas que hemos ganado en las casas, ya aumentamos la onda de los muebles (muertos) y nos va a repercutir en las casas (cárceles)", expone un pandillero en un audio al que El Faro tuvo acceso y que fue publicado en la investigación del pasado 23 de agosto.

"Más allá de las responsabilidades individuales que pueda haber en este caso, la implicación más profunda es que si realmente existe ese nivel de negociación o tregua entre pandillas con el gobierno, podríamos decir que hay un avance, una evolución en la cooptación del Estado", expuso Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

Antecedente. Tweet de 2020 del presidente Nayib Bukele para criticar la tregua que impulsaron anteriores gobiernos. Ayer le restó credibilidad a la publicación de El Faro.

Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad pública, sostiene que de alguna manera las actuales negociaciones confirman quiénes tienen el control territorial en el país. "La publicación confirma lo que varios hemos venido señalando desde 2019 sobre la existencia de un pacto entre el gobierno y las tres principales pandillas. Pero también es un claro ejemplo de cómo se pervierte la institucionalidad, subvierte la ley y se legitima el poder de las pandillas por parte de los mismos funcionarios", explicó.

Tiziano Breda, investigador del International Crisis Group (ICG) para Centroamérica cree que con las más recientes revelaciones periodísticas no quedan dudas de las negociaciones que ha tenido el gobierno.

"Si bien hay cada vez más pruebas de las reuniones, el alcance de estas negociaciones todavía son desconocidos. Es cada vez más difícil para el gobierno de Bukele negar lo que está sucediendo", expuso.

“En un estado de cosas ordinario, el Fiscal  sería clave para desarrollar una investigación objetiva en este caso”.

Saúl Baños, Director de Fespad.

SIN FISCALÍA QUE INVESTIGUE

Los analistas también expresaron sus dudas sobre lo que viene ahora que han salido a la luz estas negociaciones, puesto que las instituciones del Estado no muestran una independencia para continuar con el caso Catedral que había iniciado la anterior gestión fiscal.

LA PRENSA GRÁFICA ha revelado como la actual Corte Suprema de Justicia (ver página once) sigue retrasando la extradición de uno de los líderes de la MS-13 y también ha dejado constancia del nivel de influencia que el Órgano Ejecutivo y Legislativo tienen en el actual fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.

"En un estado de cosas ordinario, el Fiscal General sería clave para desarrollar una investigación objetiva en este caso; pero estamos en una situación compleja, donde también el Fiscal General de la República es señalado del cometimiento de presuntos actos contrarios a la ley", externó Saúl Baños, en relación a que Delgado fue impuesto por la actual Asamblea, con mayoría oficialista, el 1 de mayo, en sustitución de Melara.

Tiziano Breda también dice que podría existir la opción de que el gobierno "empuje" hacia la formalización de este tipo de negociaciones, con la idea de transparentar el proceso. "Estamos en el punto donde se ha confirmado un tipo de trato, pero no sabemos cuáles son los términos", sostuvo.


Peticiones hechas por las pandillas

Algunas de ellas son condiciones básicas que deberían tener los penales:

Traslados
Han solicitado al gobierno que los miembros que ya suman siete años en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca sean trasladados a otras cárceles de menor nivel.

Enfermos
Piden que los reos de Zacatecoluca que tienen enfermedades graves o una discapacidad sean enviados a otros centros penitenciarios.

Remodelación
Que las celdas de castigo sean remodeladas, porque generan enfermedades físicas y psicológicas por la falta de ventilación.

Desmanteladas
Quieren que las bartolinas policiales donde algunos guardan detención provisional, conocidos como “penalitos”, sean desmantelados y que construyan instalaciones en buenas condiciones. 

Salud
Piden mejorar la salud, alimentación y educación en las cárceles. También que se apoye la creación de iglesias dentro de los penales. 

Visitas
Piden restablecer las visitas de sus familiares a centros penales y restablecer el movimiento en las cárceles.

Reinserción
Quieren programas de reinserción para los pandilleros fuera de prisión y tener acceso a programas de apoyo para empredimientos. También piden un cese al ataque de la Policía y el Ejército.

 

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