La voz de los ofendidos de El Mozote

Alas 9 de la mañana del 11 de diciembre de 1981, María del Rosario López Sánchez huyó de su casa del cantón La Joya, Meanguera, al norte de Morazán, para esconderse en “una abertura” del cerro El Perico. Lo hizo con su compañero de vida y tres hijos porque vio aparecer a un grupo de soldados que llegaron al caserío disparando. Tuvo miedo de que los militares la mataran. Lo cuenta 36 años después, este 19 de octubre.

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“Los demás miembros de mi familia que se quedaron en ese lugar murieron. Los ametralló el batallón Atlacatl”, continúa Rosario con su relato de lo que sabe de la masacre más grande que cometió el Ejército durante la guerra civil salvadoreña, bajo un operativo de tierra arrasada denominado Operación Rescate y que dejó el saldo de más de un millar de campesinos asesinados. El Gobierno ha reconocido 1,650 víctimas.Rosario está sentada esta mañana en el estrado de la sala de audiencias del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (departamento de Morazán). Está acá porque es una de los testigos que los acusadores particulares han presentado en el proceso penal contra 18 militares de alto rango, imputados por ser autores intelectuales de la masacre. Todos ocupaban las jefaturas de las instancias militares en ese entonces.

 

Rosario dice que regresó a los 15 días de donde se escondió para buscar a su familia. “Observé a muchos animales muertos y las casas quemadas. Continué buscando a mi mamá y demás familia. Vi a María Santos, una vecina que estaba con una niña muerta en la cama. La niña había nacido el 10 de diciembre y fue asesinada el 11”.

Rosario, que ahora tiene 60 años, está convencida de que esa matanza donde perdió a 24 miembros de su familia, incluidos sus padres, la perpetró el batallón Atlacatl porque junto a su vecina Santos encontró una “pañoleta verde que decía batallón Atlacatl”. Además, dice en su relato, vio pintados en las paredes de los masacrados dos letreros que decían “Aquí pasó el batallón Atlacatl y un niño muerto, un guerrillero menos”.

Luego de buscar por el caserío, Rosario encontró los cadáveres de su familia. Estaban juntos los 24: “Hallé a mi papá Ismael López, mi mamá Francisca Sánchez, mis hermanas Reynelda López y Priscila López, y de ahí todos eran sobrinos y cuñados y... ahí es donde le pido disculpas”, narra. María termina esa última línea entre lágrimas. Tienen que pasar 55 segundos, hasta tragarse el llanto, para poder continuar y decir: “No es fácil perder a toda la familia y después andar dando declaraciones”.

 

—En las últimas preguntas, doña Rosario, ¿denunció usted esta masacre en los últimos años? –pregunta el fiscal.

—No, por miedo.

—¿Cómo le ha afectado esto en su vida, doña Rosario? –insiste el fiscal

—Me ha afectado demasiado y ando pruebas.

Las palabras de María del Rosario López Sánchez que resuenan en el altavoz del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, las ha escuchado también el exjefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña Juan Rafael Bustillo.

Es la primera vez que el general Bustillo encara a las víctimas de la masacre de El Mozote. Lo hace sentado en el espacio dedicado para las visitas en la sala de audiencia, porque decidió quedarse, después de ser acusado de asesinato, violaciones y otros siete delitos como autor intelectual de la masacre. Se quedó a oír el relato de los ofendidos, tal como se le llama a las víctimas en el Código Penal de 1973, normativa con la que se juzga este caso.

La presencia de Bustillo en la sala provocó, minutos antes del testimonio de Rosario, un desacuerdo entre las partes. Los acusadores particulares y el representante de la Fiscalía se acercaron al juez, junto con el grupo de defensores de los exjefes militares, para pedirle que ordenara la salida del general y que Rosario pudiera dar su declaración sin ninguna presión.

Dos hijos del general Bustillo, que acompañan a quien fuera jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1989 a la intimación de los cargos en su contra, califican la petición de los acusadores como “un show”.

El general permanece sentado, de brazos cruzados. Impávido. Los defensores regresan a sus asientos con una risa burlona tras enterarse de que el juez ha otorgado 15 minutos para que Rosario pueda reunirse con un psicólogo.

Mientras dura la discusión, Rosario clava la mirada en el general. “No era rabia lo que sentía”, dice después a este periódico, “era de tristeza por lo que hicieron con los niños, con mi familia”.

Agrega que el psicólogo le ofreció estar sentado a su lado para darle apoyo durante su declaración. “No es necesario, uno tiene que ser fuerte. Valiente. Pero duele”, reconoce.

Lisandro Quintanilla, quien comanda al grupo de defensores de los militares, se une a la charla de los abogados para soltar una frase:

—¿Saben lo que vamos a hacer?, vamos a traerlos a todos (a los exjefes militares acusados por la masacre). Hay que traerlos a todos y uniformados de fatiga.

Los defensores celebran con risas la ocurrencia de Quintanilla.

—Que venga un general siempre –agrega Bustillo.

Además de Rosario, este 19 de octubre también declara otra mujer: María Margarita Chicas de Argueta, de 62 años. Ella le cuenta al juez, a preguntas de los acusadores, cómo el coronel Domingo Monterrosa llegó el 8 de diciembre de 1981 al centro urbano de Arambala (también en Morazán) para asesinar a siete hombres, entre ellos a su esposo.

—¿Cómo sabe que era el coronel Monterrosa? –dice David Morales, el acusador particul.

—Porque él dio su nombre y se presentó. Dijo que lo habían mandado a sanear el pueblo, a arrasar con todo –contesta.

A Margarita se le llenan los ojos de lágrimas al recordar que no pudo enterrar a su esposo porque “estaba muy mal”. Por eso, asegura, les dijo a los soldados “llévenme, ya no quiero vivir”.

El general en el banquillo de los acusados

La audiencia inicia con la notificación que le hizo el juez Jorge Guzmán Urquilla al general Bustillo. Le dice que es acusado de asesinato, violación agravada, privación de libertad, violación de morada, robo, daños agravados, estragos, terrorismo y actos preparatorios de terrorismo.

“La acusación se motiva a raíz de que cuando sucedieron estos hechos usted ocupaba la comandancia de la Fuerza Aérea de nuestro país. Se dijo en la lectura de los hechos de que estos operativos fueron precedidos por bombarderos ejecutados por la tropa aérea”, le aclara el juzgador a Bustillo quien permanece serio, de brazos cruzados y acompañado de una copia del informe de la Comisión de la Verdad como defensa.

—Le consulto, general Juan Rafael Bustillo, ¿ha entendido usted los derechos que se le han informado?

—Mire, señor juez, yo quería un punto sobre este caso...

—Permítame, mi general, permítame un momento.

—¿No puedo explicar todavía?

—Por ahora solo quisiera saber si usted ha entendido los derechos que se le han informado.

—Bueno, yo lo he entendido, los he entendido...

—Bien, bien. Entonces posteriormente yo le voy a conceder la palabra para que usted se pueda pronunciar.

—También se le informó que uno de sus derechos es declarar en su calidad de imputado. General Juan Rafael Bustillo Toledo, ¿desea usted en este proceso brindar su declaración?

—Sí, afirmativo.

—Entonces este tribunal señalará día y hora para que usted pueda brindar su declaración.

—Señor juez, yo como soy un poco entendedor de las leyes no comprendo por qué en este momento no puedo declarar acerca de mi situación, sino que tengo que esperar. Me han leído todo, he escuchado toda la lectura de lo que aconteció en diciembre de 1981; pero, ¿yo no puedo hablar aquí en este momento?

—Ciertamente usted puede hacerlo general.

—¿Me puedo expresar?

—Permítame, vamos a ir por partes. Usted tiene derecho a rendir una declaración indagatoria; sin embargo, en este momento yo solo le consulto ese derecho, el tribunal se lo va a hacer valer en fecha posterior puesto que hoy solo fue señalada para darle a conocer los hechos y derechos que le asisten.

Acusadores particulares y el representante de la Fiscalía también piden que Bustillo hable, pero el defensor público nombrado para defender al general se opone: “He escuchado parte de los hechos. Esta no es carrera de caballos, todo tiene su tiempo y su proceso”.

“Lo cierto es que la declaración indagatoria es una decisión propia del imputado”, dice el juez. “Hasta lo he examinado como una exigencia de parte de él de querer pronunciarse. Es importante escucharlo”, remata Guzmán Urquilla.

—Mi defensor me ha recomendado que lo haga posteriormente –recapacita Bustillo. Luego firma la asistencia y decide quedarse a escuchar a Rosario.

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