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Las Palmas, sometida al silencio por el Barrio 18

Fiscalía determinó que pandilleros de esa zona participaron en robo en restaurante de colonia Escalón. Pandilla controla hasta parqueos.
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Comunidad.  La comunidad colinda con una quebrada y con la Zona Rosa, en San Salvador.

Comunidad. La comunidad colinda con una quebrada y con la Zona Rosa, en San Salvador.

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La comunidad Las Palmas, rodeada de bares, hoteles, casas de lujo y restaurantes en la exclusiva colonia San Benito, de San Salvador, ha sido reconocida como un bastión histórico de la pandilla Barrio 18 en el país. Las autoridades la han perfilado como uno de los centros de operaciones de dicha pandilla desde donde se decide el futuro de muchas vidas y negocios de la capital.

La comunidad tiene la forma de un rectángulo que colinda con una quebrada, donde el control de la clica 106 Gansters del Barrio 18 Revolucionarios es total. Una investigación policial iniciada en diciembre del año pasado demostró que esta estructura tiene el control de todo lo que sucede en la comunidad: de la venta de fruta, pupuserías, tiendas, de los parqueos, de las instalaciones de servicios y del cobro de la extorsión a restaurantes periféricos, a los cuales obligan a abandonar el local si se niegan a pagar.

"Nadie declara los delitos que cometen por el mismo temor y control que la pandilla ejerce sobre los residentes", describió el testigo clave Tauro, según la Fiscalía General de la República (FGR), al referirse a la situación de la comunidad.

La investigación presentada ante el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador apunta en total a 40 presuntos pandilleros, entre ellos tres cabecillas de la estructura, y también colaboradores como vigías, gatilleros (sicarios), vendedores de droga, responsables de retener dinero o de robar carros.

Las autoridades empezaron a introducirse en la comunidad luego de recibir información sobre un nuevo impuesto de la pandilla: los pandilleros le pidieron $10 a cada uno de los negocios de la zona, de manera urgente, a finales del año pasado.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron recabar información de tres informantes que han sido incluidos en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE). Tauro, Escorpión y Leo hablaron bajo el compromiso del Estado de resguardar su seguridad de manera especial. Ellos le contaron a las autoridades cómo la pandilla le daba una "calentada" (golpiza) a aquellos pequeños empresarios que no pagaban la extorsión, o cómo en época de tráfico en la alameda Manuel Enrique Araujo los conductores que entraban a la comunidad, pensando que la calle de acceso era una vía alterna hacia la avenida La Revolución, también recibían una golpiza.

Foto de LA PRENSA Marginalidad. La comunidad, que enfrenta graves problemas de pobreza, colinda con una zona exclusiva de San Salvador.

Según los testigos, el control y el sometimiento era tal que las compañías de servicios de telecomunicaciones tenían claro que debían pagar $5 por cada instalación, los vecinos sabían que debían darle $20 mensuales a la estructura por dejar sus carros parqueados frente a sus viviendas. La comunidad vivía a diario bajo vigilancia, y cualquier movimiento que desagradara a los delincuentes podía ser causa de un asesinato, según narraron los testigos.

El 4 de mayo de este año, cerca de la medianoche, uno de los testigos vio a un grupo de cuatro pandilleros que se hicieron pasar por policías y sacaron por la fuerza a Carlos Mauricio Alfredo Quintanilla, a quien metieron a un vehículo. La siguiente vez que supo de Carlos fue cuando leyó una noticia sobre el hallazgo de su cadáver en la autopista a Comalapa, en el departamento de La Paz.

La estructura de la pandilla en Las Palmas, según la investigación fiscal, funcionaba bajo el mando de tres "palabreros": el primero y máximo cabecilla identificado por la Fiscalía como Lisandro Alberto Martínez Aparicio, alias "Chato", quien se encuentra prófugo.

Según los testigos, "Chato" pasaba buena parte de su tiempo en una licorería de la comunidad, en donde se drogaba, por lo que a la falta de su voz de mando, la dirección recaía a cargo de Kevin Noé Huezo Lovo, alias "Tun", y de Éver Manuel Garita Guillén, alias "Slow". Ninguno de los tres ha sido capturado hasta la fecha.

Los testigos afirmaron que bajo sus órdenes hubo al menos dos robos a mano armada en restaurantes el año pasado, entre ellos uno al restaurante La Quinta, en la colonia Escalón. Uno de los testigos vio cómo esa noche los pandilleros corrieron en la comunidad para ocultar las carteras y los demás artículos robados.

A pesar de los robos y de las extorsiones, la Fiscalía todavía no ha establecido hacia dónde canalizaba el dinero el Barrio 18. En la investigación, lo único que consta es el nombre de las personas que guardaban el dinero y el perfil de Óscar Vladimir García Guzmán, quien, según la FGR, administraba una panadería de la pandilla.

Óscar René Monjarás Pinto, alias "Spanky", fue deportado desde Estados Unidos y llegó a la comunidad Las Palmas hace aproximadamente un año, según uno de los testigos. Monjarás Pinto es reconocido entre los pandilleros como un líder histórico. El respeto ganado en esa estructura se lo debe a que fue palabrero de dicha pandilla antes de que César Daniel Renderos Díaz, alias "el Muerto de Las Palmas", asumiera el control de esta.

"El Muerto" es un personaje que ganó relevancia en el país por ser el autor intelectual de una de las primeras masacres a manos de la pandilla en junio de 2006, cuando fueron acribilladas cinco personas en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Entre las personas asesinadas ese día estaba una menor de 15 años que, según la Fiscalía, fue objetivo de la pandilla porque presenció un delito en la comunidad Las Palmas.

En el Juzgado Especializado de Instrucción A también está siendo procesada, aunque prófuga, Ana Luisa Pérez Berríos, alias "Coyota", a quien los testigos señalan como la pareja del "Muerto". Según la investigación, ella se encargaba de resguardar parte del dinero recogido por los miembros de la pandilla. El tribunal ordenó ayer detención provisional para los 40 vinculados a la estructura.

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